Más de lo mismo, endurecer las leyes y las normas penales, es la receta con que el nuevo gobierno de extrema derecha de Brasil comenzó una de sus batallas vitales para su futuro, la reducción de la criminalidad a niveles soportables.
Brasil ostenta el récord mundial en la cifra absoluta de homicidios, 63.885 durante el año de 2017, un índice de 30,8 homicidios por 100.000 habitantes, según datos oficiales recopilados por el no gubernamental Foro Brasileño de Seguridad Pública. Más de un millón de víctimas mortales de la delincuencia se acumulan desde los años 80.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, anunció el 4 de febrero sus propuestas para modificar 14 leyes, con las que espera abatir la violencia criminal y consolidar el exitoso combate a la corrupción que él lideró como juez, de 2014 a 2018.[pullquote]3[/pullquote]
“Es decepcionante que su primera iniciativa sea repetir el endurecimiento de leyes, en lugar de un plan de gestión. Brasil ya tiene demasiadas leyes, se las aprueban siempre que hay problemas de seguridad, así fue con la Ley de los Crímenes Hediondos, la del feminicidio y otras”, reaccionó Bruno Langeani, gerente de Sistemas del independiente Instituto Soy de Paz, de São Paulo.
El nuevo plan incluye varias leyes nuevas y reformas de otras ya vigentes, que amplían las penas, agravan condiciones de encarcelamiento o reducen beneficios como el régimen de prisión semiabierta.
El endurecimiento en la legislación y en las penas carcelarias durante las últimas décadas no logró reducir la criminalidad en Brasil, sino que se acompañó de un permanente aumento de los homicidios, acelerada en años recientes, observó Langeani.
“Hay cuestiones estructurales en la seguridad pública que, si fuesen atendidas, tendrían un resultado mejor que cambios en la legislación”, sostuvo.
El Ministerio de Justicia dispone de un abultado presupuesto y cerca de 25.000 agentes de la Policía Federal, la Policía Vial Federal y la Fuerza Nacional de Seguridad, que podrían ser más eficientes en una estrategia más adecuada, arguyó.
“El gobierno central no sabe qué porcentaje hay de homicidios resueltos (policialmente) en Brasil. En Río de Janeiro se sabe que alcanzan 11 por ciento los casos que resultan en acusaciones judiciales. Es un cuello de botella, si no se logra enjuiciar casi 90 por ciento de los asesinos, poco importa si la pena es de 10 o de 30 años de cárcel”, razonó el activista, graduado en derecho y en relaciones internacionales.
Además, entre las propuestas legislativas de Moro hay una muy polémica, la que amplía el concepto de legítima defensa, para incrementar la protección a los policías que provoquen muertes al intervenir en “un conflicto armado o en riesgo inminente de conflicto armado” o al “prevenir injusta e inminente agresión” a él mismo u otros, incluyendo rehenes.
En esos casos, el juez podrá reducir la pena a la mitad o incluso dejar de aplicarla, según la propuesta de una de las reformas legales.
“No es licencia para matar”, trató de defender Moro, al presentar su paquete de medidas, que serán sometidas al bicameral Congreso Nacional legislativo tras un período de debate público.
Pero los especialistas temen un incremento adicional en la muy elevada y creciente cantidad de muertos por acciones policiales. Entre 2013 y 2017 esas muertes más que duplicaron en Brasil, al pasar de 2.212 a 5.159, según el foro de seguridad.
Para Langeani, la medida no tiene justificación, porque “una policía que mata tanto no puede decir que muere por no reaccionar, o que es castigada por trabajar”.
Además, acotó, hay muchos casos comprobados en que “la policía llega disparando”, con el resultado de numerosos “muertos por balas perdidas” en las confrontaciones entre los efectivos y bandas armadas, especialmente en Río de Janeiro.
