GINEBRA – Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas advirtieron que Chile debe “detener de inmediato” la expulsión colectiva de migrantes, como ha hecho con colombianos y venezolanos, porque esas personas tienen derecho a una evaluación individual de sus casos.
Las deportaciones de migrantes “no se pueden llevar a cabo de manera sumaria, sino que requieren una evaluación individual, caso por caso, de sus necesidades de protección internacional”, señaló el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales.
Esa evaluación individual “debe tener en cuenta las consideraciones humanitarias de arraigo, vínculos familiares u otras que puedan existir”, agregó González Morales, profesor de leyes en Chile y quien también fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde el pasado febrero Chile ha expulsado a cientos de migrantes sin previamente realizar una evaluación individual auténtica de la situación de cada persona y sin poder solicitar protección de acuerdo con las normas internacionales admitidas sobre los derechos humanos y de los refugiados, se recordó.
El último de estos incidentes data del 25 de abril y fueron afectados 55 migrantes procedentes de Venezuela, expulsados colectivamente desde el aeropuerto de la ciudad de Iquique, al norte del país.
Antes de ser expulsados, muchos de los venezolanos permanecieron detenidos, en régimen de incomunicación y sin acceso a asistencia legal.
“En ausencia de una evaluación individual de las necesidades de protección y del riesgo de daños irreparables de cada migrante antes de su deportación, aumenta el riesgo de que se produzcan nuevas violaciones de los derechos humanos, incluida la del principio de no devolución», explicó González Morales.
El principio, que recoge entre otros textos la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, se aplica a cualquier tipo de expulsión, independientemente de la nacionalidad o la situación migratoria de las personas, indicó el experto.
“La detención por causas de inmigración solo puede justificarse excepcionalmente como medida de último recurso, durante el período más corto posible, y debe ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad en función de las circunstancias individuales de cada caso”, agregó González Morales.
Para el experto es “indispensable que se cumpla con las garantías del debido proceso” y que se garantice a los migrantes disponer de acceso efectivo a la justicia “para presentar sus reclamos contra una orden de deportación”
Adicionalmente debe permitírseles permanecer en el país “mientras se resuelve el fundamento de estos reclamos”.
La exposición de González Morales fue apoyada por el grupo de trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria, que preside la australiana Leigh Toomey, y por el suizo Nils Melzer, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Otro mecanismo del sistema de Naciones Unidas, el Comité de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias ha criticado la expulsión de centenares de personas desde Chile de modo colectivo, y reclamado que se proceda a una consideración individual de los casos.
El comité además ha pedido a los gobiernos considerar una suspensión temporal de las deportaciones o devoluciones forzadas en el contexto de la pandemia covid-19, “ya que sin las debidas precauciones de salud y seguridad, se puede poner en peligro a los migrantes”.
Los migrantes venezolanos son los más numerosos en Chile, alrededor de 457 000, seguidos por las colonias de peruanos, haitianos y colombianos.
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