En medio de muchas interrogantes, demandas de inconstitucionalidad y el pedido de explicaciones de organismos de contralor del Estado, entró en vigor este lunes 2 la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), que abarca a 1,2 millones de retirados y casi dos millones de cotizantes activos.
"Lo más preocupante es la enorme confusión. Nadie sabe qué está pasando ante la cantidad de reformas parciales que impiden entender cuál es el sistema vigente", dijo a IPS la exlegisladora Cecilia López, quien fue ministra y luego directora del estatal Instituto de Seguros Sociales (ISS) entre 1990 y 1992.
Solo entre 2009 y 2010 se emitieron cinco leyes, dos decretos y dos resoluciones, según informe del sindicato de trabajadores del ISS suministrado a IPS.
Colpensiones se presenta como una "Empresa Industrial del Estado, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo".
A la confusión se suma un informe de la estatal Contraloría General de la Nación, que registró 84.000 procesos judiciales en curso y cerca de 100.000 tutelas, que es la figura jurídica creada por la Constitución de 1991 para agilizar la respuesta de demandas ciudadanas.
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Por su parte, el procurador general Alejandro Ordóñez repitió en diferentes espacios públicos en las últimas semanas su preocupación por el "desmonte del régimen especial de pensiones con afectación de derechos adquiridos", responsabilizando a los fondos privados de orquestar ideas negativas al ISS en busca de nuevos usuarios.
El ISS fue creado en 1946 para administrar la seguridad social en salud y pensiones de sus afiliados.
Pero esa entidad no se salvó de las políticas de privatizaciones y de corte neoliberal que imperaron en los años 90 y que decidieron la renuncia de López al ISS.
"Como funcionaria pública no podía estar en contra de las propuestas gubernamentales, ni defender ante el parlamento tesis que no compartía", recordó ante IPS.
Mientras, el entonces legislador Álvaro Uribe impulsaba con éxito en 1993 la llamada Ley 100, que permitió el ingreso masivo de empresas privadas para atender el servicio de salud y de pensiones.
En 2008, siendo ya presidente de Colombia, Uribe (2002-2010) dio vida a la estatal Nueva EPS (Entidad Prestadora de Salud) asegurando simultáneamente, amparado en nuevas leyes, el proceso gradual del ISS hacia Colpensiones.
"Un paso más hacia la privatización. Es decir, marchitar la ilusión de muchos colombianos y nivelar por lo bajo las pensiones a futuro", dijo a IPS el director del no gubernamental Centro de Estudios del Trabajo, Enrique Daza.
Sobre la nivelación de las pensiones para abajo, el asesor de entidades privadas Carlos Valdés, sostuvo que "sí, así será, pero a largo plazo".
"Para eso faltan por lo menos dos décadas. Mientras hoy, no podemos asegurar que los fondos privados de pensiones no sean benéficos, porque hasta ahora, nadie se ha pensionado", explicó Valdés a IPS.
Sin embargo se sabe que los fondos privados solo entregan 44 por ciento del último salario, y exigen 25 semanas más de aportes de las requeridas por el sistema público.
Según los estudios del ISS, "lo que hacen realmente es devolver en cuotas mensuales lo ahorrado durante toda la vida laboral de un trabajador. Es decir, casi tres décadas, en un país sin empleo".
El desempleo en Colombia llega en la actualidad a 11 por ciento de la población económicamente activa, mientras que la proporción de empleados en el sector informal equivale a 53,2 por ciento, según datos del estatal Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).
Para redondear el panorama, es oficial la afirmación del agotamiento de los recursos para atender la demanda de pensiones desde 2004.
Desde entonces el gobierno asume el déficit, que este año asciende al equivalente de poco más de 13 millones de dólares, según informes estatales. Esta suma incluye el funcionamiento de la entidad y el pago de mensualidades para los retirados.
Ese déficit, sostiene el gobierno, deberá solucionarlo Colpensiones. En busca de la refinanciación, las autoridades adoptarán medidas como la disminución de la plantilla de empleados de 4.000 a 1.200 y también de contratados.
Además, se abre la posibilidad de que cerca de nueve millones de trabajadores informales tengan accesos a cuentas de ahorro.
Esta medida cobijará a quienes logren ingresos mensuales superiores a un salario mínimo, que para 2012 equivale a unos 315 dólares mensuales.
Según declaraciones del presidente de Colpensiones, Pedro Nel Ospina, los trabajadores sumarían las consignaciones de ahorro a los recursos acumulados en el ISS o los fondos privados de pensiones, para que, con el tiempo, accedan a los beneficios económicos periódicos (BEP) garantizando una mensualidad superior al salario mínimo cuando el tiempo pase y no les sea posible trabajar.
"Nada es claro. Todo es confuso. Por eso ni los más expertos podemos enfatizar hoy en ningún tema sobre pensiones. Por tanto, lo que necesitamos en Colombia es una reforma clara, que favorezca a los trabajadores y a los jóvenes de hoy", insistió López.
"El gobierno está en mora en admitir que la Ley 100 fue un total fracaso. Y, en consecuencia, aceptar que debe asimilar un proceso como el chileno", país que, tras una radical privatización, reactivó en 2009 su sistema estatal de pensiones.
