Son las 8 de la mañana y un grupo de encuestadores del Instituto de Estadística y Censo de Panamá se alistan para iniciar una nueva jornada laboral. Carpetas en mano, cargadas de encuestas, se dirigen de nuevo a la comunidad de Ipetí Emberá, donde han estado trabajando intensamente, puerta a puerta, para reunir la mayor cantidad de datos sobre las viviendas y hogares: integrantes del hogar, características de la vivienda, ingresos… y grado de inseguridad alimentaria.
Adriana Griffith es una de las encuestadoras que conforman el equipo, y se dirige a la primera vivienda asignada, donde le recibe una mujer de mediana edad acompañada de tres de sus hijos.
“Buenos días, venimos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y nos gustaría hacerle una encuesta. Estos datos son totalmente confidenciales, y servirán para conocer más sobre su hogar, vivienda y comunidad”, explica pausadamente Adriana.
Tras confirmar la utilidad de su participación, la señora accede a ser entrevistada y Adriana inicia su trabajo. Primero datos sobre su vivienda seguidos de otros más específicos que su interlocutora va respondiendo.
“Ahora llegamos a unas preguntas más sensibles y me gustaría que me comunique si no entiende bien la pregunta o necesita que le explique con detalle”, señala Adriana, a lo que su interlocutora asiente, comprendiendo de qué se trata al escuchar la pregunta.
– En los últimos 12 meses, usted o algún otro adulto de su hogar ¿se ha preocupado por no tener suficiente alimento para comer por falta de dinero u otros recursos?, inquiere.
Esta pregunta no era común en Panamá, pero durante el mes de diciembre de 2018 se repitió en todas las viviendas que participaron en la aplicación piloto de la encuesta de propósitos múltiples con el módulo de inseguridad alimentaria incorporado, que posteriormente se escaló a nivel nacional.
“La inseguridad alimentaria es un fenómeno muy difícil de medir, pero sabemos que las personas que la sufren, pasan por ciertas experiencias que permiten identificarla”, explicó Verónica Boero, oficial regional de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
Una buena parte de los panameños que sufren inseguridad alimentaria viven en comunidades rurales e indígenas, pero hasta entonces no existía una medición desagregada.
“Las comunidades indígenas manifestaron que la forma en que se tomaban los datos y se hacían las preguntas no reflejaba su realidad y sus verdaderas necesidades”, explica Vilma Cuevas, estadística de la sección de Población y Vivienda del INEC.
Por estos motivos, el INEC, con la asistencia técnica de FAO y la coordinación de la Secretaría Técnica del Gabinete Social para la articulación con las otras instituciones, puso en marcha un proyecto piloto de recolección de datos estadísticos para aplicar la escala de inseguridad alimentaria basada en experiencias (FIES, en inglés) en cuatro comunidades indígenas del país.
“La escala FIES consiste en un módulo de ocho preguntas, que pueden integrarse fácilmente en diversos tipos de encuestas nacionales para medir esa inseguridad alimentaria a través de las experiencias de quienes la sufren”, agregó Boero.
Las preguntas del módulo FIES se centran en experiencias y comportamientos relativos a la alimentación descritos por los encuestados y las dificultades para acceder a los alimentos. Su medición complementa a otros indicadores de seguridad alimentaria y nutricional, contribuyendo a un conocimiento más amplio de las causas y consecuencias de la inseguridad alimentaria.
Para incluir el módulo FIES en la encuesta de propósitos múltiples que se levanta anualmente en el país, se realizó una revisión técnica del cuestionario y posteriormente se probó su implementación en campo en comunidades indígenas, previa consulta a través de la aplicación de una consulta para contar con el consentimiento previo, libre e informado.
También se brindó capacitación a técnicos y encuestadores del INEC sobre la escala FIES y su aplicación, así como a encuestadores de las propias comunidades indígenas, para respetar la pertinencia cultural y formular las preguntas en su idioma, facilitando así la comprensión de los encuestados y la fiabilidad de los datos levantados.
Este proceso también contó con colaboración del Programa Mesoamérica Sin Hambre, implementado por la FAO con el apoyo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
En total, el proyecto piloto permitió recolectar información sobre 450 viviendas y 2.285 personas de las comunidades indígenas de Llano Ñopo (Gnöbe Buglé), Ipetí Guna, Ipetí Emberá y Piriatí (Emberá) para su posterior análisis y evaluación.
Yorizel González, indígena de la comarca guna de Madugandí, fue capacitada como encuestadora en este proceso. “Esta fue mi primera experiencia como encuestadora y me resultó muy buena porque me permitió conocer más sobre la realidad de mi pueblo”, afirmó.
Posteriormente, Yorizel formó parte del equipo de encuestadores de la Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples de Panamá (EPM), que se inició el pasado mes de marzo con el módulo FIES ya incorporado a nivel nacional, y en la cual fue muy valiosa la información obtenida del proyecto piloto y las lecciones aprendidas de su implementación en campo.
Los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta permitirán identificar con mayor precisión quiénes son y dónde están las personas que padecen inseguridad alimentaria en Panamá, así como posibles factores de riesgo, datos que permitirán el desarrollo de políticas públicas e intervenciones más focalizadas y eficaces.
“La inclusión de este módulo va a permitir medir los progresos del país en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 mediante el indicador 2.1.2 Prevalencia de inseguridad alimentaria según la escala de experiencia y generar información para el desarrollo de políticas para avanzar hacia su logro”, concluyó Verónica Boero.
“Contar con datos que permitan esclarecer la situación de los pueblos indígenas con la participación de las comunidades es fundamental. Estamos iniciando un proceso y esperamos que en el camino se fortalezca la relación de las autoridades nacionales, los pueblos indígenas y las organizaciones internacionales para lograr ese desarrollo integral que necesitan los pueblos indígenas de Panamá”, afirmó Sara Omi, presidenta del Congreso Emberá de Alto Bayano.
Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.
RV: EG
