La indígena guatemalteca Carmelina Chun incrementó sus ingresos y reforzó la seguridad alimentaria de su familia gracias a la introducción de tecnologías que permiten ahorrar tiempo, como pulverizadoras, para aplicar biofertilizantes, y germinadoras de semillas.
“Hemos aprendido a elaborar plaguicidas y biofertilizantes con productos de nuestra comunidad, ya no los compramos a las grandes empresas. Prácticamente todo lo que producimos va para alimentar a nuestras familias”, relató Chu, madre de una niña y un niño, en diálogo con IPS.
La indígena k’eqchí, uno de los 24 pueblos que viven en Guatemala, es una de las 850 beneficiadas en tres municipios del departamento de Alta Verapaz, unos 460 kilómetros al norte de Ciudad de Guatemala, por un proyecto de empoderamiento económico iniciado en 2015 y que concluirá en abril próximo.
Las mujeres recibieron capacitación y pulverizadoras, sembradoras y germinadoras de bajo costo, con lo cual aumentaron sus ingresos, diversificaron los cultivos, redujeron el tiempo de trabajo y, con ello, participaron en el debate y el diseño de políticas comunitarias.
Las aborígenes siembran una decena de cultivos, como maíz, tomate y frijol sobre 0,04 hectáreas en una región lacerada por la pobreza y la marginación, así como la presencia de palma africana e hidroeléctricas.
Si bien este emprendimiento muestra el avance alcanzado por las mujeres indígenas en América Latina y el Caribe en la última década, aún deben hacer frente a la desigualdad, la discriminación, la pobreza, la falta de acceso a tierras y a servicios básicos, además de sufrir violencia.
En ese contexto, se coaligaron para combatir esos flagelos y caminar hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial la erradicación del hambre y la igualdad de los sexos y el empoderamiento femenino para 2030.
Con ese propósito, unas 230 representantes de 11 gobiernos latinoamericanos, organizaciones regionales de pueblos indígenas y de organismos internacionales se dieron cita en Ciudad de México en el foro de alto nivel “Empoderar a las mujeres indígenas para erradicar el hambre y la malnutrición en América Latina y el Caribe”, convocado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Entre el 12 y el 13 de este mes, las asistentes debatieron sobre discriminación y derechos; biodiversidad y sistemas alimentarios indígenas; y consentimiento libre, previo e informado.
“No se puede hablar de lucha contra el hambre, si no tenemos incidencia en las políticas, los presupuestos y los programas dirigidos a las mujeres indígenas. Seguimos teniendo políticas que no se refieren específicamente a las mujeres indígenas”, cuestionó la parlamentaria quechua Tania Pariona, del movimiento Nuevo Perú, al ser consultada por IPS.
En la región habitan más de 26 millones de mujeres indígenas, repartidas en unos 826 grupos étnicos.
Si bien países como Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua y Perú aplican cuotas obligatorias de representación política de mujeres, esos esquemas han favorecido poco a las representantes indígenas. Casi todos los países de la región cuentan con planes nacionales y programas centrados en mujeres, pero su impacto sobre las aborígenes es reducido.
Por ejemplo, América Latina y el Caribe destina menos de uno por ciento del presupuesto a cuestiones indígenas. Además, la ausencia de estadísticas desagregadas sobre mujeres indígenas es notoria y dificulta el tratamiento de las inequidades que padecen.
La guatemalteca Teresa Zapeta, directora ejecutiva del no gubernamental Foro Internacional de Mujeres Indígenas, reconoció avances y alertó de los desafíos existentes. “En políticas públicas nos encontramos ante el reto de que no se aplican, no hay presupuesto. Por eso, tenemos que estar presente en todas las decisiones”, subrayó la indígena kak’chiquel.
Las indígenas recomendaron a los gobiernos y a la ONU adoptar medidas especiales para promover y fortalecer políticas y programas para el sector que permitan su plena participación, con apego a la interculturalidad, su diversidad cultural, y así diseñar el desarrollo sostenible necesario para erradicar la pobreza que las afecta.
Además, solicitaron fortalecer la contribución de las mujeres agricultoras al desarrollo sostenible, a la seguridad alimentaria y la nutrición; el bienestar económico de sus pueblos, familias y comunidades, y la promoción del desarrollo agrícola y rural.
Los 17 ODS se refieren a temas como la disminución de la pobreza y hambre cero, la igualdad de género, el acceso a la salud y la educación de calidad, la lucha contra el cambio climático, el desarrollo económico, los ecosistemas saludables, el derecho a la energía asequible y no contaminante y la participación de la sociedad civil, entre otros.
Los objetivos constan de 232 indicadores asignados para las 169 metas específicas.
El ODS 2 incluye solo dos indicadores vinculados a pueblos indígenas, como duplicar la productividad agrícola y los ingresos de pequeños productores de alimentos, entre ellos, los grupos originarios.
Otro indicador versa sobre la media de ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, desglosada por sexo y condición indígena. Pero el ODS 5 carece de indicadores relativos a mujeres aborígenes.[related_articles]
Organizaciones regionales de mujeres indígenas preparan varios informes para visibilizar las barreras que enfrentan en la vida social, económica y política.
Divulgarán un reporte sobre la importancia y la situación del acceso a la tierra y el territorio durante el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, la plataforma de Naciones Unidas para el seguimiento y la revisión de los avances de la Agenda 2030- sobre cinco ODS, que se realizará del 9 al 18 de julio en Nueva York.
En esa reunión, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Jamaica, México, Paraguay y Uruguay entregarán sus informes nacionales voluntarios sobre la marcha de los ODS.
“Ahora entramos a la etapa del empoderamiento económico. Esa autonomía es un ejercicio de derechos. Tiene que ver con acceso a mercados, tierra, tecnología, cadenas productivas. Si no trabajamos con los pueblos indígenas, no lograremos eliminar el hambre”, declaró la uruguaya María Acosta, especialista en género y pueblos indígenas de la FAO, a IPS.
El acceso al territorio se convirtió en un tema conflictivo en los últimos 20 años debido al despunte del extractivismo –exploración y explotación de hidrocarburos, minería, aprovechamiento forestal y represas- y que amenaza los derechos de los pueblos originarios.
Ante ello, las mujeres indígenas han mutado en defensoras del territorio, lo cual las ha sometido a amenazas, persecución y asesinato.
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, integrado por 23 expertas responsables de vigilar el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, vigente desde 1981, prepara una revisión sobre el estado de los derechos de las aborígenes.
“No solo los hombres deben tener oportunidad de desarrollar proyectos productivos o acceder a capacitación. Es importante el trabajo de las lideresas que enseñan a otras mujeres a producir alimentos”, resaltó Chu, quien fue presidenta del Comité comunitario de mujeres.
Para Acosta, es necesario mantener los avances en participación política y aprovechar “la fuerte relación de las mujeres con las actividades económicas” para combatir el hambre y la malnutrición.
Editado por Verónica Firme
