Las víctimas de crímenes de Estado decidieron terciar en el diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y las insurgentes FARC que busca poner fin a medio siglo de guerra.
Las «exigencias de las víctimas a las partes», presentadas este miércoles 6 en un documento, incluyen «participación deliberante y decisoria» de sus propios representantes en la mesa de diálogo instalada en La Habana y sostienen que «se debe sancionar a todos» los culpables de crímenes.
«Nos solidarizamos con las víctimas de las FARC» (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fundadas en 1964), declaró en rueda de prensa Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
Pero, agregó, «la sociedad colombiana no solo debe exigirle a las FARC». «Los criminales de Estado no deben ser amnistiados», advirtió, y este debe reconocer que creó grupos paramilitares de ultraderecha para que actuaran en favor del ejército, y debe «desmontar» efectivamente esas estructuras.
«Sería inadmisible», estimó a su vez el parlamentario izquierdista Iván Cepeda, que «se borren los crímenes de Estado de la historia de este país».
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«Nuestro mensaje es muy claro: si se va a hablar de justicia, verdad y reparación, todos los que han participado en este conflicto tienen que asumir responsabilidades», subrayó.
El Movice, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, fundada hace 30 años, y agrupaciones de hijos de asesinados, así como numerosas organizaciones de derechos humanos, estiman que esa es la única salida para que el conflicto interno no se reproduzca, como ha ocurrido a pesar de varios intentos parciales de paz desde 1955.
Todos estos sectores suscriben las «Propuestas mínimas sobre verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición», entregadas este miércoles 6 a la Organización de las Naciones Unidas, que ejerce de facilitadora.
«Este análisis basado en el derecho internacional de los derechos humanos está construido desde mucho dolor y muchas lágrimas», dijo en el lanzamiento en la capital colombiana el sacerdote jesuita Javier Giraldo.
Este y el defensor de derechos humanos Federico Andreu, de la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas, encabezaron el grupo redactor del documento, con 11 propuestas que incluyen la conformación de una Comisión de la Verdad independiente de intervención estatal. La negociación entre el gobierno y las FARC comenzó por iniciativa del presidente Juan Manuel Santos hace unos dos años y medio en total secreto. Cuba y Noruega actúan como garantes del proceso, mientras Venezuela y Chile son acompañantes.
La mesa se instaló públicamente en octubre de 2012 en Oslo y prosiguió en La Habana, donde se han hecho a puerta cerrada cinco rondas de discusiones. Se dice que hay avances en algunos puntos, como tierras, el primero de una agenda de seis que también incluye uno sobre víctimas.
En 2008 se eligió el 6 de marzo como «día de la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado en Colombia». En esa fecha, una multitudinaria manifestación nacional rindió homenaje a desaparecidos y ejecutados extrajudiciales desde 1946. Esta vez se reunieron en Bogotá 500 delegados en el VI Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que presentaron además una demanda de inconstitucionalidad contra la ampliación del fuero penal militar, aprobada en 2012 por el parlamento.
Argumentaron que ese fuero quita a la jurisdicción civil la potestad de decidir si los delitos son violaciones a los derechos humanos o actos de servicio.
El abogado Andreu resumió para IPS el documento de exigencias al gobierno y a las FARC, «basado fundamentalmente en las obligaciones que impone el derecho internacional al Estado y los derechos que consagra para las víctimas».
«Todo proceso de paz, para que sea verdadero, tiene que apuntar al fortalecimiento del Estado de Derecho, a la garantía de lo principal: que los grandes autores de crímenes de lesa humanidad y de guerra y de violaciones de derechos humanos sean juzgados y castigados», indicó.
También «deben tomarse una serie de medidas» agregó, «para garantizar que las doctrinas que impulsaron estos crímenes sean derogadas del ámbito militar», puntualizó Andreu.
El documento exige, añadió, «que los funcionarios de los poderes del Estado que han cometido esos crímenes, que los han tolerado, que los han incitado o que han garantizado su impunidad, sean depurados de la administración pública».
«Sin estos elementos no habrá un pleno proceso de paz. Habrá un proceso de desmovilización de uno de los actores del conflicto (las FARC), pero la violencia y las violaciones de derechos humanos seguirán», advirtió.
