La aplicación literal de la Constitución que la noche del martes 12 llevó a la senadora Jeanine Áñez a asumir la presidencia y la denuncia de Evo Morales de que es víctima de un golpe de Estado dividen a Bolivia y mantienen viva la crisis institucional, mientras se retoman las actividades tras más de 20 días de protestas.
Las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, La Paz y otras ciudades empezaron este miércoles 13 a recuperar la normalidad después de bloqueos organizados por ciudadanos agrupados en comités cívicos y que cuestionaron los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre.
Pero en otras urbes más pequeñas, como las de Yapacaní y San Julián (Santa Cruz), seguidores de Morales y de su partido, el izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS), mantienen bloqueos y se enfrentan a la policía en rechazo a la posesión de la senadora Añez como mandataria, tras abandonar el martes 12 el país quien dirigió los destinos bolivianos desde 2006.
Tras las renuncias el domingo 10 de Morales, el vicepresidente Álvaro García, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, el primer vicepresidente del Senado Rubén Medinaceli, y del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, Áñez decidió aplicar los artículos 169 y 170 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Según la interpretación de la hasta el martes senadora opositora derechista, correspondía a ella, como segunda vicepresidenta de la Cámara Alta, llenar el vacío de poder, y convocar a elecciones, en un plazo breve pero que no delimitó, para escoger al próximo jefe o jefa del Estado de este país andino de más de 11 millones de habitantes y gran diversidad étnica.
En ausencia de la bancada mayoritaria del MAS, Áñez instaló la sesión legislativa al final de la tarde del martes 12, y anunció su decisión de asumir la presidencia interina de Bolivia, lo que hizo munida con una gran biblia. Una autoproclamación que recibió el aval del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la misma jornada, con base en el artículo 169 de la ley fundamental.
En un comunicado, la Sala Plena del Tribunal destacó, eso sí, que según ese artículo, Añez tiene un plazo de 90 días para convocar elecciones presidenciales.
La segunda mujer en asumir el mando del Estado boliviano, después de Lidia Gueiler (1979-1980), tras otra crisis institucional, recibió el reconocimiento inmediato de los comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, anticipándose incluso al TCP.
Morales, quien tras permanecer escondido después de su renuncia, recibió asilo político humanitario de México, a donde llegó la noche del martes en un avión militar del país de acogida, asegura que su renuncia fue un acto forzado ante las presiones militares y policiales.
Desde Ciudad de México argumentó que el respaldo policial y militar le fue negado mientras el sábado 9 buscaba dialogar con los líderes que participaron en las elecciones generales del 20 de octubre, en su último intento de cambiar a los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y poder llamar a nuevos comicios.
“Para un presidente que representa al pueblo humilde, la policía se amotina y da (un) golpe, mientras las fuerzas armadas piden su renuncia. Para políticos neoliberales que ostentan poder económico, policía y fuerzas armadas reprimen al pueblo que defiende la democracia con justicia, paz e igualdad”, escribió Morales en su cuenta en Twitter @evoespueblo.
Desde la ciudad central de Santa Cruz de la Sierra, corazón de la oposición a Morales, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, rechazó la versión del golpe de Estado.
Según esta figura de derecha, ligado a un movimiento católico radical, la paralización de actividades en la capital de mayor progreso económico durante 21 días, se originó como rechazo al “fraude terrible” de los datos procesados por el TSE.
Camacho defiende el carácter pacífico de las protestas en las cuales se logró el objetivo de acabar con la presidencia de Morales “sin una bala de parte del pueblo”, según declaraciones realizadas a primera hora de este miércoles 13, al poner fin al paro cívico contra el alegado fraude electoral.
En varias ciudades, el argumento principal para las protestas fueron la irregularidades halladas durante en el recuento de votos, que según una Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) generaron “preocupación y sorpresa” desde la misma noche del 20 de octubre.
El TSE difundió el 24 de octubre los resultados oficiales y finales de las elecciones presidenciales, dando a Morales como ganador con 47,6% y otorgó el segundo lugar al líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, con 36,52%.
Esa diferencia proclamaba como ganador definitivo al líder del MAS, sin necesidad de una segunda vuelta, ya que aunque Morales no había obtenido más de la mitad de los votos, había alcanzado más de 10 puntos porcentuales por encima de su principal rival.
La decisión de la autoridad electoral provocó una creciente movilización en las calles de ciudades y pueblos de Bolivia en demanda de la realización de la segunda vuelta primero y de la renuncia de Morales y la convocatoria a nuevos comicios después, en un clima de violencia creciente que llevó a la parálisis de las actividades del país.
Detrás de la precipitación de los acontecimientos del domingo 10 estuvo la emisión ese día de un informe preliminar de la secretaría general de la OEA sobre su auditoría del recuento oficial del TSE en que consideraba que había indicios de irregularidades y recomendaba anular el proceso y convocar a nuevas elecciones con nuevas autoridades electorales.
Inicialmente, Morales respondió a ese informe con el anuncio de la convocatoria de elecciones y la renovación del TSE, pero líderes de las movilizaciones ciudadanas desvirtuaron esa posibilidad, mientras jefes militares “sugirieron” al presidente a su renuncia, como el camino para solventar la crisis.
Fue entonces que Morales y el vicepresidente García anunciaron sus renuncias, a las que siguieron después las de la cúpula legislativa.
“El único golpista fue Evo (Morales) que no respetó el voto y fue un fraude descarado”, expresó Añez este miércoles 13.
Para especialistas jurídicos, el origen de la crisis institucional actual de Bolivia se sitúa en la decisión de Morales de postularse para un cuarto mandato después que 51,38 por ciento de los electores rechazó modificar la legislación en un referendo para que pudiera hacerlo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional avaló después que a Morales, pese al voto popular en contra, le asistía el “derecho humano” a postularse de nuevo.
Los seguidores de Morales residentes en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz, poblaciones rurales, la zona productora de hoja de coca, en la región central de Bolivia, y los municipios de Yapacaní y San Julián, asumen el discurso de Morales y llaman a una “guerra civil” con bloqueos de carreteras y cercos a edificios gubernamentales.
Edición: Estrella Gutiérrez
