Una alianza entre empresarios y líderes legislativos trata de soslayar el obstáculo que representa el presidente Jair Bolsonaro a cualquier atisbo de una gestión racional de la covid-19, tras más de 300 000 muertos y el caos sanitario que se ha enseñoreado de Brasil.
Un “pacto nacional”, a concretarse en la creación de un comité de crisis, compuesto de legisladores y autoridades ejecutivas, fue acordado en una reunión en Brasilia, este miércoles 24, entre representantes de los tres poderes constitucionales, ministros y algunos gobernadores de estados.
Se trata de un nuevo intento de superar el combate a la pandemia con alguna posibilidad de éxito. Para eso el legislativo y bicameral Congreso Nacional asume un protagonismo estimulado por líderes empresariales, que busca compensar la inoperancia del Poder Ejecutivo central en sus confrontaciones con los gobiernos locales.
Un parlamentarismo sectorial, con respaldo empresarial, intentará inyectar alguna eficacia en la contención de la pandemia en el presidencialismo militar que gobierna Brasil, ya que el presidente y nueve de sus 23 ministros son de origen castrense.
El “liderazgo político” en el comité será del presidente de la República y el “liderazgo técnico” del Ministerio de Salud, con la participación de estados y municipios, concedió el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, el principal articulador del diálogo que no se había logrado en un año de crisis sanitaria.
Pero el senador, elegido con apoyo de Bolsonaro para presidir la Cámara Alta desde febrero, operará como una especie de primer ministro del combate a la pandemia, ya que coordinará los esfuerzos de los gobiernos de estados y municipios, que hasta ahora habían sido saboteados en buena parte por el presidente de extrema derecha.
Bolsonaro, por ejemplo, requirió al Supremo Tribunal Federal (STF) la anulación de decretos de los gobiernos de dos estados y del Distrito Federal que impusieron el toque de queda nocturno y el cierre de algunos servicios no esenciales, medidas adoptadas en muchos lugares como forma de contener el contagio del coronavirus.
En un mensaje por redes sociales, el gobernante dijo que el toque de queda es una medida que solo puede adoptar el presidente. En realidad hay leyes que conceden esa prerrogativa a las autoridades locales, en casos como la pandemia, de riesgos elocuentes para la población.
En la práctica, son esos gobiernos locales que enfrentan la crisis sanitaria en Brasil, en condiciones adversas, al tener que intentar neutralizar, además, las prédicas contrarias del presidente que estimulan protestas de comerciantes y los activistas más radicales del bolsonarismo.
Esas protestas se tradujeron, por ejemplo, en la apertura del comercio en Manaus, la capital del norteño estado de Amazonas, que el gobierno local pretendía cerrar parcialmente en las fiestas de fin de año. La consecuencia fue un brote de covid que mató a centenares de personas por el colapso de los hospitales y la dramática falta de oxígeno para los enfermos.
La iniciativa de diálogo y de concertación de los esfuerzos a nivel nacional, por medio del comité de crisis, ocurre un día después de la investidura del nuevo ministro de Salud, el cardiólogo Marcelo Queiroga, que asume la misión maniatado por la crisis heredada y por las idiosincrasias de su jefe, un excapitán del Ejército.
Bolsonaro destituyó un ministro de Salud y forzó la renuncia de otro, en los tres primeros meses de la pandemia en Brasil, porque discrepaban de sus creencias. El tercero, el general Eduardo Pazuello, acumuló fracasos en sus 10 meses de gestión, en buena parte por seguir las creencias del excapitán, y perdió toda credibilidad.
El nuevo ministro empieza cuando el país sumaba 301 087 muertos por covid el miércoles 24, según datos del consorcio de medios de comunicación. Ese total solo es superado por Estados Unidos, con 545 237, según el mapa mundial de contagios y decesos de la Universidad John Hopkins.
El promedio diario de decesos es de 2279 en los siete últimos días, 34 por ciento superior al de los 14 días precedente, una tendencia que se mantiene desde febrero e incitó a los empresarios y los legisladores a asumir el protagonismo de las medidas.
Un grupo de 500 grandes empresarios, banqueros y economistas divulgó el 21 de marzo una carta abierta que reclama medidas eficaces contra la pandemia al gobierno de Bolsonaro, especialmente una vacunación más rápida de la población. En tan solo dos días, esas firmas iniciales se triplicaron.
