BUENOS AIRES – Multimillonarios dueños de medios hay en casi todos los países. Siempre hubo, pero es una tendencia que crece a nivel mundial. Mientras sobran los que anuncian que los medios tradicionales son parte del pasado, los expertos en multiplicar fortunas los compran. Y no para hacer beneficencia. Sin embargo, la posibilidad de intervenir sobre las líneas editoriales de sus medios no es la misma en todos los países.
Como dice el politólogo Rasmus Kleis Nielsen, en el siglo pasado los medios combinaron poder de influencia y éxito comercial. Hoy eso ya no sucede: las noticias siguen teniendo el mismo valor social y político, pero el éxito comercial parece, cada vez más, una cuestión del pasado.
Eso favorece la compra de medios por parte de magnates de otras actividades, ya que el gran beneficio no está en el balance contable (que a veces incluso es deficitario), sino en el poder de influencia y en la capacidad de lobby. Un negocio que permite y resguarda otros negocios y donde el periodismo importa cada vez menos.
Aun así, el poder de intervención de los dueños sobre los medios no depende solo de su billetera, sino también de sus márgenes de maniobra e impunidad. Y ahí son fundamentales los límites que pone el periodismo como colectivo para resguardar sus prácticas. El periodismo suele movilizarse por condiciones salariales y laborales, pero esa articulación no siempre está presente para disputar condiciones editoriales.
A diferencia de lo que se suele creer, el periodismo no es una profesión liberal. Por el contrario, como señala el sociólogo Cyril Lemieux, está a mitad de camino entre un trabajo industrial y un trabajo artesanal. En ese sentido, siempre se consideró que para que el periodismo gane autonomía es clave resguardar la distinción entre la parte informativa y la parte empresarial.
Justamente ahí es donde están varios de los principales desafíos hoy. La experiencia internacional de las últimas semanas da algunos ejemplos de la pelea de los colectivos periodísticos por cuidar sus prácticas y limitar el poder de los dueños.
En Perú, los cambios radicales en la línea editorial de los canales de América TV (abierta) y Canal N (pago) para favorecer la candidatura presidencial de Keiko Fujimori por sobre la de Pedro Castillo generaron movimientos.
Esos medios, controlados mayoritariamente por el Grupo El Comercio (el más importante del país), echaron a su directora periodística y la reemplazaron por un director encargado de alinear los medios con la candidata. Luego de una disputa por el marcado sesgo, que incluyó la transmisión del cierre de campaña de Fujimori y no el de Castillo, también fueron despedidos dos productores periodísticos.
Hasta ahí, una nueva demostración del poder de los dueños y de los gerentes que cumplen sus órdenes.
Sin embargo, también hay demostraciones de parte del periodismo peruano para limitar sus alcances. Ocho periodistas renunciaron a esos medios en contra de la parcialidad y en protesta por cambios que chocan con “el derecho a la información y la ética periodística”.
En el mismo sentido, 200 periodistas firmaron una carta pública denunciando que se busca “manipular hechos en beneficio de intereses absolutamente ajenos al oficio periodístico”.
A la vez, el Grupo La República (accionista minoritario de los canales) presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. Se trata de un organismo independiente de autorregulación periodística, que permite resguardar las buenas prácticas del oficio y trazar fronteras con las que no lo son.
El Tribunal encontró falta de equidad en la cobertura y omisión de contenidos relevantes para favorecer una candidatura. Resolvió que los canales “han vulnerado la ética periodística” y los obligó a difundir el fallo en sus medios.
En Francia, los límites entre la voluntad de los propietarios de medios y la libertad de los periodistas también están en agenda.
El detonante fue la censura de una columna en la radio Europe 1. La comediante Christine Berrou iba a hacer un chiste sobre Éric Zemmour, estrella televisiva y referente de la extrema derecha, que es un protegido del nuevo accionista mayoritario de la radio: el magnate Vincent Bolloré.
Zemmour es reconocido por sus provocaciones públicas –a fines de junio dijo que el fascismo y el nazismo fueron de izquierda- y es una figura central de la política francesa, al punto que se lo nombra como posible candidato presidencial en lugar de Marine Le Pen.
Tras la censura, la comediante renunció y la redacción de Europe 1 se declaró, por primera vez en 60 años, en huelga durante seis días para defender la libertad informativa y pronunciarse en contra de la conversión de la radio en un “medio de opinión” que transmite discursos de odio.
La protesta es apoyada por el Sindicato Nacional de Periodistas, que recuerda también la intervención previa sobre la línea editorial en otros medios de Bolloré como Canal+.
Un grupo de 64 experiodistas de la estación firmaron una carta diciendo que la historia de pluralismo de la radio está en riesgo.
Los reclamos gremiales aparecen en la mayoría de los medios: comunicar sobre la situación de colegas también hace a la libertad editorial de los periodistas y al resguardo de sus prácticas profesionales.
Los cambios en la redacción continúan y se prevé la salida de varios de los periodistas, pero el conflicto está en el debate público: el atropello de las prácticas profesionales es algo por lo que movilizarse.
Entonces, ante el avance cada vez más marcado y más impune de los dueños sobre las prácticas editoriales, ¿hay formas efectivas de resguardar el periodismo? Se trata de una relación desigual, aunque en cada país los actores cuentan con diferentes herramientas para dar la pelea.
Perú y Francia muestran caminos de disputa pública por definir qué es ser periodista hoy e intentos por limitar la intervención sobre su trabajo. Cuando los periodistas tienen una voz colectiva, hacen el intento de trazar fronteras con lo que resulta inadmisible.
Buscan aumentar su margen artesanal por sobre una fábrica informativa cada vez más intervenida y dirigida.
Sin embargo, nada garantiza que la renuncia de periodistas mejore esos medios. Por el contrario, la mediación cotidiana que hacían desde adentro de las redacciones puede extinguirse: los que protestaron se van, los que aceptaron las nuevas condiciones de juego se quedan.
En plena pandemia, la renuncia de la reconocida periodista científica Nora Bar de La Nación en Argentina exhibe el rol cada vez más marginal que tiene el periodismo en ciertas empresas periodísticas.
Leer esa salida como una decisión individual es pasar por alto los cambios en los contenidos de ese medio y las modificaciones más generales de los medios tradicionales en Argentina, donde la editorialización triunfa sobre el reporteo hace años.
Si lo que se movilizan son pareceres, la información es menos necesaria. Si lo que importa es la opinión antes que los hechos, la intervención de los dueños puede ser más directa.
Quizás el dilema hoy pasa por preguntarse cuánta intervención es posible sin que el trabajo periodístico se transforme en el trabajo de cualquier fábrica.
En ese terreno, la respuesta puede tomar distintas formas. Lo que sí está claro es que si los periodistas como colectivo no pelean por sus prácticas profesionales, los dueños de los medios no se van a limitar a sí mismos.
Este artículo se publicó originalmente en Cosecha Roja, una red de información, intercambio y formación de América Latina.
RV: EG
