Indignación y rabia contra élites que se alejan de sus bases sociales, incumplen promesas democráticas y aplican ajustes sobre las mayorías han animado la ola de manifestaciones populares que estremecieron este octubre a varios países de América Latina.
Las protestas callejeras multiplicadas en Ecuador, Chile, Haití y Bolivia “tienen un sustrato en la insatisfacción de la mayor parte de la población, muy perjudicada por las políticas que adelantan las élites”, dijo a IPS el argentino Andrés Serbin, presidente de la académica Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.
A su vez, la violencia que ha acompañado esas manifestaciones, de parte de quienes protestan y de las fuerzas que las reprimen, muestra que “los espacios cívicos, institucionalizados, cada vez son más restringidos y reprimidos, y la gente no ha podido organizarse, lo que abre campo a la anarquía”, observó Serbin desde Buenos Aires.
En Ecuador, el 1 de octubre el presidente reformista Lenín Moreno lanzó un paquete de ajustes pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con fuertes alzas en los precios de los combustibles al eliminarse subsidios, desatando dos semanas de protestas que incluyeron el asedio a los poderes públicos por miles de indígenas que convergieron sobre Quito, la capital.
En el balance de las protestas y su represión quedaron ocho muertos, 1 300 heridos, más de 1 000 detenidos, según la Defensoría del Pueblo, y la decisión de Moreno de revocar el decreto con los ajustes y entablar un diálogo con los movimientos indígenas y otros opositores.
El transporte también disparó la protesta en Chile. El pasaje en el metro (tren subterráneo) de Santiago subió unos pocos centavos de dólar el 6 de octubre, y bastó para que estallase la ira: primero los estudiantes abordaron los trenes saltando sobre los torniquetes de cobro, luego los exaltados destruyeron esos controles, las estaciones, los vagones y llegaron saqueos, incendios y barricadas.
El presidente derechista Sebastián Piñera sacó el Ejército a las calles para contener desmanes, declaró que “estamos en guerra” contra quienes destruían bienes, y en el contexto de las protestas, desmanes y represión perecieron al menos 18 personas, hubo 289 heridos (incluidos 50 uniformados) y 2 151 detenidos, según cifras del gobierno y de la Fiscalía.
Días después, al progresar las manifestaciones pacíficas, Piñera dio marcha atrás, pidió perdón “porque es verdad que los problemas se acumulaban desde hace décadas y no fuimos capaces de reconocer esta situación”, eliminó el alza en las tarifas del metro (ya parcialmente destruido) y ordenó algunos paliativos en materia de salarios y salud.
“Si el estallido en Ecuador se explica por el ‘paquetazo’ del FMI, en Chile se explica porque las recetas del llamado Consenso de Washington (de políticas neoliberales de finales del siglo XX) se han ido inoculando por dosis hasta que llegaron a una saturación”, señaló a IPS el analista y exdirector de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Gustavo González.
En Chile “los gobiernos de la mal llamada restauración democrática se esforzaron por jugar “en las ligas mayores” y negociaron acuerdos comerciales con todo el mundo. En este afán liberaron el capital financiero y avalaron herencias de la dictadura (1973-1990), en particular un sistema de pensiones que implica la expropiación de los ahorros previsionales en beneficio de los grupos económicos. La salud y la educación se someten al endeudamiento de las familias”, opinó González desde Santiago.
El analista reconoce que “hay vandalismo, sobre todo en los saqueos de comercios, que en última instancia son la extralimitación de una sociedad de consumo, con una suerte de lumpen-pequeña burguesía (si se permite este lenguaje marxista), que ve en el robo de un plasma de televisión, de una lavadora, un refrigerador o hasta un colchón de dos plazas, el acceso a bienes con que el sistema lo está tentando a diario”.
Serbin concuerda en que “la gente reacciona ante élites que prometen mucho pero resultan incapaces de desarrollar las soluciones y terminan imponiendo políticas desfavorables no solo para los más pobres, sino también para las capas medias”.
El sustrato común que esgrimen los manifestantes que en este octubre se lanzan a las calles es el de la desigualdad. La región, pese a sus avances económicos, sigue siendo la más desigual del mundo, con expresiones como que una de cada cinco personas vive en tugurios, según diferentes agencias de las Naciones Unidas.
