Relatores especiales sobre derechos humanos de las Naciones Unidas demandaron al gobierno de Venezuela “planes para hacer frente a los devastadores efectos de la crisis económica” en el país suramericano, en un comunicado divulgado este miércoles 6.
En el documento solicitan a Estados Unidos “levantar de inmediato las sanciones que agravan el sufrimiento del pueblo venezolano”, aunque señalaron que “muchos de los problemas como escasez de alimentos, la hiperinflación o el creciente desempleo, precedieron a las restricciones comerciales” impuestas por Washington.
El documento fue suscrito por el relator especial sobre extrema pobreza, Olivier De Schutter, su colega sobre los derechos al agua y al saneamiento, Léo Heller, y la relatora sobre el derecho a la educación, Koumbou Boly Barry.
En Venezuela, de unos 29 millones de habitantes, 9,3 millones de personas están en situación de inseguridad alimentaria (insuficiente ingestión de alimentos), y de ellos 2,3 millones en grado severo, según el Programa Mundial de Alimentos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El país está en hiperinflación desde hace tres años. La inflación según el estatal Banco Central fue de 130 160 por ciento en 2018 y 9589 por ciento en 2019.
El sistema sanitario arrastra deficiencias al punto de que durante 2019, según la oenegé Médicos por la Salud, 63 por ciento de 40 grandes hospitales que vigila registraron fallas de electricidad, y 78 por ciento de suministro de agua.
Los hospitales “están reportando una escasez de suministros médicos, equipos de protección y medicamentos. Dado el grave impacto de la pandemia covid-19, esto es alarmante. El gobierno debería asegurar que la gente tenga el apoyo que necesita para practicar con seguridad el distanciamiento social”, dijeron los expertos.
El sistema educativo, antes de la cuarentena impuesta ante la covid-19 desde el 16 de marzo, perdió miles de maestros y muchos niños ya no asistían a la escuela porque no tienen energía por falta de comida en casa o porque no podían pagar el transporte, según registra la declaración producida en Ginebra.
Antes de esa cuarentena menudeaban las protestas callejeras por los malos servicios de electricidad, agua potable, gas para cocinar, escasez de gasolina, y los malos servicios de transporte y de salud.
De Venezuela, según las agencias de la ONU, han migrado en los últimos cinco años al menos 4,7 millones de personas, en su mayoría a países vecinos, buscando escapar del deterioro de las condiciones de vida en su país.
Para los expertos “no cabe duda de que el gobierno se enfrenta a numerosos desafíos en este momento, pero los derechos humanos no pueden quedar en suspenso y debe explicar inmediatamente cómo piensa apoyar a la gente. Muchos se encuentran al borde de la supervivencia”.
Recordaron que Washington congeló activos del Estado venezolano y bloquea sus transacciones petroleras –su principal fuente de ingresos – y financieras, además de prohibir el ingreso a su país de decenas de funcionarios, comenzando por el presidente Nicolás Maduro, al que además sindica de narcotráfico y otros delitos.
Para los relatores “especialmente a la luz de la pandemia del coronavirus, Estados Unidos debería levantar inmediatamente las sanciones generales, que están teniendo un grave impacto en los derechos humanos del pueblo venezolano”, aun cuando los elementos centrales de la crisis son anteriores esas sanciones.
Otro motivo de alarma para los relatores son los informes de que periodistas, abogados y trabajadores médicos han sufrido represalias e incluso han sido detenidos por plantear preocupaciones sobre las condiciones en el país.
“Cualquier persona detenida arbitrariamente debe ser liberada inmediatamente, y el gobierno debe investigar estas acusaciones”, señalaron.
Según la declaración “no cabe duda de que el gobierno se enfrenta a numerosos desafíos en este momento, pero los derechos humanos no pueden quedar en suspenso. Incluso en un momento como éste, el gobierno tiene la obligación de proteger los derechos básicos de las personas”.
Las agencias de Naciones Unidas y organizaciones como la Cruz Roja Internacional mantienen programas de ayuda humanitaria a Venezuela.
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