Al especialista también le preocupa otra propuesta que incluye a cualquier ciudadano, y no a solo policías, en que se amplia también la tolerancia para quienes matan cuando son sometidos a “excusable miedo, sorpresa o violenta emoción”.
Son términos subjetivos que permiten la impunidad a cualquiera, lo que puede estimular las ejecuciones extrajudiciales por policías y las llamadas milicias, teme el dirigente del Instituto Sou da Paz.
Las milicias son grupos ilegales armados, en general compuestos por expolicías y antiguos militares, que controlan decenas de barrios de la región metropolitana de Río de Janeiro, especialmente en la Zona Oeste, con barrios de nueva población.
Imponen su orden y explotan negocios como transporte colectivo, venta de gas de cocina, acceso a la televisión por cable e Internet, seguridad privada y otros servicios.
Esos grupos, que en algunos momentos fueron tolerados como fuerzas parapoliciales en algunas ciudades por confrontar al narcotráfico, deben se considerar organizaciones criminales sujetas a las más duras penas y condiciones carcelarias, propone Moro.
Esa nueva propuesta choca con viejas posiciones del ahora presidente Jair Bolsonaro, que en el pasado defendió la acción miliciana, y de su hijo senador, Flavio Bolsonaro, que tuvo estrechas relaciones con conocidos jefes de milicias, cuando era diputado del estado de Río de Janeiro, incluso homenajeándolos y empleando a sus familiares.
La polémica ampliación de la llamada legítima defensa se sumaría al decreto firmado por Bolsonaro 15 días después de asumir el poder el 1 de enero, que facilitan la posesión de armas de fuego a los civiles. Eso tiende a aumentar aún más los homicidios en Brasil, lamentó Langeani.
La epidemia de delincuencia ciudadana en los últimos años fue uno de los factores decisivos para el triunfo electoral de Bolsonaro en octubre. En su campaña, se presentó como el candidato capaz de abatir la criminalidad organizada, al prometer una represión brutal, incluso violando los límites legales y de derechos humanos.
También se benefició de la confianza que los brasileños aún depositan en los militares para asuntos de seguridad. Bolsonaro es un capitán retirado del Ejército, dejó la carrera militar en 1988 y ese año fue electo como concejal de Río de Janeiro y luego, por siete veces, diputado nacional.[related_articles]
Moro, que cimentó su popularidad como el juez que puso en la cárcel centenares de políticos conocidos, incluido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2007-2013), y grandes empresarios, todos acusados de corrupción, es el elegido para frenar la delincuencia organizada.
Para sumarse al equipo de Bolsonaro, dejó la carrera judicial y asumió el Ministerio de Justicia al que se le sumó la Seguridad Pública, que antes dependía de otra cartera.
Pero su estreno refleja su sesgo judicial, porque la prioridad de su plan fue ajustar las leyes a lo que cree necesario para combatir las organizaciones criminales y la corrupción.
Sus propuestas sufrirán resistencias, rechazos o enmiendas en el Congreso y algunas ya se anticipa que tendrán que ser dirimidas por el Supremo Tribunal Federal.
Sus mayores dificultades, sin embargo, están en la compleja gestión del sistema carcelario, con una población de más de 700.000 reclusos. Dentro de las penitenciarías están quienes comandan las bandas del narcotráfico, en establecimientos que han pasado a estar en alta mayoría dominados por organizaciones criminales.
Además la lucha contra la delincuencia depende de las policías de los 27 estados brasileños, responsables directos de la seguridad pública y cuya precariedad crónica se agravó en los últimos años por la recesión económica del país y la crisis financiera en la mayoría de las entidades federales.
No todo es negativo en la propuesta del ministro. Hay elementos positivos, como el Banco Nacional de Perfiles Balísticos, que permitirá identificar armas de fuego usadas en crímenes, y penas más severas para policías, empresas de seguridad y clubes de tiro en caso de abuso de armas de fuego.
Edición: Estrella Gutiérrez
