GINEBRA – Las instituciones estatales de Venezuela responsables de la represión, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas, expuso un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, de las Naciones Unidas, sobre el país sudamericano.
La socióloga peruana Sofía Macher, presidenta de la Misión, afirmó que “la reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”.
“Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible”, dijo Macher al presentar el informe este miércoles 16.
Los venezolanos “merecen cambios reales y significativos en materia de derechos humanos, no avances tentativos e incompletos”, agregó la jefa de la Misión, que actúa por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza de Ginebra.
En su informe y un documento de investigación complementario, la Misión examinó los acontecimientos ocurridos durante el último año y presentó conclusiones detalladas sobre las violaciones de derechos humanos que continúan produciéndose.
Además, ofreció su análisis, el más exhaustivo hasta la fecha, sobre años de graves abusos de derechos humanos cometidos por grupos civiles armados progubernamentales conocidos como colectivos, así como sobre los vínculos de dichos grupos con el Estado.
La Misión observó una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas asociadas, tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero de 2026 y la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, reemplazado por su vicepresidenta Delcy Rodríguez.
En el período posterior, las autoridades excarcelaron a cientos de personas detenidas por motivos políticos y permitieron un margen algo mayor para las protestas, las reuniones públicas y la participación de la sociedad civil.
En Caracas, la organización de derechos humanos Foro Penal indicó que, al 14 de septiembre, permanecían tras las rejas 344 personas detenidas por motivos políticos, de las cuales 200 son civiles y 144 militares. Hay 14 mujeres y 30 hombres.
Desde 2014 se produjeron 19 242 detenciones políticas en el país. De quienes estaban presos por esos motivos cuando el pasado febrero se dictó una ley de amnistía, 188 personas salieron en libertad plena y 582 con medidas cautelares.
La Misión sostiene que los cambios observados este año “no han ido acompañados de las reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida de la situación de los derechos humanos”.
Numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, y los amplios servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del país conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas.
“No se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los colectivos, que han sido una fuente permanente de intimidación y violencia a nivel comunitario”, señala el informe.
Los periodistas y otros actores de la sociedad civil “siguen enfrentando obstáculos en su labor cotidiana”, indica el documento.
Al menos 19 funcionarios previamente identificados por la Misión por su participación en graves violaciones “continúan ocupando, o han sido reasignados a, puestos clave, mientras que la impunidad por las violaciones de derechos humanos y los crímenes del pasado persiste”.
La Misión siguió documentando patrones de tortura y malos tratos contra personas detenidas por motivos políticos.
En el centro penitenciario de máxima seguridad El Rodeo I -a unos 30 kilómetros al este de Caracas- documentó prácticas que incluyen la intubación forzada y el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada conocida como la “máquina del tiempo”.
En Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar a unos 20 kilómetros al sureste de la capital, investigó el confinamiento de personas en celdas similares a fosas excavadas bajo el nivel del suelo, la exposición al frío, la privación de alimentos y otras prácticas degradantes.
La Misión investigó 64 nuevos casos de tortura solo después del 3 de enero, lo que indica que estas prácticas siguen siendo generalizadas.
También advirtió que cientos de personas continúan expuestas a condiciones de detención deplorables, con acceso severamente restringido a agua potable segura, alimentación adecuada, medicamentos y atención médica.
Concluyó que varios casos de muerte bajo custodia de personas detenidas por motivos políticos estuvieron relacionados con la falta de acceso a atención médica adecuada y con malos tratos.
Entre los casos investigados figura el de Víctor Quero Navas, vendedor ambulante que falleció bajo custodia mientras era víctima de desaparición forzada.
A pesar de su incansable búsqueda de respuestas, su madre Carmen Teresa Navas solo fue informada de su destino más de un año después de su detención y 10 meses después de su fallecimiento. La madre murió 10 días más tarde.
La abogada argentina María Eloisa Quintero, integrante de la Misión, dijo que “instamos a las autoridades estatales a adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas”.
“Venezuela también debería revertir su retirada del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y cooperar plenamente con la Corte y otros mecanismos internacionales de derechos humanos. Años de impunidad arraigada deben dar paso a la rendición de cuentas”, agregó Quintero.
Otro de los expertos, el canadiense Alex Neve, dijo que Estados Unidos -imbricado desde enero en los cambios políticos en Venezuela- y otros actores influyentes deben intensificar sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela.
“Al mismo tiempo, el contexto descrito en nuestros informes exige que los Estados continúen brindando protección internacional a los venezolanos que se encuentran fuera del país”, concluyó Neve.
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