Ha pasado casi un año desde que comenzaron las manifestaciones en Malí, en los que murieron 18 personas, entre ellas un niño de 12 años. Pero las familias de los muertos y los cientos de heridos por fuerzas militares y policiales durante las protestas que se extendieron entre mayo y agosto de 2020 siguen sin obtener reparación y justicia.
Este viernes 23 de abril, Amnistía Internacional (AI) hizo públicas las conclusiones de una investigación sobre la crisis de derechos humanos de aquellos meses, en un informe con el título de «¿Muertos, heridos y olvidados? Rendición de cuentas por los homicidios durante las manifestaciones y el golpe de Estado en Malí”.
Tras realizar entrevistas sobre el terreno y a distancia a familiares de las víctimas fallecidas y a las personas heridas, representantes de la sociedad civil, periodistas y miembros del Poder Judicial, el informe describe el uso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas Armadas en la capital, Bamako, y en las ciudades de Kayes y Sikasso.
Los militares tomaron el poder el 19 de agosto de 2020 tras obligar a dimitir al presidente Ibrahim Boubacar Keita, en un golpe que comenzó con un motín un día antes. Fue el cuarto golpe de Estado en este país de África occidental desde su independencia en 1960 y el segundo en una década.
Su dimisión se produjo tras meses de protestas de la oposición en la capital, iniciadas en mayo, y los militares golpistas crearon un Comité Nacional para la Salvación del Pueblo.
La comunidad internacional denunció enérgicamente la forzada destitución, y los militares prometieron supervisar una transición hacia nuevas elecciones y escoger un líder civil interino.
Los militares cumplieron parcialmente esos llamados, al nombrar como presidente interino el 25 de septiembre a Ba N’Daou, un antiguo militar reconvertido en político, mientras en diciembre se instituyó un Consejo Nacional de Transición, que reemplazó al Comité Nacional de los golpistas, formalmente disuelto en enero de 2021.
Además, se estableció la celebración de elecciones en 2022.
Según Amnistía Internacional, las investigaciones revelaron que 18 personas murieron y decenas resultaron heridas, a pesar de que los militares afirmaron que el golpe fue incruento. La organización afirma que la falta de rendición de cuentas es preocupante.
“Muchas víctimas fueron golpeadas o heridas en el pecho, a veces en la espalda. Muchas eran transeúntes o personas que estaban en el trabajo o en su vivienda, lo que indica que las fuerzas de seguridad no dispararon en defensa propia o en respuesta a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, lo que contraviene las normas internacionales”, asegura AI en el informe.
El documento enumera varios casos de disparos mortales efectuados por las fuerzas de seguridad, respaldados por testimonios de testigos y declaraciones de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (Minusma). Entre ellos, el asesinato de un hombre el 6 de mayo en la ciudad de Sikasso, en el sur de Malí.
“Pese a ello, las autoridades no han investigado el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas del orden contra los manifestantes en Sikasso, dejando a las familias de los fallecidos sin justicia, verdad y reparación», señala el informe de AI.
Cinco días después del incidente de Sikasso, las violentas protestas contra las muertes provocadas por la policía, aumentó el derramamiento de sangre. Según el informe, un agente de policía fuera de servicio disparó a un joven de 17 años que huía de su detención.
Añade que, aunque el agente fue suspendido, la muerte del adolescente provocó protestas generalizadas, con turbas enfurecidas que atacaron comisarías y edificios gubernamentales. Afirma que la policía disparó balas reales contra la multitud, dejando muertos a un hombre de 30 años y a un niño de 12.
El informe de Amnistía afirma que la falta de rendición de cuentas por las muertes a manos de la policía desencadenó levantamientos en otras zonas de Malí, y añade que, en la capital, las protestas de julio, que se volvieron violentas, fueron «fuertemente reprimidas por las autoridades», y que efectivos de las Fuerzas Armadas dispararon contra multitudes de manifestantes, causando cuatro muertos y decenas de heridos.
Aunque algunos manifestantes arrojaron piedras a las fuerzas de seguridad, ocuparon edificios públicos y, en ocasiones, se negaron a cumplir las órdenes dadas por las fuerzas del orden, de los casos documentados por Amnistía Internacional se desprende claramente que “la mayoría de las muertes y lesiones graves fueron consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad», señala el informe.
Los manifestantes se movilizaron en las calles por numerosos reclamos. Había ira por los resultados de las elecciones parlamentarias, las estrictas medidas en respuesta a la pandemia de covid-19, incluidas las restricciones a la libertad de circulación y de reunión pacífica, el elevado desempleo, la seguridad y los agravios sociales.
Sin embargo, entre transeúntes que no participaban en las protestas, también se produjeron víctimas, como Ibrahim Traore, un joven de 16 años, que, según el informe, recibió dos disparos de la policía. Su hermano dijo a Amnistía Internacional que se le negó una copia del informe de la autopsia de Traore.
La organización internacional de derechos humanos afirma que se esforzó por garantizar que podía poner un nombre y un rostro a las víctimas, para que no fueran olvidadas.
Subraya que, a pesar de los progresos realizados, no se ha producido una rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables.
Añade que se les ha informado de que se han abierto investigaciones sobre el uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, pero que en el momento de concluir las averiguaciones en el terreno para el reporte publicado ahora, febrero de 2021, esas pesquisas oficiales estaban en fase preliminar.
Amnistía afirma que ha llegado el momento de la precisión y la rendición de cuentas.
Pide a las autoridades de transición de Malí que garanticen la investigación imparcial y rápida de los casos de uso excesivo y letal de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.
También demanda la protección de las libertades de expresión y reunión de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y que se garantice que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley respeten los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego por parte de los agentes del orden.
“Las autoridades malienses deben mostrar su determinación de luchar contra la impunidad reconociendo primero estos asesinatos. Las víctimas del uso ilegal de la fuerza y de las armas de fuego, así como sus familias, deben recibir justicia, verdad y una reparación completa», concluye Amnistía Internacional.
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