Las tierras que están disponibles actualmente en Cuba para entregar en usufructo a emprendedores agrícolas suelen estar apartadas de los asentamientos, las fuentes de agua y sin vías de acceso… Por si fuera poco, sus suelos tienen los niveles más bajos de productividad.
Especialistas y usufructuarios con larga experiencia entrevistados por IPS señalan que el camino para aprovechar esos terrenos está en la agroecología, junto a incentivos extras a ofrecer por las autoridades, algunos de los cuales están recogidos en las nuevas leyes publicadas el martes 7 para entregar 472.000 hectáreas de tierras ociosas.
Se trata del Decreto Ley 358 con su reglamento y el Decreto 350, que entrarán en vigor en octubre, tras una larga espera desde agosto de 2017, cuando funcionarios del Ministerio de la Agricultura adelantaron detalles de los cambios para afrontar un paso complejo en la continuidad del programa iniciado en 2008.
Fuentes oficiales reiteran que las medidas se orientan a seguir elevando la cantidad de tierras productivas, ampliar las áreas bajo algún tipo de manejo del suelo y evitar el mal uso de este recurso natural, que es clave para la seguridad alimentaria, y está identificado como el más endeble del país caribeño por el ramo ambiental.
“La agroecología recoge manejos para hacer productivas esas tierras porque la fertilidad del suelo se hace… pero lleva años”, sostuvo el agrónomo Fernando Funes Aguilar, un investigador y promotor veterano de una agricultura sostenible y orgánica.
Por ello, el especialista calificó de positivo la extensión de los plazos de arrendamiento en las nuevas leyes para la conservación de los suelos agrícolas, de los cuales 70 por ciento presenta algún un factor limitante de la productividad.
Ahora las y los usufructuarios podrán tener los terrenos por 20 años y prorrogables sucesivamente por igual lapso, mientras que las personas jurídicas los recibirán por tiempo indefinido. Antes los plazos eran hasta 10 y 25 años respectivamente.
Entre otros cambios, las normativas elevan la cantidad de hectáreas permitidas a entregar y el área a disponer para construir o ampliar bienhechurías, de uno a tres por ciento del total de la parcela, para responder a las necesidades de las diversas actividades agropecuarias y la vivienda, que se aprobó desde 2012.
Sin embargo, Funes consideró que, de forma general, “todavía se necesita más apertura y estímulos a los usufructuarios para que satisfagan en gran medida necesidades de la población” y más personas se sientan atraídas por realizar fuertes inversiones, pedir créditos y hacer producir tierras con muchas limitaciones.
Las disposiciones pautan más causas para el retiro de las tierras además de incumplir con sus normas, como usar fondos ilícitos, faltar al régimen de seguridad social, o que los usufructuarios no administren ni trabajen directamente la parcela o tengan una conducta moral y social “contraria a los principios éticos de nuestra sociedad”.
De 2008 a 2018, fueron entregadas alrededor de 2.102.454 hectáreas a 244.851 personas naturales y jurídicas en Cuba. Se considera que los principales beneficios han recaído en la agricultura familiar dado que 241.604 de los usufructuarios han sido personas naturales con pequeñas fincas, de las cuales 13 por ciento son mujeres.
Una fuente especializada explicó a IPS que hasta principios de este año la cifra de hectáreas y usufructuarios reales resultaba menor debido a la cancelación de los contratos, una cifra que no suele ser pública, debido sobre todo a dejación o retiro de los terrenos por incumplimientos de los términos.
En la nueva etapa se identificaron para entregar 472.000 de las 917.300 hectáreas ociosas del país, donde el Estado es el mayor propietario de la tierra.
La Dirección de Suelos y Control de la Tierra del ramo agrícola dijo en 2017 a la prensa local que, salvo excepciones, las parcelas disponibles presentan suelos con los dos niveles más bajos de productividad agrícola, además de otras limitantes en acceso a agua, sin vías de acceso, alejadas de las comunidades e infestadas de malezas.
Funes espera que “la nueva ley anunciada incentive a más productores y facilite que muchos más usufructuarios se sientan dueños de la tierra”.
El sentido de pertenencia y garantías de tenencia a largo plazo favorecerá que más de estos productores apuesten a un uso sostenible del suelo. “En cada lugar debe hacerse un manejo específico, que puede establecerse desde el principio o ir variando sobre la marcha”, recomendó.
A su juicio, la agroecología ofrece guías para obtener subproductos que mejoren la fertilidad de los suelos como abonos verdes o a partir de las excretas del ganado o las lombrices (humus de lombriz).
“También se pueden incluir sistemas silvopastoriles que aporten nutrientes al suelo y policultivos, entre otros”, añadió Funes.
Y recomendó, sin el uso de agroquímicos, la agricultura de conservación, que propone eliminar la labranza para preservar los suelos.
Por estar entre los primeros beneficiados en 2008, el productor Liubar Ojeda esperaba con ansia la salida de las nuevas leyes para renovar el usufructo de su parcela “5 de Julio”, de 0,22 hectáreas, ubicada en la periferia del barrio Alamar, en el municipio capitalino de Habana del Este.[related_articles]
Ojeda contó que, cuando sacaron con buldóceres los escombros del lugar usado como basurero, “la poca capa vegetal que había en el suelo también se perdió y las primeras siembras no crecían”. Los terrenos necesitaban una cantidad tan grande de nutrientes que le resultó más rentable hacer abonos orgánicos que comprarlos.
Entonces el productor identificó en los abonos orgánicos una “oportunidad de negocios porque nadie en el municipio trabajaba esa línea” y, por otro lado, “nuestro suelo no tenía las condiciones requeridas para los cultivos varios y demás producciones”.
Junto a su esposa y un trabajador, Ojeda obtiene al año 300 toneladas de compost, 36 toneladas de humus de lombriz y pequeñas cantidades de tubérculos, hortalizas y carne de conejo.
Ahora está a la espera por la certificación internacional de su fertilizante ecológico, Liufer, a base de té de compost y lixiviado de lombrices, que ya comercializa localmente.
El profesor jubilado Rafael Núñez es usufructuario desde hace más de 20 años de 1,2 hectáreas de tierras con suelos muy poco productivos, donde levantó el vivero ecológico El Majagual, que está rodeado de árboles maderables y frutales y las siembras se hacen en macetas y bolsas de plástico.
En Barbosa, un barrio periférico del municipio capitalino de Playa, el productor junto a nueve trabajadores obtiene cada año 100.000 plantas ornamentales, 12.000 posturas de frutales y 8.000 posturas de maderables, en envases con sustrato elaborado por ellos mismos.
“Sí se puede lograr en un grupo grande de campesinos crear las condiciones para producir a partir de la topografía del terreno y los recursos disponibles”, aseguró.
Uno de sus hijos, Maykel, explicó que 0,02 hectárea hoy la usan para sembrar directamente una planta ornamental oriunda de Madagascar y típica de climas secos, la pata de elefante (Pachypodium rosulatum), que goza de gran aceptación entre los clientes.
Hace una década, el Decreto Ley 259 reactivó el usufructo en el país socialista, que es la primera reforma del gobierno de Raúl Castro (2008-abril 2018).
El Decreto Ley 300 amplió en 2012 las facilidades, el cual será derogado con la entrada en vigor de las últimas normas, aprobadas ya durante el mandato del actual presidente, Miguel Díaz-Canel.
Edición: Estrella Gutiérrez
