El paisaje de ciudades y pueblos de Cuba ha cambiado: donde antes solo se veían consignas políticas, hoy florecen letreros luminosos ofreciendo lo mejor de la gastronomía local e internacional y hospedaje con aire acondicionado, muestras de un emergente sector privado impensable hasta hace muy poco.
A raíz de la política migratoria que entró en vigor en 2013, ciudadanos de este país realizaron más de 250.000 viajes al exterior entre el 14 de enero y el 30 de noviembre, según datos oficiales.
Como ya no se necesitan permisos de salida ni cartas de invitación desde el país a visitar, connotados disidentes pudieron salir y regresar a Cuba sin problemas, tras décadas de prohibiciones.
En 2011 la ciudadanía había recuperado el derecho individual de propiedad de sus casas y automóviles que hasta entonces solo podía vender al Estado. Al finalizar 2013 se le ha anunciado que podrá adquirir un auto sin la hasta ahora obligatoria carta del Ministerio del Transporte. El trago amargo va en los precios del mercado estatal, que se equipararán a los del subterráneo.
Muchas personas que ahorraron para comprarse un vehículo suponen que ahora no podrán hacerlo porque los nuevos precios serán tres veces mayores que sus posibilidades.
Mercedes, oficinista jubilada de 67 años con una pensión equivalente a unos 11 dólares y una hija incapacitada, se siente ajena a esos cambios. “El dinero no me alcanza para vivir. Mis vecinos me aconsejan que alquile una habitación, pero primero tendría que arreglar mi apartamento y no tengo recursos para hacerlo”, comenta a IPS esta mujer que pidió no divulgar su apellido.
“El problema no va por la lentitud de las reformas, sino en cómo las perciben y llegan a la gente”, concluye Bélkis González, profesional de las comunicaciones. Más allá del declarado propósito gubernamental de que nadie quedará desamparado ni habrá “terapias de choque”, las brechas e inequidades se mantienen.
Durante las discusiones previas al plan de reformas aprobado en 2011 por el gobernante Partido Comunista de Cuba, especialistas alertaron que el documento base debía incluir ingredientes sociales mucho más explícitos y fuertes que los enunciados.
«El texto tiene una impronta economicista totalmente justificada”, porque de lo contrario “no hay proyecto social”, reconocía entonces a IPS la socióloga Mayra Espina. Pero es «algo simplista” la idea de que actuar preferentemente sobre lo económico va a generar influencias positivas sobre las dimensiones sociales, añadía.
Según estudios citados por Espina y otros especialistas, la población urbana en pobreza de ingresos y necesidades básicas insatisfechas aumentó de 6,3 por ciento en 1988 a 20 por ciento en 2000. Esa estampida de la vulnerabilidad social obedece al impacto de la recesión económica en que cayó el país a inicios de los años 90, tras la desaparición del campo socialista europeo del que dependía.
De acuerdo al censo de 2012, 76,8 por ciento de la población de este país es urbana, ligeramente superior a la de 2002, que fue de 75,9 por ciento. El total de habitantes llegó a 11.167.325, es decir 10.418 personas menos que en 2002. Y dos millones tienen 60 años o más.[related_articles]
En 2012, el gobierno de Raúl Castro dispuso un subsidio estatal a personas de escasos recursos que necesitaran reparar o construir viviendas. La medida se vio como el comienzo de un proceso para subvencionar a la gente y no a los productos.
En la misma línea se pospone la eliminación de la libreta de abastecimiento racionado de alimentos, un sistema cuyo subsidio que le ha costado este año al Estado 2.437 millones de dólares.
Los pobres están en desventaja para aprovechar las oportunidades de los cambios, pues están menos capacitados, carecen de recursos para ejercer un trabajo por cuenta propia y no reciben remesas de sus familiares desde el exterior, un salvavidas que ha permitido a muchas familias capear el temporal, aunque no existe estimación oficial de su monto anual.
«Sería decisivo implementar políticas no solo de asistencia y amparos a los vulnerables”, puestas en práctica de acuerdo al plan de reformas, sino también «de carácter afirmativo» para reducir las inequidades, sostiene Espina.
Una de las transformaciones más integrales comenzó en 2008 en el agro. Pero aún no da resultados y los precios de los alimentos siguen altos, pues las fuerzas productivas siguen frenadas ante la falta de medidas que faciliten su desarrollo e independencia para tomar decisiones, estiman expertos como el economista Armando Nova.
Ahora, 70 por ciento de la tierra está en manos de entidades no estatales, responsables de más de 75 por ciento de la producción total de alimentos.
Entre ellas, las cooperativas y los agricultores privados, que detentan alrededor del 24 por ciento de la tierra agrícola, producen más de 57 por ciento de los alimentos de origen vegetal y animal. “O sea que hay eficiencia demostrada”, opinó Nova en una entrevista que circuló por Internet.
Más de 440. 000 personas son cuentapropistas en casi 200 oficios autorizados. Pero la falta de un mercado mayorista para comprar sus insumos, el escaso poder adquisitivo de la gran mayoría de los potenciales consumidores y los impuestos conspiran contra su éxito.
El gobierno parece querer desarrollar las cooperativas no agropecuarias. Ya hay 270 autorizadas y en funcionamiento y 228 esperan aprobación. El vicepresidente Marino Murillo explicó ante el parlamento que esa prioridad obedece al carácter más social de su producción y distribución de los recursos que genera.
Las autoridades pretenden que, para 2016, 40 por ciento del empleo se genere fuera de las empresas estatales.
Otro tema pendiente es la convergencia de las dos monedas cubanas, una de ellas, el CUC, cotizada con referencia al dólar y otras divisas.
«En ningún caso las personas tendrían afectaciones a su poder de compra. Se respetará la capacidad financiera del CUC», dijo Murillo, un sedante para ese 60 por ciento de la población que se estima tiene acceso a divisas.
Pero los cambios no han entrado en hogares como el de Mercedes, incluso cuando se mantiene atención de salud gratuita, vital para ella y su hija.
«Yo sé que (el expresidente y líder histórico) Fidel (Castro) y Raúl (Castro) piensan en gente como nosotros, pero ellos ya tienen más de 80 años. ¿Cómo será con los que vienen detrás (en el gobierno)?. Si quitan la libreta (de alimentos racionados), ¿qué comeremos?», se pregunta.