Las expresiones son multidimensionales y locales, pero el contexto es que la falta de acompañamiento del progreso económico con la inclusión social ha llevado, según las últimas cifras del Banco Mundial, a que en la lista de los 10 países más desiguales del mundo, ocho sean latinoamericanos, Chile destacado entre ellos.
También resalta en esa lista Haití, donde las protestas tienen carácter casi crónico, que han debido solventar los 17 presidentes que ha tenido desde 1990.
Allí, en septiembre comenzaron manifestaciones contra el gobierno del mandatario Jovenel Moise. El detonante esta vez ha sido la escasez en el suministro de combustible, aunque también de alimentos y de agua potable.
En un país donde más de la mitad de la población sobrevive con menos de tres dólares al mes, la protesta se animó con las denuncias de corrupción en el manejo de más de 2 000 millones de dólares recibidos en los últimos años de Petrocaribe, el programa de cooperación petrolera que ha mantenido Venezuela para paliar el déficit energético de países del área.
Ya a finales de octubre las protestas callejeras masivas han alcanzado a Bolivia, aunque el disparador en este caso es la presunción de fraude en las elecciones presidenciales del domingo 20, pues el actual mandatario y candidato a reelegirse por tercera vez, Evo Morales, reivindica que ha triunfado y la oposición reclama una segunda vuelta según prevé la Constitución.
Pese al fuerte origen nacional y social que soporta las protestas, la idea de un hilo conductor político en la serie de revueltas que agitan a países con gobiernos opuestos al Foro de São Paulo (colectivo de partidos de izquierda de la región) ha ganado algún espacio en medios políticos y de opinión pública, aunque no sea el caso de Morales, que gobierna Bolivia desde 2006.
“Es un disparate razonar sobre las movilizaciones sociales en América Latina endosándolas al Foro de São Paulo. Eso es anticomunismo inútil. La izquierda, por el contrario, vive su peor momento, es un cierre de ciclo con clara pérdida de la mayoría popular en El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia. Que incluso compromete al Frente Amplio de Uruguay, que ha hecho un gobierno excelente”, dijo a IPS Rodrigo Cabezas, quien condujo por años los asuntos internacionales del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela.
Cabezas, también exministro de Finanzas del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), opinó que “en el caso de Ecuador y Chile queda la experiencia de que los programas macroeconómicos de ajuste excesivo, sin gradualidad y sin atención a la exclusión social, terminan en el mediano plazo siendo inviables por la desigualdad y pobreza que generan. Pensé que los neoliberales habían aprendido de la experiencia histórica, todo indica que no”.
Perú fue otro escenario de manifestaciones callejeras, después de que el presidente Martín Vizcarra utilizó una prerrogativa legal para disolver el legislativo Congreso el 30 de septiembre y convocó a elegir un nuevo parlamento el 26 de enero, con lo cual quebró el poder bloqueador de la oposición guiada por los herederos políticos del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).
Esas movilizaciones estrenaron el efervescente mes latinoamericano de octubre, en esa ocasión a favor del presidente y contra el intento del Congreso de destituirlo, lo que amenazaba con extender y profundizar el conflicto institucional.
Pero la crisis fue conjurada con la renuncia a asumir la primera magistratura de la vicepresidenta Mercedes Araoz, el respaldo de las fuerzas Armadas y policiales al gobernante y, sobre todo, al evidenciarse en las calles, e igual en las encuestas, que el presidente contaba con mucho mayor apoyo que sus detractores.
Finalmente, la región también se vio estremecida este octubre por la violenta eclosión del crimen organizado en México, cuando las fuerzas del cartel de drogas de Sinaloa doblegaron al ejército en esa ciudad del noroeste mexicano e impusieron la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del afamado traficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien purga cadena perpetua en Estados Unidos.
“Una muestra de que al distanciarse las élites de las bases sociales, la descomposición penetra en todos los ámbitos”, resumió Serbin.
¿Qué hacer? Para Serbin, la primera recomendación a los gobiernos es que deben “hacer a un lado los liderazgos carismáticos y generar los espacios organizativos necesarios para los indispensables empoderamiento y participación de la gente”.
Edición: Estrella Gutiérrez
