”Con esto de la pandemia, la globalización no cuenta. Los campesinos somos la salvación porque nosotros producimos la comida” dijo convencida Leticia Ramírez, presidenta del Consejo Regional Campesino de la región de Coquimbo, en el norte de Chile.
La dirigente subrayó a IPS el rol protagónico que ante la covid-19 juegan los alimentos producidos por la agricultura familiar campesina. Una sola cifra respalda su afirmación: en Chile las llamadas ferias libres, los mercados en las calles de productos frescos cultivados por esos agricultores, abastecen 70 por ciento de las frutas y verduras del consumo interno, en un país con algo más de 19 millones de habitantes.
En la actual crisis sanitaria esta producción “ha jugado un rol muy importante para los mercados locales de abastecimiento y sus consumidores”, coincidió Alicia Muñoz, directora de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri).
La dirigente subrayó a IPS que la agricultura familiar “es responsable de la alimentación de los sectores populares, que hoy son los más carenciados, producto de las medidas que han tomado el gobierno y los empresarios”.
Los pequeños agricultores no solo abastecen las ferias locales en estrecho y largo país sudamericano, entre el océano Pacífico y la cordillera de Los Andes. En algunos casos han regalado productos a quienes no tienen dinero para enfrentar la pandemia.
Un ejemplo: las comunidades mapuches de Trapilhue y Mahuidanche en Freire, 900 kilómetros al sur de Santiago, donaron 6000 kilos de papas, acelgas y otros productos a vecinas de San Antonio de Temuco. Las mujeres organizaron una olla común y dan almuerzo a más de 160 personas sin capacidad de afrontar la parálisis de la actividad económica por la pandemia.
La directora de Anamuri recordó desde la capital, Santiago, donde la pilló el confinamiento, que en Chile “los grandes monopolios económicos, que son parte del agronegocio y representan más de 70 por ciento de la propiedad de la tierra, han orientado su producción hacia las exportaciones”.
En el país hay aproximadamente 300 000 predios silvoagropecuarios.
De ellos, 93 por ciento tiene menos de 12 hectáreas de riego básico y son considerados pequeños agricultores, informó a IPS Luiz Carlos Beduschi, oficial de Políticas en Desarrollo Territorial de la oficina regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con su sede en Santiago.[pullquote]1[/pullquote]
El especialista detalló que los principales rubros agroalimentarios controlan 40 por ciento de la superficie de cultivos anuales y más de 50 por ciento de las existencias de ganado bovino, para la producción de carne y leche.
La agricultura familiar chilena representa 21 por ciento del producto interno bruto (PIB) del sector, mientras el resto corresponde a grandes empresas agroexportadoras, puntales en la economía chilena.
Un 73 por ciento de los ocupados agrícolas trabaja en micro y pequeñas empresas, 15 por ciento en medianas empresas y el restante 12 por ciento en grandes compañías agropecuarias, puntualizó Beduschi en una entrevista virtual realizada desde Río Hurtado, un municipio de la región de Coquimbo.
Muñoz cuenta que por la crisis sanitaria y el confinamiento impuesto para contener la expansión del coronavirus, en la actualidad “en el campo se ha vuelto mucho más difícil el traslado de productos a mercados locales de abastecimiento”.
Según Beduschi, “el cierre de algunas caletas (plazas de venta directa de los pescadores) y ferias libres en distintas comunas (municipios) ha provocado problemas en la comercialización de los productos, tanto de los pescadores artesanales como de los pequeños agricultores”.
En medio de la crisis sanitaria, el oficial de la FAO expresa especial preocupación por sectores como aquellos de alto valor agregado, tales como frutas y verduras, que son más perecederas.
“Pese a que por ahora no existen problemas de desabastecimiento o de producción, su principal problema es la baja en el consumo. La principal dificultad que afecta a la población chilena es la caída en los niveles de ingreso, lo que impacta en el consumo, especialmente de los productos frescos a los cuales se dedica gran parte de la agricultura familiar”, indicó.
Para Muñoz, esta producción campesina “se debe orientar a la articulación con los mercados locales, todos aquellos que son afectados por la carestía o escasez de productos alimenticios derivado de la especulación capitalista con la alimentación de los sectores más empobrecidos, que son la gran mayoría”.
Beduschi recordó que la nueva política nacional de desarrollo rural, aprobada en enero de este año, da un rol protagónico a la agricultura familiar en Chile.
“Es importante considerar que la agricultura familiar campesina representa una población muy vulnerable…, por lo que se vuelve urgente implementar políticas de Estado para solucionar los desafíos post covid-19”, aseveró.
Un ejemplo de desarrollo rural
Los Consejos Regionales Campesinos, como el que encabeza Leticia Ramírez en la región de Coquimbo, agrupan a los trabajadores de cada una de las 16 regiones en que se divide el país. Son una estructura única: una mesa de desarrollo rural que integran representantes del gobierno, municipios y organizaciones sociales.
“Hoy el Estado debería estar dándonos recursos porque el hambre se viene en serio”, afirmó la dirigente social desde la localidad de Combarbalá, al abordar los problemas de pequeños agricultores ante la sequía que enfrenta esta y otras regiones del centro y el norte del país.
En esta región el déficit hídrico es de 1300 milímetros al año. La precipitación estimada normal para Ovalle, una provincia de Coquimbo, es de 105,9 milímetros anuales. En lo que va de 2020, la lluvia ha sido cero, se quejaron a IPS productores rurales en Río Hurtado y otras localidades de la provincia de Ovalle.
Coquimbo tiene 771 085 habitantes y 148 867 viven en zonas rurales.
Ramírez recordó que el 2019 se aprobó un plan consensuado antisequía, pero el financiamiento está ahora retenido tras estallar la crisis del coronavirus.
Los dos primeros pasos de ese plan son construir zanjas de infiltración para que el agua llene los pozos e instalar cortinas interceptoras de lluvia para que el agua infiltre la tierra.
En Chile, subrayó, “existe una concentración del agua en personas de más recursos y los campesinos estamos impedidos de competir en la compra de acciones de agua”.
Al contrario de lo que sucede en la mayoría de los países, el Estado chileno no cuenta con derechos de aprovechamiento de agua, por una medida incluida en la Constitución de 1980, instituida en plena dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y vigente hasta ahora .
Estos derechos del agua se cotizan en el mercado, son separados de las transacciones de la tierra y en muchas cuencas ya están agotados, por ejemplo, en la del río Limarí, en la provincia de Ovalle, del que es afluente el río Hurtado, cuyo bajo caudal es patente a simple vista a su paso por el municipio que lleva su nombre.
“Se tiene que apoyar a los campesinos para que nosotros podamos producir los alimentos. Lo local tiene que asumir un rol relevante”, aseveró Ramírez.
Mirando al futuro, Besduchi, de la la FAO, plantea que es “fundamental poner a disposición de los agricultores familiares un abanico de instrumentos de políticas para que estén preparados y puedan aprovechar las oportunidades que eventualmente se abrirán en el período de recuperación económica post emergencia”.
“Sin lugar a duda, los agricultores familiares tienen un rol importante en el desafío que tendremos para construir un futuro mejor, más próspero, más sostenible y menos desigual en Chile y en América Latina”, concluyó.
Ed: EG