Los empresarios se reunieron varias veces con los presidentes del Senado, Rodrigo Pacheco, y de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, en las últimas semanas, para concertar acciones tanto para evitar el colapso total de los servicios de salud como para presionar al gobierno a corregir sus rumbos.
Además de la mortandad, hay largas filas en los hospitales de miles de enfermos que esperan poder ser internados o ingresar a las unidades de cuidados intensivos, mientras decenas de ciudades sufren la amenaza de quedarse sin oxígeno -como pasó en Manaus en enero-, además de escasez de insumos y medicamentos para cuidados intensivos.
Algunas empresas reconvirtieron sus plantas industriales para producir oxígeno. Otras pusieron sus camiones para transportar insumos y equipos a los hospitales. Una idea es importar respiradores mecánicos usados que sobran en países donde se redujeron los casos de covid, como Estados Unidos.
Los legisladores intentan importar vacunas. Pacheco le pidió a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, también presidenta del Senado, ayuda para que parte de las vacunas no aprovechadas en su país sean destinadas a Brasil, que sufre la escasez de dosis de inmunización.
Hay informaciones de que Estados Unidos posee 30 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca /Oxford, sin perspectivas de uso interno.
El movimiento empresarial, que reúne socios de los grandes bancos privados, líderes industriales, exministros de Hacienda y expresidentes o exdirectores del Banco Central, sacudió el gobierno brasileño porque significa una casi rebelión de uno de sus principales sostenes: el llamado “mercado”.
Además logró la adhesión de los presidentes de las dos cámaras legislativas, elegidos con el apoyo de Bolsonaro y que también se alzaron contra los desmanes presidenciales y de algunos ministros en su gestión de la pandemia.
El intento de concertación en el comité de combate a la covid-19 tiende a ser el último intento de solución negociada, que difícilmente tendrá éxito, al crear una estructura paralela de gestión, con el presidente del Senado en la coordinación de los estados, mientras un nuevo titular trata de restablecer el rol conductor del Ministerio de Salud.
Además Bolsonaro no renunció al liderazgo y a promover sus creencias. Insistió en el “tratamiento precoz” al anunciar la creación del comité de la crisis. Se trata de un conjunto de medicamentos sin eficacia contra la covid-19, pero cuyo uso se generalizó en Brasil por recomendación de algunos médicos y charlatanes, y del propio presidente.
Esa insistencia de Bolsonaro limita al nuevo ministro de Salud y persiste cuando surgen las primeras noticias de que esos medicamentos, especialmente la ivermectina, un antiparasitario, provocó varios casos de hepatitis medicamentosa, con algunas muertes o la necesidad del trasplante de hígado.
La Asociación Médica Brasileña y otras 80 asociaciones científicas divulgaron el martes 23 un comunicado que descarta cualquier eficacia de la cloroquina, ivermectina y otros fármacos en el tratamiento o prevención de la covid-19 y demandaron su abolición.
La paciencia de Lira parece estar cerca de agotarse.
En un discurso ante los diputados, luego de la reunión que creó el comité para enfrentar la pandemia, tildó de “errores primarios” las acciones y omisiones del gobierno que provocaron el incremento de las muertes por covid y amenazó con aplicar los “los remedios” en manos del Poder Legislativo, “todos amargos y algunos fatales”.
Para Bolsonaro eso significa la inhabilitación. Al presidente de la Cámara de Diputados le toca decidir sobre los pedidos de enjuiciamiento político de mandatarios. En su mesa hay más de 60 propuestas contra el gobernante, que él puede acoger cuando considere conveniente.
Pero Lira apuntó a otros culpables. Defenestrado el general Pazuello, su próximo blanco es el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, cuya destitución es un reclamo casi de consenso entre los diputados, senadores y empresarios exportadores.
Por sus acusaciones contra China, como comunista y origen del coronavirus, diatribas con las Naciones Unidas y Europa, además de su obsecuente sumisión al expresidente estadounidense Donald Trump, el canciller provocó numerosos roces y un descrédito de Brasil que dificulta la obtención de vacunas e insumos médicos, al mismo tiempo que amenaza las exportaciones brasileñas.
ED: EG
