El presidente Porfirio Lobo avanza sobre el resto del sistema institucional de Honduras, tras lograr que el parlamento destituyera este miércoles 12 a cuatro de los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por fallar en contra de una ley de depuración policial.
La drástica decisión de los legisladores se concretó mientras el edificio sede del Congreso Nacional unicameral permanecía rodeado de tanquetas militares, una inusual operación que recordó a muchos el golpe de Estado de junio de 2009 contra el presidente constitucional Manuel Zelaya, quien fue apresado en la madrugada y llevado en avión a Costa Rica.
El dictamen de inconstitucionalidad de la norma en cuestión no fue suscrito por unanimidad, por lo cual debió ser enviado para su tratamiento al plenario de la Corte, que este viernes 14 lo ratificará o anulará.
No obstante, el presidente Lobo cuestionó a los magistrados en una sesión del Consejo de Ministros realizada hace dos semanas y los acusó de estar "al lado del crimen" y en contra del proceso de limpieza en los cuados de la policía.
El mandatario, líder del derechista Partido Nacional, fue más allá todavía y denunció presuntas conspiraciones en su contra, al aseverar que quienes cuestionan la remoción de oficiales de la policía son sus "enemigos y lucharé de frente contra ellos".
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Con un amplio control del Congreso legislativo, los nacionalistas presentaron una moción para investigar la conducta administrativa de los jueces de la Sala de lo Constitucional, aduciendo las potestades contempladas en el artículo 205 de la ley fundamental.
La presentación de la iniciativa provocó el revuelo de la oposición, que se sumó a los juristas que opinaron que una cosa es la conducta administrativa de los funcionarios judiciales y otra son los fallos de los tribunales, de efectivo cumplimiento cuando son sentencias firmes.
A pesar de que la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la ley policial no está firme porque falta el paso del pleno de la Corte, los legisladores oficialistas se anticiparon y tomaron la determinación de destituir a cuatro de los cinco magistrados involucrados, en un hecho sin precedentes en este país.
El diputado Rigoberto Chang Castillo, secretario del Congreso y del gobernante Partido Nacional, leyó un informe de "investigación" de unas cinco páginas y elaborado en 12 horas, en el cual no se hace una sola mención a la conducta administrativa de los jueces, sino a su dictamen contra la ley especial de depuración.
En su argumentación, los magistrados aseguran que la norma fue mal redactada y que viola principios universales como el derecho a la defensa de los acusados, a no autoincriminarse y a un debido proceso, entre otros.
"La Sala de lo Constitucional falló apegada a derecho y a la Constitución; yo le advertí a los colegas que ese decreto tenía vicios de nulidad, no me escucharon, el poder los hizo más soberbios y ahora han dado un golpe técnico al Poder Judicial", acusó ante IPS el diputado nacionalista Oswaldo Ramos, él mismo destituido en 1991 de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y ahora en contra en el tema de la opinión mayoritaria de su partido.
Los magistrados destituidos por 97 votos a favor y 31 en contra son Rosalinda Cruz, José Ruiz, José Gutiérrez y Gustavo Bustillo. El único ratificado en el cargo fue Óscar Chinchilla, yerno de Chang Castillo y quien había votado a favor de la ley especial.
Juan Orlando Hernández, presidente del parlamento y actual candidato oficialista a la Presidencia de Honduras en los comicios generales de 2013, dijo que la decisión de destitución "fue difícil, pero era necesario tener un poder del Estado que trabajara en armonía con nosotros".
"Esta decisión la tomamos hace un par de semanas, habrá controversia, pero la seguridad es primero y no vamos a permitir que se conspire contra ella", acotó Hernández, tras resaltar que los cambios gozaron del beneplácito del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés.
Honduras afronta desde hace más de un año una fuerte crisis policial por la implicancia de muchos de sus miembros en el crimen organizado. El gobierno envió en mayo un proyecto de ley especial de depuración que fue aprobado en el Congreso y cuya duración era de seis meses, lapso que venció en noviembre.
Esa ley contemplaba las llamadas pruebas de confianza para integrar la policía, que consisten en la aplicación del detector de mentiras, estudios socioeconómicos, psiquiátricos y pruebas toxicológicas. Quien reprobara cualquiera de esas pruebas era destituido sin opción a defensa, según esa ley, una de las disposiciones atacadas en el fallo de la Sala de lo Constitucional.
Algunos policías afectados por las pruebas presentaron recursos ante la justicia, que falló a su favor.
Para el sociólogo Eugenio Sosa, "es obvio que esta destitución obedece a una cuestión política de control y no tanto a acciones jurídicas, aquí el presidente Lobo junto al titular del Congreso, su aliado incondicional, están ampliando el poder político para poder hacer lo que quieran".
Sosa dijo a IPS que de ser cierta la versión de Hernández, sobre que los cambios fueron consensuados con la presidencia de la Corte, "estamos ante una alianza que le allana el camino al Partido Nacional para poder tomar medidas tributarias y de otra índole sin mayor oposición el próximo año".
"Aquí todo está alineado, y la gran perdedora a futuro es la Corte Suprema de Justicia, débil y sin poder. Honduras no avanza en la construcción de institucionalidad con calidad, al contrario, este problema endémico se agudiza".
A su vez, el analista político Olban Valladares dijo a IPS que se está "ante un nuevo golpe institucional". "Este país se resquebraja y parece no pasar nada", enfatizó.
