Brasil, un país con un exceso de farmacias visible en sus calles, enfrenta la pandemia de covid-19 con algunos factores culturales negativos, además de un gobierno negacionista.
Es frecuente, en algunas ciudades, la existencia de tres o cuatro droguerías en un pequeño tramo de una calle. Brasil tenía 88 970 establecimientos privados para venta de medicinas en 2019, es decir uno para cada 2360 habitantes, sin contar otros 26 140 expendios en otras instalaciones, como hospitales y centros públicos de salud, según el Consejo Federal de Farmacia.
La automedicación es un hábito generalizado en Brasil, pese a sus riesgos. Creer en milagros y seguir recomendaciones de curanderos son otros vicios en materia de salud entre los 211 millones de habitantes del país. La pandemia de covid-19 se reveló como un trance propicio para exacerbar esos comportamientos.
Esa propensión a medicarse por sugerencia de amigos o simples conocidos contribuyó al éxito del presidente Jair Bolsonaro y su gobierno de extrema derecha en diseminar el llamado “tratamiento precoz” para la covid, con medicamentos utilizados para otros fines.
Ese supuesto tratamiento, no reconocido por la mayoría de la comunidad médica, se hace con un kit que comprende desde la cloroquina, una medicación para la malaria y el lupus eritomatoso, el antiparásito ivermectina y el antibiótico azitromicina, hasta la dexametasona (un corticoide), anticoagulantes, zinc y vitaminas.
Son apuntados para tratar al inicio de los síntomas pero también como preventivos. Si no cura, tampoco hace daño, arguyen los promotores del “kit covid”, entre ellos el mismo ministro de Salud, el general en activo Eduardo Pazuello.
Pero sí hay riesgos y por eso varios de esos productos son controlados y vendidos solo con receta médica. Los peligros son obvios en el caso del corticoide, muy peligroso para los diabéticos, y del anticoagulante que puede provocar hemorragias.
La cloroquina y su versión más procesada, a hidrocloroquina, tienen como posible efecto colateral la arritmia cardíaca.
Aun así esos medicamentos son prescritos o distribuidos, en conjunto o separados, por médicos y dirigentes políticos en todo el Brasil.
Ante las acciones judiciales y del Tribunal de Cuentas de la Unión, órgano legislativo de control de los gastos públicos, el ministro de Salud y otras autoridades, a excepción del presidente Bolsonaro, niegan haber recomendado tal medicación, sino que dejan a los médicos la decisión de hacerlo o no.
Temen ser enjuiciados por charlatanería, que el Código Penal brasileño castiga con penas de tres meses a un año de cárcel, además de multas.
Abundantes declaraciones y documentos, sin embargo, demuestran el delito. El general Pazuello fue nombrado ministro en mayo de 2020 exactamente para difundir el uso de cloroquina. Su antecesor, el médico Nelson Teich, se negó a hacerlo y debió renunciar ante la presión del presidente.
Son muchos los médicos que ya denunciaron amenazas a sus vidas por negarse a prescribir esos medicamentos sin eficacia contra la covid, según el consenso científico, salvo algunas excepciones basadas en estudios sin validez.
Muchos alcaldes se reeligieron en noviembre de 2020 distribuyendo algunos de esos productos “milagrosos” durante la campaña.
Porto Feliz, una ciudad de 53 000 habitantes a 120 kilómetros de São Paulo, aparece como un ejemplo exitoso para los defensores del “tratamiento precoz” que habría sido el factor decisivo para la reelección del alcalde, Cássio Prado, con 92 por ciento de los votos.
Sus propulsores aseguraban que gracias a ese tratamiento no había muertos por covid en la ciudad. Luego, ante los datos irrefutables, admitieron que sí existían muertos, pero que eran enfermos que no tomaron hidroxicloroquina o eran ancianos con comorbilidades.
En realidad, la ciudad ya registró 31 muertes por la pandemia y sus datos no difieren de los registrados en ciudades vecinas, que no adoptaron la misma receta.
De todos modos el alcalde es uno de los numerosos médicos que siguen prescribiendo el “tratamiento precoz”, pese a los estudios en contra y los resultados de 11 meses de pandemia.
Manaus es la prueba viva de su ineficacia. Es probablemente la ciudad que más consume tales medicamentos y vive el brote más trágico de covid en Brasil, con el colapso de sus hospitales, muchas muertes por falta de oxígeno y el traslado de casi 500 de sus enfermos a otras ciudades brasileñas ante el desbordamiento de sus hospitales.
Con 2,2 millones de habitantes, la capital del norteño estado de Amazonas registraba 6046 muertes por el coronavirus hasta el jueves 4, con una tasa actual de 274 fallecidos por 100 000 habitantes, la mayor entre las capitales brasileñas, según datos oficiales.
Pese a tales datos, 34,7 por ciento de los 3882 médicos que participaron en una encuesta de la Asociación Médica Brasileña creen que la cloroquina es eficaz contra la covid. La mayoría, 28,2 por ciento, confía en su eficacia si el fármaco es suministrado en la fase inicial de la enfermedad.
Más crédito tiene la invermectina, de 41,4 por ciento de los entrevistados, que 15,3 por ciento cree en su eficacia preventiva y 24 por ciento en el tratamiento inicial.
Esos índices de respaldo, incoherentes con la condición de médicos, discrepan de la queja de 91,6 por ciento de ellos contra la desinformación, las presiones gubernamentales por medicación sin eficacia comprobada y la resistencia de los pacientes a sus recomendaciones.
Además, una gran mayoría sufre algún disturbio emocional o sicológico a causa de la tensión del trabajo, se queja de deficiencias en sus hospitales o centros de salud y solo 16,6 por ciento aprueba la gestión de la crisis sanitaria del Ministerio de Salud.
Es natural que en la población la confianza en la eficacia de los medicamentos rechazados por los estudios supere la de los médicos. Ese es uno de los factores que sostienen la popularidad de Bolsonaro por encima de 30 por ciento, pese a su trágica actitud hacia la pandemia.
El gobierno brasileño adoptó una estrategia deliberada de diseminación del coronavirus y obstrucción de las acciones locales, según una exhaustiva evaluación de las 3049 normas del gobierno brasileño relacionadas a la covid, realizada por el Centro de Estudios e Investigaciones de Derecho Sanitario (Cepedisa), vinculado a la Universidad de São Paulo, y la no gubernamental Conectas Derechos Humanos.
Además de negar la gravedad de la pandemia, rechazar las medidas de prevención y estimular aglomeraciones y actividades no esenciales, Bolsonaro menospreció las vacunas e intentó boicotear, sin éxito, la compra de la Coronavac china por el gobierno del estado de São Paulo, la que permitió iniciar la vacunación el 17 de enero.
Parece un suicidio político, pero el presidente mantiene más de 30 por ciento de apoyo a su gobierno, según las encuestas, y el 1 de febrero logró la elección de dos aliados a la presidencia del Senado y de la Cámara de Representantes, alejando así la posibilidad de sufrir un proceso parlamentario de inhabilitación.
Su negacionismo en relación a la covid y sus creencias medicinales no lo desacreditan ante una parte de la sociedad brasileña, cuyo apoyo o transigencia le permite seguir gobernando e incluso soñar con la reelección en 2022.
Ello pese a que este país sudamericano es el tercero del mundo, por detrás de Estados Unidos e India, en casos acumulados de covid, 9,4 millones, y con 229 000 muertes, según las cifras mundiales registradas este viernes 5 por la estadounidense Universidad John Hopkins.
ED: EG
