Las encuestas en Colombia vaticinan que ninguno de los cinco candidatos obtendrá más de la mitad de los sufragios en las elecciones presidenciales de este domingo 25, así que es probable que el próximo gobernante se decida en la segunda vuelta, el 15 de junio.
La votación definitiva sería, anticipan los sondeos, entre el centroderechista Juan Manuel Santos, actual presidente, y Óscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático (CD), el partido de extrema derecha del expresidente y senador electo Álvaro Uribe (2002-2010).
Lo paradójico es que, en esta ocasión, el CD habla como la izquierda desde hace 65 años sobre las elecciones: “Falta absoluta de garantías”.
Para un experto estadístico que pidió ocultar su identidad, ninguna encuesta electoral colombiana es seria, porque “lo que buscan no es medir, sino influir. Crear matrices de opinión”.
Además, una encuesta apropiada tendría que preguntar a 10.000 personas en 80 municipios, de los 1.118 en que se subdivide Colombia. “Costaría medio millón de dólares, y eso nadie lo va a hacer”, dijo.
Ochenta por ciento de los municipios siempre votan igual en este país. Es la llamada “maquinaria” traducida en empleos y contratos estatales o subsidios. Un clientelismo muy relacionado con la pobreza.
La pelea es por el voto de opinión y busca estimular el sufragio “en contra de”.
La prensa también tiene sus preferencias: según la coalición no gubernamental Misión de Observación Electoral, 40 por ciento de las menciones periodísticas se dedican a Santos.
Los otros más mencionados son Marta Lucía Ramírez, del partido conservador y penúltima en la encuesta de la empresa Ipsos, con 21 por ciento, Zuluaga, con 20 por ciento, Clara López (izquierda), 11 por ciento, y Enrique Peñalosa (centrista, partido verde y el último según Ipsos), ocho por ciento .Sea como sea, Uribe logró escalar a su candidato como el retador de Santos. el sondeo de Ipsos, basado en 1.184 entrevistas en 56 municipios, los muestra empatados.
El exmandatario parece omnipresente en esta campaña.
Santos y Ramírez en la cartera de Defensa, y Zuluaga en la de Hacienda, fueron ministros suyos.
Aún se recuerda cómo Uribe le sostenía el megáfono a Peñalosa durante la campaña de este en 2011, cuando intentó llegar por segunda vez a la alcaldía de Bogotá, una elección que ganó el izquierdista Gustavo Petro.
Incluso López (1950) estuvo vinculada en su juventud con Uribe (1952).[related_articles]
“Salimos juntos” en los años 70, reveló ella a RCN Radio, de lo cual le quedó de recuerdo un anillo que ya no le cabe. Ahora están en las orillas más opuestas.
En definitiva, todos los candidatos, a excepción López, son intérpretes del modelo neoliberal que preconiza la reducción del Estado para dejarle la cancha al sector privado.
El miércoles 21, Uribe profundizó las sospechas de que el CD podría desconocer los resultados electorales si su candidato pierde, al negarse a responder a periodistas preguntas directas en ese sentido en la emisora W Radio.
Dos días antes, el miembro del comité político del CD, Sergio Araújo (con familiares condenados por sus relaciones con la ultraderecha paramilitar), dio a entender en la misma emisora que su partido podría no acatar el resultado, aunque luego aclaró que esta no es la posición oficial de Zuluaga.
En entrevista con W Radio, Araújo describió el sistema electoral de este país andino: “Estamos frente a una autoridad electoral -que es la superior del registrador-, autoridad electoral que está representada por magistrados, que todos pertenecen claramente a partidos porque así lo concibió mal la ley, partidos todos que están bajo el auspicio burocrático del señor presidente de la República, quien es candidato a la reelección”.
El dirigente se refería al Consejo Nacional Electoral, de nueve magistrados, al jefe de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a Santos. El “orden de jerarquía”, según Araújo, es que todos tienen una “relación de subordinación política al presidente-candidato”.
Como prueba de falta de garantías figura, según Araújo, que una delegación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) participará en la verificación de los comicios. “Imagínese usted, el socio político del proceso de paz y del gobierno de Venezuela, y del (fallecido) presidente (venezolano Hugo) Chávez…”, dijo.
Y es que el CD apunta sus baterías contra la negociación que el gobierno de Santos adelanta en La Habana desde octubre de 2012 con la guerrilla comunista FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), para poner fin a 50 años de guerra.
De hecho, Zuluaga promete suspender la negociación “durante ocho días”, hasta llevar a la guerrilla a un cese del fuego unilateral permanente. Esto equivaldría a una rendición, la fórmula fallida de Uribe durante sus ocho años de gobierno.
En el último mes, el CD ha sido centro de escándalos y Zuluaga está en el ojo del huracán, acusado de prohijar el supuesto espionaje de su campaña a los negociadores de paz y al propio presidente Santos.
Por cuenta de este Watergate criollo, ya un infotraficante, asesor del CD en campañas sucias, Andrés Sepúlveda, está tras las rejas, luego de que su oficina fuera allanada el 5 de mayo por la Fiscalía General de la Nación.
En un video tomado subrepticiamente por un hacker español que trabajaba con Sepúlveda y lo denunció, se ve al pirata informático reunido con Zuluaga, diciendo que tiene acceso a información de seguridad nacional de Estados Unidos.
Concretamente menciona “a los aviones Awac, que son los que monitorean las comunicaciones de ellos (las FARC)”. También tendría tratos con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de ese país.
Sepúlveda, por si fuera poco, parece haber comprado información de inteligencia a militares activos colombianos que trabajaban en una operación conocida como Andrómeda, cuya fachada fue allanada por la Fiscalía en febrero, en un episodio aún por aclarar.
Mientras, Zuluaga es cercado a preguntas por los periodistas, que muestran que mintió cuando trató de minimizar sus relaciones con el ciberespía Sepúlveda.
Para desviar la atención, según algunos, Uribe dijo casi simultáneamente que la campaña de 2010 de Santos habría recibido dos millones de dólares de narcotraficantes a través de un exjefe de Sepúlveda, el venezolano experto en campañas sucias Juan José Rendón, furibundo antichavista que ha asesorado a candidatos en varios países latinoamericanos.
Cuando la Fiscalía citó a Uribe para ampliar la denuncia, este no entregó pruebas porque, argumentó, esa entidad no le brinda garantías. Así que prometió hacerlo -solo después de elecciones- ante el Procurador General de la Nación, un polémico funcionario de extrema derecha del orden disciplinario.
En medio del duro rifirrafe de la campaña pasaron casi desapercibidas aquí noticias cruciales desde La Habana, el as bajo la manga con el que contaba Santos para mover la esperanza de paz de los votantes y, de paso, barrer en votos en las elecciones.
Una de las novedades fue el preacuerdo sobre un tercer punto, del total de seis de la agenda de negociación con las FARC, que busca, ni más menos, soluciones al problema de las drogas ilícitas.
Otra fue el anuncio de un cese del fuego unilateral guerrillero durante una semana en torno a esta primera vuelta electoral.
El cese de hostilidades no cobija solo a las FARC, sino al ELN (Ejército de Liberación Nacional, también a punto de cumplir medio siglo), una guerrilla con menor número de combatientes, aunque de influencia en determinadas comunidades rurales y sectores urbanos.
Santos adelanta acercamientos con el ELN desde 2012, pero el inicio de negociaciones formales de paz entre las dos partes sigue en la espera.
