Sabino Romero, líder del pueblo yukpa que rechazaba la repartición de tierras dispuesta por el gobierno de Venezuela, fue asesinado por sicarios en un paraje de la Sierra de Perijá, en el extremo oeste del país.
Tres individuos a bordo de motocicletas interceptaron a Romero, de 48 años, y le dispararon la noche del domingo 3 en la carretera rural de El Tokuko, unos 600 kilómetros al oeste de Caracas, cuando se dirigía desde su comunidad de Chaktapa hacia otra vecina donde se elegiría al cacique mayor de la etnia, relató a IPS el antropólogo y activista indígena Lusbi Portillo.
La esposa de Romero, Lucía Martínez, «resultó herida, y los individuos que dispararon, huyeron. Sabino murió camino a un hospital y horas después efectivos militares intentaron detener a su hijo del mismo nombre, pero la comunidad lo impidió», dijo Portillo.
El pueblo yukpa, de lengua caribe, cuenta actualmente con unas 10.000 personas, la mayoría asentadas en Venezuela y el resto en el lado colombiano de Perijá. Sus integrantes se dividieron en la lucha por la tierra que perdieron en el siglo XX, ante ganaderos y petroleros, en las planicies al oeste del lago de Maracaibo.
El gobierno venezolano de Hugo Chávez, en el poder desde 1999, se rehusó a entregar a los yukpas las casi 300.000 hectáreas que estos reivindican como territorio colectivo ancestral, y en cambio asignó bolsones de terreno en Perijá a algunas de sus comunidades.
Esa repartición enfrentó durante años a los yukpas que la aceptan apoyados en ocasiones por parceleros criollos o de etnias vecinas, como los wayúus, y por las autoridades militares y a los que la rechazan y denuncian la intención del Estado de preparar la explotación minera del territorio. Sabino Romero era la figura sobresaliente de esa resistencia.
En la lucha, yukpas que bajaron de la sierra ocuparon unas 15 haciendas en la zona en los últimos años y pidieron al gobierno que indemnizara a los ganaderos y les entregara esas tierras. Pero las autoridades sistemáticamente rechazaron esa fórmula de avenimiento.
El Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos, recordó que «el cacique Romero fue reiteradamente criminalizado por autoridades debido a su lucha por la tierra», y exigió una investigación exhaustiva que establezca la autoría material e intelectual de su asesinato.
Las autoridades, por intermedio del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, el gobernador del estado de Zulia, Francisco Arias y la fiscalía, anunciaron que efectuarán una investigación diligente para dar con los responsables del crimen.
Al llegar a Maracaibo, la capital regional, para dirigir las investigaciones, Reverol declaró que el asesinato de Romero «es parte de la violencia de la derecha contra los pueblos indígenas», lo que podría apuntar las investigaciones sobre el gremio de ganaderos.
En los últimos cinco años murieron de manera violenta ocho activistas yukpas, uno de ellos el anciano padre de Sabino, José Manuel Romero, y uno de sus yernos.
También un hijo pereció en un choque armado entre yukpas en octubre de 2009, por el que Sabino Romero fue encarcelado durante más de un año y sometido a juicio, aunque finalmente los tribunales aceptaron que fuese la propia justicia indígena la que se ocupase del caso y dictaminase los castigos a quienes participaron en el enfrentamiento.
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La confrontación entre yukpas y ganaderos tuvo un atisbo de solución hace dos años, cuando los hacendados aceptaron devolver sus tierras a cambio de que se les pagasen las mejoras efectuadas sobre ellas, pero el gobierno no ha dispuesto los fondos para tal fin.
La tesis oficial ha sido siempre que el Estado «rescata» tierras cuya titularidad ofrezca dudas por lo menos desde 1848, y no se pagan indemnizaciones por esas operaciones con las que el gobierno ha recuperado unos tres millones de hectáreas en todo el país.
Como medida de presión, comunidades yukpa ocupan haciendas y 300 pequeñas parcelas en lo que fueron sus territorios ancestrales, bajo acusaciones negadas por el ahora asesinado Sabino y sus seguidores de que en esas operaciones roban ganado y destruyen otros bienes.
Según Portillo, «el presidente Chávez dio la orden de indemnizar a los ganaderos para que entregaran sus haciendas, pero eso no se ha cumplido, generando tensión en la zona».
Además, «en las comunidades hay disgusto por el tipo de títulos que les han entregado a algunas, pues además de segmentar su territorio reconocen derechos de terceros, es decir, de parceleros agrícolas, de ganaderos y, sobre todo, de futuros mineros».
La Sierra de Perijá es rica en yacimientos de carbón en el lado colombiano de la frontera opera la gigantesca mina Cerrejón y de otros minerales como tungsteno y coltán.
«Una explotación minera a gran escala liquidaría el hábitat de los pueblos indígenas yukpa, barí y japreira», sostuvo Portillo.
Por añadidura, Perijá contiene junto al límite con Colombia una «zona de seguridad» militar, por lo que los indígenas «pueden quedar como el jamón del sándwich, entre las posesiones ganaderas privadas y las militares y mineras del Estado», añadió Portillo.
El antropólogo reclamó protección para la familia de Romero, amenazada de muerte, y el Foro por la Vida hizo otro tanto con él.
Portillo, de la organización indigenista Homo et Natura, y el no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, están sometidos a juicio por presunta violación de leyes de protección a la infancia, por avalar que niños indígenas hayan participado en 2011 en una manifestación de apoyo a Sabino y al pueblo yukpa, a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas.
