Trece años después del acuerdo de paz que puso fin a una guerra civil de una década en Bougainville, una región insular autónoma de 300.000 personas ubicadas al este de Papúa Nueva Guinea (PNG) continental, el trauma y el dolor no abandonan a las familias de aquellos que continúan desaparecidos.
El gobierno autónomo de Bougainville, que considera el problema una barrera para la reconciliación y el desarrollo del territorio en el Pacífico sur, adoptó una política en septiembre con el fin de comenzar a responder las interrogantes de las familias y permitirles cerrar el tema.[pullquote]3[/pullquote]
«Esto es muy importante para la reconciliación”, declaró Nick Peniai, jefe del Departamento de la Paz y la Reconciliación del gobierno de Bougainville.
«La mayoría de los culpables no admiten su responsabilidad” en el destino de los desaparecidos “a menos que se les asegure la reconciliación una vez que los restos sean recuperados e identificados”, aseguró. La «reconstrucción recién tendrá sentido para las familias cuando se reencuentren con sus seres queridos”, añadió el funcionario en diálogo con IPS.
No existen datos precisos sobre las pérdidas humanas sufridas durante las hostilidades entre las Fuerzas Armadas de PNG y los grupos armados indígenas que protagonizaron un levantamiento en 1989 y que provocaron el cierre de la mina de cobre de Panguna, antes operado por la empresa australiana Bougainville Copper Ltd. No obstante, algunos calculan que la cifra podría ascender a 20.000 muertos.
A la mina, una fuente de ingresos importante para el gobierno de PNG en ese momento, se le atribuía la responsabilidad por la pérdida de tierras ancestrales, devastación ambiental y el aumento de la desigualdad. El conflicto continuó luego de que el gobierno impuso un bloqueo al territorio en 1990, y el alto al fuego permanente recién se logró en 1998.
Hoy en día muchas familias continúan la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, según informa la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) de la Organización de las Naciones Unidas. La incertidumbre sobre su suerte mantiene vivo el recuerdo y el sufrimiento de la guerra en las distintas localidades.
«Necesitamos la reconciliación de un extremo de la isla al otro…. debemos restaurar la relación con los cuerpos que se pudrieron en la selva retornándolos a sus aldeas y dándoles un entierro digno”, opinó un dirigente de la aldea de Guava, próxima a la mina de Panguna, según cita un informe de Jubileo Australia.
Solo ha sido posible tratar este tema delicado recientemente, según Peniai.
«No habría sido posible obtener información sobre las personas desaparecidas inmediatamente tras el acuerdo de paz hace 13 años debido al temor por la vida de las personas que tenían la información. Lo mismo ocurría con los responsables de los asesinatos, en el caso de que se revelaran sus identidades. Los familiares de los desaparecidos tampoco investigaban, por la misma razón del miedo», explicó.
Ahora las condiciones son más propicias ya que la gente está dispuesta a discutir libremente el tema y se dieron algunas mejoras en el sector de la justicia, lo cual reforzó la confianza, comentó Peniai.
La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas obliga a las partes en conflicto, incluidos los gobiernos, las fuerzas militares y los grupos armados, a tomar todas las medidas posibles para buscar y devolver a las personas desaparecidas, o sus restos, a sus familias.
La política adoptada en septiembre por Bougainville atiende a las necesidades humanitarias de las comunidades afectadas, pero excluye la posibilidad de llevar a los responsables ante la justicia así como las reclamaciones de indemnización. Sí contempla la búsqueda de información sobre el paradero de las víctimas, la identificación de sitios de entierro, exhumación e identificación forense de los restos antes de su regreso a los familiares para su entierro.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) brindará asesoramiento al gobierno para aplicar esta política.
Las familias de los desaparecidos «pueden tener necesidades psicosociales que requieran atención médica, incluso años más tarde. Esta es una necesidad importante en Bougainville», sostuvo Gauthier Lefèvre, jefe de misión del CICR en Papúa Nueva Guinea.
«Muchos también pueden tener dificultades económicas o estar en una posición vulnerable en la sociedad debido a la ausencia de sus redes de contención habituales», agregó.
El CICR asiste en situaciones de reconciliación similares en otras zonas donde hubo conflictos armados, como Bosnia-Herzegovina, Croacia, Irán e Iraq. La organización humanitaria destaca que estas medidas son vitales para ayudar a la población a superar la ira y la desconfianza. De lo contrario, esa carga puede transmitirse a las generaciones más jóvenes que podrían heredar una sensación de humillación e injusticia.
La Agencia de Desarrollo de las Mujeres Leitana, una organización no gubernamental local, afirma que el trauma sin atender es una causa directa en los altos niveles de alcohol y violencia de género, incluidas las violaciones, que imperan en las islas tras el fin de la guerra civil de Bougainville.[related_articles]
Solo en los meses de abril, julio y agosto de 2010, la policía recibió denuncias de 84 delitos sexuales, 261 casos de violencia de género y 16 de maltrato infantil.
Devolver los restos de los seres queridos «es un asunto pendiente en el camino hacia la sanación, el perdón, la rehabilitación y la reconstrucción de comunidades enteras», en Bougainville, subrayó Acnudh.
Esto permitirá “el cierre del tema e incluso sanará psicológicamente a las familias de las personas desaparecidas y, en algunos casos, resolverá cuestiones jurídicas relacionadas con la propiedad de la tierra y la herencia», explicó Lefèvre. Eso “sin duda tiene un impacto en el desarrollo humano y social en las zonas donde hubo conflicto», añadió.
Peniai cree que habrá beneficios para el desarrollo humano ya que “una sociedad verdaderamente reconciliada es probable que sea más estable”.
El proceso de paz en Bougainville recibe desde 2001 la asistencia de la ONU y donantes internacionales, pero los problemas de desarrollo de la comunidad autónoma siguen siendo enormes. La esperanza de vida es apenas de 59 años y la tasa de mortalidad de menores de cinco años es de 74 por cada 1.000 nacidos vivos, en comparación con el promedio mundial de 46, según informa el Instituto Nacional de Investigación.
En Bougainville Central, donde se originó el conflicto, 56 por ciento de los habitantes no tienen acceso al agua potable y 95 por ciento carecen de servicios de saneamiento, según datos de la organización humanitaria World Vision.
Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga
