La oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y oenegés humanitarias expresaron su preocupación por recientes ataques y medidas coercitivas contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas en Venezuela.
Marta Hurtado, portavoz de la Acnudh, destacó el caso más reciente, el de Azul Positivo, una oenegé dedicada a trabajar con pacientes de VIH/sida y temas de salud sexual en el noroccidental estado de Zulia, y cuya sede en la capital regional, Maracaibo, fue allanada por efectivos militares y policiales el martes 12.
Cinco activistas de Azul Positivo quedaron tras las rejas y serán enjuiciados pues la Fiscalía los acusó de “manejo fraudulento de tarjeta (bancaria) inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales”.[pullquote]3[/pullquote]
La organización ha trabajado hasta ahora en alianza con la delegación en Venezuela de la Oficina de Coordinación Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha).
“Esta es la segunda vez en los últimos dos meses que se ha allanado la oficina de una organización no gubernamental humanitaria y se ha interrogado a su personal, supuestamente debido a la financiación recibida del exterior”, declaró Hurtado.
En diciembre de 2020 comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional allanaron la sede en Caracas de Convite, una organización dedicada a la atención, en particular la alimentación, de adultos mayores en situación de pobreza.
La Acnudh, dirigida por la expresidenta chilena (2006-2010 y 2014-2018) Michelle Bachelet, sostiene que “los Estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las organizaciones no gubernamentales de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales”.
Hurtado dijo que el de Azul Positivo es solo el último incidente dentro de “constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas en Venezuela”, una escalada por la que “estamos profundamente preocupados”.
Agregó que “es aún más desconcertante que estas incursiones estén acompañadas de declaraciones de funcionarios públicos que exhortan a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal”.
El vicepresidente del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, acusa púbicamente a una decena de oenegés de supuestamente encubrir el financiamiento desde el exterior a grupos opositores que procuran el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.
También periodistas y medios de comunicación, nacionales e internacionales, son blanco constante de críticas o invectivas por parte de funcionarios y dirigentes oficialistas, lo que sus gremios denuncian no solo como descalificación de su trabajo sino como factor de riesgo cuando deben realizar sus coberturas.
“Hay informes cada vez más preocupantes de que los periodistas se están censurando a sí mismos por miedo”, dijo Hurtado, por lo que “instamos a las autoridades a que dejen de acosar a personas por realizar un trabajo legítimo, ya sea en el sector humanitario, de derechos humanos, o en los medios de comunicación”.
El 8 d enero, la oficina nacional de recaudación de impuestos cerró las oficinas e incautó equipos de la televisora VPItv, basada en Miami pero dedicada a cubrir la situación venezolana, así como al centenario periódico Panorama, de Maracaibo.
También las organizaciones Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comisión Internacional de Juristas y Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, denunciaron en conjunto “las recientes campañas de estigmatización, hostigamientos y operativos contra medios de comunicación en Venezuela”.
“Constituyen una arremetida contra la libertad de expresión e información y atentan contra la importante contribución que estos medios realizan para darle visibilidad a las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades venezolanas”, indicó su texto.
Estos ataques, observaron las organizaciones, “se producen después de otros incidentes de hostigamiento a otras organizaciones, y pueden ser parte de una campaña más amplia contra la sociedad civil en Venezuela, en la que las autoridades atentan contra la labor de defensa de derechos humanos que realizan estos grupos”.
A-E/HM
