La tercera cuenca de América Ldel Sur, la del río Orinoco, históricamente degradada por actividades agropecuarias y extractivas, es ahora devastada por la búsqueda informal pero masiva de oro, según denunciaron científicos de Venezuela durante una reunión regional en Trinidad y Tobago.
El potencial impacto de esta actividad en el sudeste del Caribe se robó la atención del primer Congreso de la sección de América Latina y del Caribe de la Sociedad Biológica de Conservación, que reunió a más 200 biólogos y estudiantes de distintos países de la región en Saint Agustine, a las afueras de Puerto España.
En el cierre del Congreso, la noche del 27 de julio, se aprobó por unanimidad una declaración que llamó “la atención de la comunidad internacional”, sobre una cuestión que, según se denunció, genera no solamente impactos sociales y ambientales sino también violaciones a los derechos humanos.
“La magnitud de los impactos de esta actividad minera es difícil de evaluar”, se lee en el texto, que indicó la cuestión concierne no solo a Venezuela sino a todo el sudeste del Caribe y el noroeste de América del Sur, que es a su vez el sureste de Venezuela.
La Sociedad de Biología de la Conservación es una organización formada por más de 4.000 expertos de todo el mundo, con el fin de impulsar la protección de la biodiversidad.
Su sección de América Latina y el Caribe se creó en 2003 pero solo este mes se reunió por primera vez y eligió para hacerlo la pequeña nación de Trinidad y Tobago, formada por dos islas ubicadas frente a la costa venezolana, en un intento de conectar las culturas de los países insulares del mar Caribe con los continentales de América Latina.
La preocupación por la actividad minera en la cuenca del Orinoco se justificó en el documento final en que está causando deforestación, erosión del suelo y contaminación de las aguas, lo que tiene consecuencias directas sobre la biodiversidad y los servicios del ecosistema.
“Empresas mineras, el gobierno, los militares y distintos grupos armados se benefician de esta situación, que es controlada por bandas criminales, pero nadie se hace responsable de los daños sociales y ambientales, que son enormes”, dijo a IPS José Rafael Ferrer, biólogo integrante de la Sociedad Venezolana de Ecología.
“El uso de mercurio, cianuro y otras sustancias fuertemente contaminantes está afectando cursos de agua en la cuenca del río Orinoco y a través de él es una potencial fuente de contaminación para el Mar Caribe”, agregó.
En febrero 2016 el presidente venezolano, Nicolás Maduro, creó por decreto la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional-Arco Minero del Orinoco (ZDEN-AMO), sobre una superficie de 111.843 kilómetros cuadrados en el sur del país, en los estados de Bolívar y Amazonas.
La cuenca cubre 990.000 kilómetros cuadrados, atraviesa horizontalmente el sur de Venezuela y llega hasta Colombia, donde nace el río con una longitud de 2.140 kilómetros y el tercero por su caudal, detrás del Amazonas y el Congo. Eso la convierte en la tercera cuenca sudamericana detrás del Amazonas y La Plata.
En medio de la crisis causada en Venezuela por la caída de los precios internacionales del petróleo, Maduro celebró entonces la posibilidad de que el oro y otros minerales “vayan sustituyendo al petróleo como única fuente de divisas internacionales” para el país.
“La zona habilitada para la minería es cerca del 12 por ciento de la superficie nacional y la cuarta parte de la Amazonía venezolana. Es un territorio muy complejo, debido a que hay áreas naturales protegidas y 24 pueblos indígenas. El decreto generó una gran incertidumbre”, comentó a IPS el biólogo Juan Carlo Amilibia, de la fundación Provita.
Vilisa Morón Zambrano, presidenta de la Sociedad de Ecología de Venezuela, explicó que la minería en esa zona había comenzado a crecer, de manera ilegal, en los últimos 10 o 15 años.
“Debido a la crisis económica, el gobierno le dio el marco legal en 2016, aunque la situación no cambió demasiado en los hechos. Estimamos que en la última década la minería de oro generó la deforestación de aproximadamente el 9 por ciento del área y eso está creciendo”, agregó.
Uno de los que expuso sobre la cuestión fue Bram Ebus, un antropólogo, periodista y criminólogo holandés que recorrió la zona durante 2016 y asegura haber sido detenido por la policía durante 24 horas.
“Maduro dijo en 2016 que había 150 compañías mineras de35 países interesadas en invertir en la zona, pero la realidad es que no hay capitales internacionales de empresas formales en el arco minero del Orinoco”, explicó.
Ebus agregó: “Lo que hay en cambio es un negocio tomado por el crimen organizado, en el que participan ex guerrilleros colombianos que en connivencia con la Policía y el Ejército venezolanos, está extrayendo a cielo abierto oro y otros minerales, cuyo destino final es el contrabando”.
En la zona del Arco Minero del Orinoco está la localidad de El Callao, que ha sido señalada recientemente como la más violenta de Venezuela, con una tasa de homicidios que en 2017 creció más de 800 por ciento con respecto al año anterior.
“Estimo que hay unas 250.000 personas trabajando en la zona. Muchos son profesionales venezolanos de otros lugares del país que han perdido sus trabajos por la crisis y llegaron hasta el estado de Bolívar”, dijo Ebus.
“Es una actividad minera ilegal, desarrollada sin controles, sin estudios de impacto ambiental, sin consulta a las comunidades indígenas, impulsada por el gobierno venezolano”, concluyó el investigador holandés.
En la declaración aprobada en el final del Congreso regional de la Sociedad de Biología de la Conservación se indicó que el uso descontrolado de metales pesados está ya teniendo consecuencias en la salud de los habitantes de la zona.
En ese sentido, se afirmó que se han hallado altos niveles de mercurio en sangre en integrantes de al menos dos comunidades indígenas que viven cerca de las explotaciones mineras.
También, que esos metales son la causa del hallazgo de toxinas en peces y moluscos de agua dulce a miles de kilómetros.
Y se señaló que se han expandido entre las personas enfermedades infecciosas como la malaria.
Los científicos reclamaron que se realicen de manera urgente estudios referidos al impacto ecológico y ambiental de la actividad, se tomen decisiones basadas en información científica y se contemplen alternativas de desarrollo sustentable.
“Los biólogos conservacionistas podemos jugar un importante rol en este proceso, aportando información científica y monitoreando los cambios en importantes variables biológicas”, escribieron.
“Esta declaración abierta es una carta abierta para denunciar un escenario muy grave que nos incumbe a nosotros como biólogos especializados en conservación, porque más allá de una situación horrorosa de derechos humanos, existe un impacto ambiental que va a llevar mucho tiempo revertir”, dijo a IPS el estadounidense Anthony Giordano.
El especialista es presidente de la sección de América Latina y el Caribe de la Sociedad de Biología de la Conservación y director de la organización Species, que se dedica al estudio de mamíferos carnívoros en toda la región.
Edición: Estrella Gutiérrez
