Los trabajadores jugaron un papel protagónico en el levantamiento popular que derrocó al régimen de Hosni Mubarak (1981-2011) en Egipto. Al cumplirse dos años del inicio de la revolución, ese mismo sector se enfrenta al nuevo gobierno por los aún negados derechos laborales.
En los últimos meses, miles de trabajadores se movilizaron en todo el país exigiendo mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, con paralizaciones de diversos sectores de una economía que todavía se recupera de la crisis de 2011.
El nuevo gobierno, liderado por los islamistas, prometió resolver rápidamente y en forma equitativa las disputas laborales, pero afronta grandes desafíos financieros.
La plataforma de la Hermandad Musulmana, movimiento conservador musulmán que triunfó en las elecciones presidenciales de 2012, siempre hizo énfasis en la justicia social. Sin embargo, ese grupo otrora proscrito tiene un pobre historial en materia de derechos laborales.
"Tuvimos una revolución, pero el único cambio fue pasar del Partido Nacional Democrático (de Mubarak) a la Hermandad Musulmana", dijo a IPS el activista laboral Kareem El-Beheiry. "La Hermandad nunca hizo nada para el movimiento laboral, y nunca apoyó a los trabajadores o a los sindicatos independientes".
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El presidente Mohammad Morsi, exlíder de la Hermandad, afrontó varias pruebas desde que asumió en junio pasado. Hubo más de 2.000 protestas laborales en 2012, la mayoría en la segunda mitad del año, según un estudio del Centro Egipcio para los Derechos Económicos y Sociales (ECESR, por sus siglas en inglés).
"No podemos más que reconocer el claro fracaso de la administración de Morsi para resolver esas protestas o al menos establecer un plan de atención a las demandas. El gobierno continuó adoptando las mismas viejas políticas, que solo agravaron el asunto", señala el informe.
El ministro de Trabajo, Khaled El-Azhary, prominente miembro de la Hermandad, instó repetidamente a los trabajadores en huelga a que regresaran a sus labores mientras el gobierno consideraba sus demandas.
Subrayó que la frágil economía egipcia no podía darse el lujo de perder más producción y debía apuntar a una recuperación.
Egipto se esfuerza por reducir el déficit en el presupuesto estatal y en la balanza de pagos, mientras agota sus últimas reservas de divisas.
El turismo, un sector clave para el ingreso de moneda extranjera, se desplomó luego del levantamiento comenzado el 25 de enero de 2011, mientras que las inversiones extranjeras se retrajeron y muchos proyectos siguen en suspenso debido a la incertidumbre política y económica.
Si bien el gobierno procuró evitar las confrontaciones con los huelguistas, prometió mano dura contra aquellos que "obstruyan las huellas de la producción".
En los meses siguientes a la asunción de Morsi, la policía antidisturbios reprimió las protestas y arrestó a sus organizadores, mientras que empleados públicos que participaron de actividades sindicales fueron despedidos, transferidos o sancionados.
"Más de 200 empleados y trabajadores fueron despedidos en los primeros tres meses de la administración de Morsi, y otros 100 fueron sometidos a investigaciones tras ser arrestados en protestas pacíficas", denuncia el informe del ECESR.
"Además, muchos empleados y trabajadores fueron agredidos físicamente durante sus primeras protestas por parte de matones contratados por sus empleadores y por empresarios", añade.
El gobierno de Morsi también tomó prestada la antigua táctica del régimen de Mubarak de usar los medios de comunicación públicos para calumniar a los movimientos de trabajadores e intimidar a sus líderes, señaló a IPS la periodista sobre temas laborales Hadeer Hassan.
"La Hermandad Musulmana ve a las huelgas como algo que socava la economía y el gobierno de Morsi", indicó.
"En vez de atender las demandas de los trabajadores, intentó volcar a la opinión pública contra estos usando a la prensa para presentarlos como traidores y mafiosos", dijo.
Y cuando esto falla, las mismas "mentiras y falsas acusaciones de sabotaje" son usadas en los tribunales.
Al menos una decena de trabajadores fueron condenados por una ley aprobada por el gobierno militar de transición en marzo de 2011, que penaliza toda huelga "que perturbe la economía". El presidente Morsi no derogó la polémica norma ni anuló las sentencias, aunque tiene poder para hacerlo.
Mientras, el gobierno elabora una nueva legislación que muchos trabajadores temen restringirá la libertad de asociación y reestablecerá el dominio del Estado sobre las actividades sindicales.
El primer borrador de la Ley de Libertad Sindical, destinada a reemplazar las anticuadas y restrictivas normas de la era Mubarak, consagraba el derecho a la huelga y reconocía legalmente a cientos de sindicatos independientes que surgieron tras la revolución.
Pero el texto fue finalmente desechado en favor de un nuevo proyecto elaborado por el ministro Khaled El-Azhary y otras figuras prominentes de la Hermandad.
Esta versión propone duras penas para los huelguistas que afecten la producción. También limita el pluralismo sindical, exigiendo a cada empresa que designe a un solo sindicato para que represente a sus trabajadores.
Este proyecto de ley complementaría a otros artículos "antisindicales" en la nueva Constitución, aprobada el mes pasado en un referendo que dividió a la población.
El artículo 52 consagra el derecho a formar sindicatos, pero otro estipula que cada profesión puede tener solo una asociación de trabajadores.
Este nuevo marco legal amenaza con eliminar a muchos de los más de 1.000 sindicatos independientes que existen en forma paralela a los más grandes y controlados por el Estado.
Ese es el punto, según Hassan. "La Hermandad Musulmana solo quiere sindicatos que pueda controlar", afirmó.
(FIIN/IPS/traen-rp/cmc/af mm lb ip if ab fe/13)
