En contraste con la mayoría de las revueltas sociales en el mundo, en Nicaragua son los adultos mayores los protagonistas de una protesta, que comenzó en demanda de una pensión mínima y cuya dura represión generó una ola solidaria popular y avivó la agitación en las calles.
Tras una semana de las mayores movilizaciones en este país en años, el gobierno del izquierdista Daniel Ortega inició este martes 25 un diálogo con representantes de la no gubernamental Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM) sobre compensaciones económicas a los trabajadores sin pensión, atención médica, prótesis y alimentos.
Pero el presidente de la UNAM, Porfirio García, dijo a IPS que ese diálogo no paralizará sus protestas “pacíficas y sin tintes políticos”.
Otra lideresa, Alma Mendoza, precisó: “Volveremos a las calles hasta que logremos la ley que pedimos”.
Todo comenzó el 17 de este mes, cuando la UNAM, con 15.000 miembros, convocó a concentraciones ante las oficinas del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) de todo el país para demandar la restitución de pensiones suspendidas en los años 90 por presiones de organismos financieros multilaterales.
García detalló a IPS que el objetivo inicial era tomar indefinidamente todas las sedes del INSS, hasta que el gobierno y la Asamblea Nacional legislativa aprobaran una ley de pensión mínima para más de 15.000 trabajadores retirados que no completaron las 750 cotizaciones semanales exigidas para tener derecho a ella.
Pero después la protesta se trasladó a las calles de Managua. “De las calles no nos sacarán. O nos dan la pensión o nos morimos en ellas”, reiteró García, un antiguo ebanista de 72 años. Recordó que, desde que iniciaron su reclamo en 2007, murieron sin pensión alguna 1.500 adultos mayores nicaragüenses.
Miles de ancianos y ancianas tomaron el día 17 las oficinas del INSS en Managua, Masaya, Granada, León, Chinandega, Chontales, Matagalpa y Rivas. Pero los empleados y guardias de seguridad los desalojaron tras golpear a algunos manifestantes.
Al día siguiente, los trabajadores retirados decidieron concentrarse indefinidamente ante el edificio central del INSS en esta capital y bloquearon los accesos de salida y entrada a las oficinas, lo que ocasionó nuevos choques con empleados y agentes de seguridad de las instalaciones.
La Policía Nacional se hizo presente y rodeó a los manifestantes, para conminarlos a abandonar la protesta. La ley obliga a “no permitir la toma de ninguna oficina pública o privada y es nuestra misión preservar el orden y la tranquilidad de la población y el Estado”, adujo el portavoz policial, comisionado mayor Fernando Borges.
La presencia policial, la agresividad de empleados del gobierno y la pretensión de la guardia de seguridad de echar a los ancianos, generó una ola de solidaridad pocas veces vista en este país centroamericano de seis millones de habitantes.
A través de las redes sociales y con la etiqueta #OcupaINSS, los jóvenes se organizaron y aparecieron en oleadas a apoyar a “los viejitos”, como popularmente se bautizó al movimiento de los adultos mayores.
En solidaridad, fueron llegando estudiantes de universidades públicas y privadas, médicos privados, residentes de barrios vecinos, artistas nacionales, activistas de derechos humanos, organizaciones a favor de los derechos de las mujeres, la cúpula empresarial, políticos opositores, sectores religiosos y toda suerte de organizaciones civiles.
Aportaron medicinas, alimentos y agua para los manifestantes de la UNAM, pero la policía les impidió el paso, cercó la zona de protesta y reprimió a quienes llegaron para solidarizarse.
“Los querían rendir de hambre, sed y enfermedades”, denunció Vilma Núñez, presidenta del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Cada día se sucedieron choques entre los que respaldaban a los extrabajadores y la policía.
Al menos 12 jóvenes fueron detenidos y golpeados, mientras seis agentes policiales resultaron lesionados y unos 30 adultos mayores tuvieron que ser hospitalizados de urgencia, por deterioro de sus condiciones de salud.
La madrugada del sábado 22, cerca de 300 personas de la oficialista Juventud Sandinista, trabajadores estatales y expolicías y militares en retiro asaltaron el lugar donde pernoctaban unos 200 adultos mayores y unos 60 jóvenes, en su mayoría activistas universitarios y estudiantes de medicina.
El Cenidh, que se mantuvo en observación permanente en el área, reportó que en presencia de la policía, las fuerzas de choque destruyeron las improvisadas tiendas de campaña que los estudiantes habían levantado con plásticos para atender a los manifestantes, al igual que la comida y medicinas almacenadas.
A los adultos mayores los echaron del lugar a golpe limpio, mientras los jóvenes fueron agredidos y secuestrados y a las mujeres las amenazaron con violarlas. Además, fue robado todo lo que había de valor en la zona, como vehículos, mochilas y pertenencias personales.
Medios de comunicación locales e internacionales, organismos humanitarios y grupos religiosos documentaron la acción violenta, que muchos calificaron de brutal. La predominante Iglesia Católica calificó el desalojo como “terrorismo de Estado”, en un comunicado del arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, y otros prelados.
La Policía Nacional no suministró informe sobre el incidente.
El director del INSS, Roberto José López Gómez, un capitán retirado del Ejército de Nicaragua, manifestó en una alocución televisada, que el organismo no está en capacidad de aprobar pensiones que oscilarían entre 50 y 133 dólares mensuales para los 54.000 trabajadores que no completaron sus aportes. Según sus cálculos, eso costaría anualmente 95 millones de dólares.
No obstante, el presidente Ortega, anunció el domingo 23 que su administración continuará entregando un bono de aproximadamente 43 dólares mensuales a más de 8.000 personas con entre 250 y 749 semanas cotizadas al Seguro Social. Pero la UNAM denuncia que ese bono ha sido suspendido a sus miembros.
Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití, con 40 por ciento de su población viviendo en la pobreza.
La agresión a los ancianos y el maltrato a los jóvenes ha generado repudio social hacia el gobierno, mientras los analistas locales se dividen entre los que ven la protesta de los adultos mayores y la solidaridad generada como un catalizador de crecientes descontentos sociales y los que creen que las movilizaciones obedecen a una campaña de la derecha política.
Las calles de Mangua ya habían sido calentadas antes de las movilizaciones de la UNAM por una gran manifestación de organizaciones sociales, empresariales, políticas y académicas que están en contra de la entrega en concesión por 100 años a un oscuro empresario chino de un canal interoceánico, cuya construcción fue aprobada ese mes.
El gobierno acusó a la oposición de manipular las protestas y organizó el lunes 24 una marcha de respaldo al presidente Ortega, en la que participaron decenas de miles de empleados públicos y adeptos al oficialismo en Managua.
