LIMA – La Fiscalía de Perú archivó la investigación por esterilizaciones forzosas a finales del siglo pasado a más de 300 000 mujeres campesinas e indígenas, y a 24 000 hombres, pese a reconocer que se trató de un crimen de lesa humanidad.
Para cerrar de esa manera el caso, el organismo invocó la Ley 32107 “que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana”, del 9 de agosto de 2024, calificada por organizaciones de derechos humanos como “ley de impunidad”.
Según esa ley, prescribieron los casos de crímenes de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002, cuando entró en vigor en la legislación peruana el Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como los de agresión y genocidio.
La campaña de esterilizaciones fue lanzada por el fallecido presidente derechista Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la actual presidenta Keiko Fujimori, y derivó en más de 314 000 esterilizaciones de mujeres y 24 000 de hombres.
Muchas de esas esterilizaciones, destinadas a limitar la natalidad, se hicieron bajo coacción y sin consentimiento válido, afectando sobre todo a mujeres indígenas y en condición de pobreza o pobreza extrema.
La ley que prescribe en Perú los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002 fue impulsada por el partido Fuerza Popular, de la presidenta Fujimori, y respaldada por otras formaciones derechistas durante la legislatura 2021-2026.
Las investigaciones las esterilizaciones forzadas se iniciaron en la primera década de este siglo y se cerraron en 2014, pero desde 2015 se reabrieron con casos como el de la campesina Celia Edith Ramons Durand, por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable al Estado peruano.
La Cuarta Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos llevaba hasta este octubre una investigación sobre 52 personas por su presunta responsabilidad en casos de esterilizaciones forzadas.
Entre los inculpados destacaba el senador Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, quien fue viceministro y ministro de Salud de Alberto Fujimori.
El pasado 22 de octubre el fiscal Jesús Víctor Dávila Rojas produjo la resolución que cierra el caso, tras admitir que las esterilizaciones se realizaron sin el consentimiento libre e informado de las personas.
El documento menciona que “existen evidencias para afirmar que los hechos vinculados al denominado caso esterilizaciones forzadas, ocurridos entre el 28 de julio de 1990 y el 22 de noviembre de 2000 se clasifican en los delitos de lesiones graves y de lesiones graves seguidas de muerte”.
Dávila precisa que las intervenciones quirúrgicas se practicaron “sin el consentimiento libre, previo, pleno e informado de las agraviadas”, por lo que se trató de “esterilizaciones forzadas”.
De acuerdo con el derecho internacional “se trata de un crimen de lesa humanidad, al haberse cometido como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra un sector de la población civil, en ejecución de una política de Estado y con conocimiento de dicho ataque por parte de los autores”, señala la resolución.
El documento dice que las esterilizaciones obedecieron al “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar”, lanzado por Fujimori.
Detalla que en 1996 el Ministerio de Salud fijó cuotas de operaciones quirúrgicas para distintas regiones y promovió jornadas denominadas “Festivales de la Salud”.
La investigación recoge que presuntamente hubo estímulos y reconocimientos al personal médico y sanitario para incrementar la cantidad de ligaduras de trompas y vasectomías realizadas.
También que, en 1997, el entonces ministro de Salud, Marino Costa Bauer, enviaba informes a Fujimori sobre el avance del programa. Uno de ellos reportaba 38 624 intervenciones hasta mayo de ese año.
La investigación identificó un total de 4172 personas como agraviadas por lesiones graves, y cinco mujeres por lesiones graves seguidas de muerte: Celia Edith Ramos Durand, María Mamérita Mestanza Chávez, Alejandra Aguirre Auccapiña, Reynalda Betalleluz Aguilar y María Genoveva Espínola Otiniano.
En octubre de 2024, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas concluyó que hubo una violación de derechos humanos en el caso de esterilizaciones forzadas entre los años 1996 y 1997, durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori.
En su sentencia de marzo de 2026, sobre el caso Ramos Durand, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el programa de esterilizaciones fue organizado y dirigido desde los más altos niveles del Estado.
Ese programa “se implementó mediante coerción y amenazas ejercidas por funcionarios públicos que recibían incentivos por captar mujeres rurales, indígenas y con bajos niveles de instrucción”.
Ellas eran presionadas para someterse a procedimientos de anticoncepción definitiva “a cambio de beneficios, o mediante el uso de información sobre presuntos riesgos a la salud que no estaban acreditados”.
La Corte señaló que la violencia psicológica ejercida para someter a una esterilización viola derechos humanos. Al ser un delito que no prescribe, quienes resulten responsables no podrían ser indultados, lo que en la práctica acaba de ocurrir por decisión de la fiscalía peruana.
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