Las comunidades de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, al sur de Ciudad de México, preservan 3.000 de sus 7.619 hectáreas de bosques a cambio de pagos por servicios ambientales. Pero en ellas se reproduce una inequidad que es muy poco ecológica.
Son 484 hombres y 120 mujeres que poseen predios de entre media y ocho hectáreas y se organizan en el Comisariado de Bienes Comunales. Por preservar el bosque y cuidar el agua reciben de los gobiernos federal y capitalino beneficios como árboles, semillas, invernaderos y otros insumos.
Tareas sobran: desde vigilar el bosque para impedir la tala o los incendios hasta realizar gestiones ante las autoridades.
Y los recursos no son despreciables.
Desde 2012, este grupo de comuneros (campesinos que trabajan tierras comunales) participa del programa de pagos por servicios ambientales financiado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la constructora privada Ingenieros Civiles Asociados (ICA), que aportan 123 dólares anuales por hectárea para limpiar el bosque, construir barreras vivas y sembrar árboles
No se trabaja en todos los predios al mismo tiempo, sino en forma rotativa, para que los beneficios se vayan moviendo en una superficie de 220 hectáreas.
Además, entre 2012 y 2013, Conafor les concedió unos 300.000 dólares para la restauración de microcuencas.
Pero las mujeres solo participan en actividades de reforestación y recolección de basura.
“Hasta julio vamos a reforestar, cuando llegue la temporada de lluvia. El problema es que los trabajos para las mujeres son muy limitados”, dijo a IPS una de las 120 comuneras, Alma Reyes, de 42 años y madre de dos niñas y un varón.
Reyes venció décadas de exclusión en 2010, cuando se postuló y fue elegida secretaria del Comisariado, uno de los tres cargos más importantes de la organización.
Pero en agosto de 2013 terminó su gestión, y Reyes duda de que esa experiencia se repita con otra mujer.
“Prevalece una mayoría machista, y las leyes no se aplican”, señaló. Las mujeres “no tienen injerencia en lo que se hace, en el reparto de beneficios ni en la toma de decisiones”, cuestionó.
En 2013 se aprobaron pagos similares para 52.000 hectáreas en todo el país. Y para un período de cinco años, Conafor avaló servicios ambientales de unos 77 millones de dólares para 471.000 hectáreas.
A primera vista, estos proyectos rinden: la mayoría de los niños van a la escuela, se come tres veces al día y la gente no abandona las comunidades. Pero faltan indicadores para medir la mejora de las condiciones de vida tanto de los hombres como de las mujeres.
El caso de las comuneras del Ajusco ilustra cómo el rol de las mujeres no es relevante en el marco legal mexicano para responder al cambio climático.
La Ley General de Cambio Climático, vigente desde 2012, carece casi de referencias a la participación femenina.
La única mención, en el artículo 71, sostiene que los planes estaduales se elaborarán “procurando siempre la equidad de género y la representación de las poblaciones más vulnerables”.
“Todas las leyes son perfectibles. Lo estamos revisando, pues al aplicar la ley se hallan detalles. Queremos dar seguimiento a los planes de cambio climático y a cómo los aplica el Poder Ejecutivo”, dijo a IPS la diputada y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lourdes López.
La diputada del Partido Verde Ecologista y coordinadora del capítulo mexicano de la Organización Global de Legisladores para el Equilibrio Ambiental (GLOBE International), es una de quienes promueven más reformas.
La ley convirtió en obligatoria la meta de reducir en 30 por ciento las emisiones nacionales de gases invernadero para 2020, sujeta a la disponibilidad de recursos financieros y transferencia de tecnología, señala el mayor estudio sobre legislaciones climáticas, que analiza la situación de 66 países y fue publicado en febrero pro GLOBE International, una red mundial de parlamentarios preocupados por los problemas ambientales.
La diputada por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática, Martha Lucía Micher, cree que las leyes y la toma de decisiones deben incluir más y mejor a las mujeres.
“¿Cómo desarrollar políticas si se ignora a las mujeres? ¿Cómo impulsar proyectos sostenibles si ellas no participan? No nos encontramos suficientemente representadas en instancias de decisiones del cambio climático”, cuestionó Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.
Las dos comisiones legislativas presididas por López y Micher, además de activistas y académicas formaron un grupo de trabajo para plantear cambios a las leyes relativas al cambio climático, con el fin de que contengan perspectiva de género.
Con 118 millones de habitantes, México está muy expuesto a la variabilidad del clima y ya padece manifestaciones como tormentas devastadoras más frecuentes, sequías intensas, elevación del nivel del mar y pérdida de diversidad biológica.
La pobreza afecta a 51,3 por ciento de la población, y una parte importante de las mujeres, sobre todo en zonas rurales, soportan lo peor, pues recaen sobre sus hombros la búsqueda de agua y alimentos y la protección de las familias en caso de desastres.
La ausencia de género en las normas climáticas contrasta con otras áreas.[related_articles]
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece la incorporación del género en todos los programas de gobierno, para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.
Y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 ordena incorporar “el género en la detección y disminución de riesgos, la atención a emergencias y la reconstrucción en desastres naturales y antropogénicos”, así como “en las políticas ambientales y de sustentabilidad”.
Leticia Gutiérrez, asesora de políticas de la no gubernamental Alianza MéxicoREDD+, dijo a IPS que “aún prevalecen enfoques que ubican a las mujeres como grupo vulnerable y se enfocan en la promoción de proyectos productivos sin que se logre incidir en las causas estructurales de la desigualdad de género”.
La Alianza patrocinó un estudio que analiza las principales leyes y políticas de México, así como el gasto público destinado a la igualdad entre hombres y mujeres en relación con el mecanismo REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques).
El documento, elaborado por la Oficina Global de Género de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), concluyó que si bien existe un marco jurídico y programático que obliga a sumar la perspectiva de género, “aún se observa una insuficiente transversalidad de estos enfoques en las políticas forestales, agrarias, ambientales y climáticas”.
México se ubicó en el lugar 21 del Índice de Género y Ambiente de la UICN, que evaluó a 72 países. Islandia encabezó esta medición, y el último puesto lo ocupó República Democrática del Congo.
Los logros y propuestas “suenan muy bonito”, dijo Alma Reyes. “Ojalá se practiquen, porque en todos lados se pide equidad de género”.
