Desde la asunción en 2010 de Claudia Paz y Paz Bailey como fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, se esclarecieron una serie de crímenes que involucran a militares que actuaron en la represión a la guerrilla izquierdista, narcotraficantes y miembros del crimen organizado.
El semanario Newsweek, también estadounidense, la nombró en marzo una de las 12 latinoamericanas más valientes entre 150 seleccionadas en el mundo, mientras en 2011 recibió el premio Stephen J. Solarz, de International Crisis Group, otorgado por su trabajo "a favor de la promoción de sociedades pacíficas, justas y abiertas en regiones afectadas por conflictos".
En entrevista con IPS, Paz y Paz Bailey explicó que ha iniciado la reestructuración del Ministerio Público (MP) y que, en ese marco, se pudieron dictar numerosas sentencias condenatorias. En Guatemala, con 15 millones de habitantes, 98 por ciento de los crímenes cometidos no se esclarecen, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
IPS: A casi dos años de iniciada su gestión, ¿cuál considera que ha sido su mayor acierto?
CLAUDIA PAZ Y PAZ BAILEY: Construir un equipo de trabajo, tanto en la dirección del MP como al frente de las distintas fiscalías. Y ese equipo ha permitido que las cosas que antes se pensaba que no podían ocurrir ocurran, tanto en el esclarecimiento de delitos contra la vida, la persecución de narcotraficantes, de corrupción y otros.
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IPS: ¿Cuáles son los resultados que más valora?
CPPB: Se han logrado esclarecer casos emblemáticos a partir de prueba científica. Por ejemplo, el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral, de los asesinatos de candidatos a alcalde en San José Pinula, un municipio cercano a la capital, y el caso por defraudación del alcalde de Antigua Guatemala.
También han sido condenadas más de 60 personas pertenecientes a Los Zetas (un grupo de narcotraficantes de origen mexicano) y las capturas de narcotraficantes extraditables, entre ellos varios miembros de la familia Lorenzana, Horst Overdick y Juan Ortiz Chamalé.
Son cosas que en Guatemala no habían ocurrido desde el sistema de justicia y que ahora ocurren y que han tenido incidencia, incluso, en la reducción de las muertes violentas en 20 por ciento.
En 2009, que fue el año con la tasa más alta de homicidios, ocurrieron más de 6.000 muertes violentas, es decir 46 por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2011 se registraron 39 por cada 100.000 habitantes.
Los homicidios bajaron siete puntos porcentuales en ese lapso y han seguido mermando.
IPS: ¿Cómo ha construido su equipo de trabajo?
CPPB: Han sido dos herramientas fundamentales. Una, es un conocimiento desde fuera del funcionamiento del MP a través de distintas instancias como investigaciones y diagnósticos. Y otra ha sido el sistema de evaluación de desempeño que nos ha permitido conocer cómo trabaja cada persona.
IPS: Las revistas Newsweek y Forbes han reconocido su trabajo por su valentía y logros. ¿Qué significa eso para usted?
CPPB: Son muy importantes porque son un respaldo no solo a mi hacer, sino a nuestro hacer como institución. Una persona no puede hacer todo lo que se ha hecho en estos dos años.
En realidad, es el reconocimiento a la labor de un equipo de personas, y de verdad quienes van a los allanamientos, investigan y defienden los casos en los debates son un grupo de hombres y mujeres fiscales.
Y ese reconocimiento internacional lo sentimos en las voces de muchos ciudadanos y ciudadanas quienes destacan que el trabajo del MP ha mejorado. Incluso los denunciantes me dicen: yo antes no me atrevía a denunciar pero ahora sí.
IPS: Usted ha logrado procesar a varios militares por abusos cometidos durante la guerra (1960-1996) ¿Qué expectativas tiene sobre el caso del exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), imputado por delitos de genocidio?
CPPB: Hay dos casos donde se han imputado hechos denominados genocidio, uno en el Área Ixil, Quiché (por la masacre de 371 indígenas en el occidente del país) y la masacre Dos Erres, Petén (por la muerte de 201 pobladores en el norte), ambos perpetrados en 1982.
Ríos Montt está ligado a procesos por estos dos casos. Durante mucho tiempo la defensa más bien ha obstaculizado el avance de los juicios en vez de presentar argumentos que apuntalen la inocencia de estos procesados.
Esa estrategia logró obstaculizar el caso Dos Erres durante casi 10 años. Es decir, se interpone una acción y si no funciona se interpone un recurso constitucional, etcétera, etcétera.
Ha habido sentencias del sistema interamericano de derechos humanos que han condenado fuertemente este tipo de prácticas y también hay jueces hombres y mujeres que no se prestan a ese juego. Espero que a estas alturas del siglo XXI logremos el postulado constitucional de tener una justicia pronta y cumplida.
Los dos casos son sumamente sólidos. Nuestra expectativa por supuesto es una sentencia condenatoria.
IPS: ¿Qué significaría para la justicia guatemalteca una condena a Ríos Montt?
CPPB: Si hay una sentencia condenatoria en estos casos, como en otros de delitos especialmente violentos contra la vida, agresiones de género o especialmente gravosos como la corrupción, se da una señal a la sociedad de que eso no se puede hacer y que, si se hace, habrá una consecuencia en el marco del Estado de derecho, que es una condena.
El Estado de derecho es igual para todos. No importa quién sea la víctima ni quién sea el perpetrador, si hay un delito se tiene que sancionar. Quizás lo único que influiría ahí es la gravedad del delito para que sea prioritario su esclarecimiento y su sanción.
Y en este caso, como en otros, cuando hablamos de una persona que fue jefe de Estado, ese mensaje de igualdad ante la ley también se fortalece.
IPS: ¿Cuál es su valoración sobre el trabajo de la Cicig?
CPPB: En cuanto al trabajo con el MP, lo más importante ha sido el traslado de capacidades tanto en casos conjuntos como en el fortalecimiento de la unidad de análisis del delito, de análisis financiero, del departamento de seguridad y de la oficina de protección de testigos.
Y en cuanto al país, rompió esa sensación de que la vía judicial no era suficiente para resolver determinado tipo de casos. La Cicig ha demostrado que se pueden esclarecer casos sumamente complejos teniendo pruebas científicas y en el marco del Estado de derecho.
IPS: ¿Hasta dónde podrá usted avanzar en la lucha contra la impunidad en su gestión?
CPPB: Lo más importante y la mejor herencia que podríamos dejar es el método de trabajo que se llama persecución penal estratégica. Es un mecanismo que por un lado reduce la impunidad porque se esclarecen y sancionan los delitos, pero por el otro previene que se sigan cometiendo hechos delictivos.
