Los agudos problemas ambientales que enfrenta El Salvador están ausentes en la presente campaña electoral, a pesar de que la gente sí está preocupada por la contaminación y los impactos del cambio climático en los ecosistemas.
Algunos partidos sí incluyen en su oferta electoral propuestas en torno a la protección de los recursos naturales, pero el tema pasa desapercibido en el debate en los medios de comunicación y en los mítines públicos de la campaña para los comicios legislativos y municipales que se celebrarán en el país el 4 de marzo.
“Es irónico que en un país cuyo futuro depende tanto de los recursos naturales, especialmente el agua, los candidatos a diputados tengan tan poco interés en discutir soluciones”, señaló a IPS el investigador Andrés McKinley, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).[pullquote]3[/pullquote]
El experto agregó que, aunque hay otros asuntos urgentes que atender como país, como la inseguridad o el desempleo, el del ambiente es el tema más estratégico para El Salvador, porque tiene que ver con su viabilidad económica y social.
En los comicios, 5,1 millones de salvadoreños están convocados por el Tribunal Supremo Electoral para acudir a las urnas y elegir a los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, así como a los alcaldes de los 262 pueblos y ciudades de este país centroamericano, de 6,5 millones de habitantes.
Desde el 3 de enero, cuando comenzó la campaña, los ocho partidos en contienda, entre ellos las dos principales fuerzas políticas – el gobernante e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena)-, mantienen sus maquinarias electorales a todo vapor.
Eso aunque el electorado aparece cada vez menos entusiasmado por las promesas de campaña, en parte según los expertos porque no atienden intereses especiales para la población.
Solo poco más de 30 por ciento de la población tiene mucho interés en acudir a las urnas en los próximos comicios, según revela el sondeo más reciente, realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), publicado el 14 de febrero.
“El tema ambiental no ha sido posicionado en su verdadera dimensión en las plataformas de los candidatos, hay que reconocerlo”, dijo a IPS el candidato Juan José Martel, de Cambio Democrático, un pequeño partido de centroizquierda, que hasta ahora no tiene presencia en la Asamblea.
El político subrayó que su partido ha incluido algunos temas en su oferta legislativa 2018-2021, entre ellos el principal, una regulación del uso y aprovechamiento del agua, así como impulsar un esfuerzo por enfrentar la vulnerabilidad ambiental, la contaminación y recuperación de los bosques.
La vulnerabilidad del país frente eventos climáticos extremos, favorecidos por la degradación de los suelos, quedó en evidencia cada vez que esos sucesos han acaecido.
El Salvador tiene la densidad poblacional más alta en el hemisferio (342 habitantes por kilómetro) y un territorio altamente deforestado, lo que aumenta el impacto de los eventos climáticos extremos, al poner en riesgo a casi 90 por ciento de la población, 95 por ciento del territorio nacional y 90 por ciento del producto interno bruto (PIB), subraya un informe del Ministerio de Medio Ambiente de 2017, titulado “Hacia la restauración y la reforestación de ecosistemas y paisajes”.
El agua es uno eje prioritario en el país, pero pocos partidos han insistido en la necesidad de aprobar la Ley General de Aguas, una aspiración ciudadana que se ha venido debatiendo en el parlamento unicameral desde 2006, a partir de varios anteproyectos de ley presentados.
Pero el debate se ha estancado en el punto de la conformación del ente que administrará el recurso hídrico.
Los partidos de derecha, principalmente Arena, pujan por incluir a representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep), lo cual ha sido rechazado de tajo por las organizaciones sociales.
“La gran empresa no quieren reconocer el agua como bien común…. nosotros rechazamos la inclusión de la Anep en la gestión, porque eso es el inicio hacia la privatización de la institución del agua, y si se privatiza el que controla, es solo un paso a la privatización del recurso”, sostuvo McKinley.
Esos intereses empresariales que utilizan agua como materia prima en la actividad productiva es lo que estaría detrás de esa apatía de los candidatos para impulsar regulaciones en el tema del agua, coincidieron el académico y el candidato a diputado.
De acuerdo al estudio Situación de los recursos hídricos en Centroamérica, publicado en marzo por la Asociación Mundial para el Agua (GWP, en inglés), del total de agua disponible en el país, solo 30,6 por ciento va destinado al consumo humano.
Mientras, 70 por ciento se distribuye en riego (50,6 por ciento), industria (3,7 por ciento), generación de energía termoeléctrica (13 por ciento), acuicultura (1,8 por ciento) y hotelería (0,02 por ciento).
El gobernante FMLN es de los pocos partidos que sí hace referencia directa al tema del agua, al incluir como parte de su campaña un anuncio televisivo que muestra a un niño intentando agarrar un vaso con agua, pero una barrera invisible se lo impide.
La leyenda del spot dice: “en El Salvador siempre decimos que un vaso no se le niega a nadie, mucho menos a un niño, es un derecho humano, pero hay quienes quieren privatizar el agua con ese recurso que nos pertenece a todos”.
Pero el sondeo de Iudop indica que Arena aventaja al El FMLN en 12 puntos en la intención del voto legislativo y siete puntos en el municipal, lo que dificulta que el tema del agua y otras prioridades ambientales se fortalezcan en la agenda política.
Más allá de los vaticinios, la oferta electoral del FMLN incluye la aprobación de la ley de aguas y, aunque poco difundida, una mayor regulación del uso de pesticidas. Esos productos son ampliamente usados sobre todo en cultivos de caña de azúcar.
El sector azucarero ha sido cuestionado por organizaciones ecologistas tanto por el uso de agroquímicos como por la extracción intensiva de agua del subsuelo para regar los sembradíos.[related_articles]
“No hemos escuchado nada sobre agroquímicos, pero el interés nuestro es ese, que haya modo de regularlos para que no afecten nuestras vidas”, sostuvo a IPS la activista Ana Dolores Rosales, oriunda del caserío Las Monjas, parte del municipio de San Luis Talpa, en el central departamento de La Paz.
Esta comunidad de 800 familias campesinas ha sido afectada por el riego aéreo con pesticidas de un cañaveral de 209 hectáreas que circunda el caserío, pues sus huertos caseros se han secado al ser alcanzados por los químicos, como lo atestiguó IPS durante un viaje a la zona en julio del 2016.
También, algunos pozos se han secado debido al uso intensivo del agua del subsuelo para regar el cultivo.
Mientras, el candidato por el FMLN a la alcaldía del municipio de la Laguna, en el norteño departamento de Chalatenango, Rodolfo Calles, explicó a IPS que desde las municipalidades se puede trabajar con eficacia en la defensa del medioambiente.
“Se puede hacer bastante desde las municipalidades, haya o no ley de agua, por ejemplo”, acotó a IPS.
Parte de su oferta política incluye desarrollar un trabajo de coordinación con otros seis municipios de la zona, aglutinados en la Mancomunidad La Montañona, cuyo eje principal es el de conservar el ecosistema de ese macizo, para salvaguarda el caudal de varios ríos de esa región.
