EL CAIRO – La palabra que más se escuchó en un foro parlamentario de dos días celebrado en El Cairo la última semana de abril no fue «compromiso», sino «seguimiento». Y la diferencia era importante.
Parlamentarios de África, Asia y el mundo árabe se reunieron el 28 y 29 de abril no para renovar las promesas hechas en la Novena Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo Africano (Ticad 9, en inglés), celebrada en agosto del año pasado en la bahía tokiota de Yokohama, sino para preguntar qué se había hecho realmente. La respuesta fue desigual, y los delegados lo dijeron sin rodeos.
La reunión, organizada por la Asociación Asiática de Población y Desarrollo (APDA, en inglés) y el Foro de Parlamentarios Árabes sobre Población y Desarrollo (FAPPD, en inglés) con el apoyo del Fondo de Poblacíón de Naciones Unidas (UNFPA,) el Fondo Fiduciario de Japón y la Federación Internacional de Planificación Familiara (IPPF), se centró en la salud sexual y reproductiva, la cobertura sanitaria universal, la inversión en la juventud y la igualdad de género.
Se celebró en un contexto difícil: recortes en los presupuestos de los donantes, una presión demográfica cada vez mayor en toda África y una brecha persistente entre la legislación y su aplicación.
La japonesa Makishima Karen, diputada de la Cámara de Representantes, vicepresidenta de la Federación de Parlamentarios Japoneses para la Población y exministra de Asuntos Digitales, marcó el tono desde el principio. «Una vez que termina una conferencia, no es el final: debemos dar seguimiento a los resultados y a las acciones concretas», declaró a IPS en el marco del encuentro.
Makishima fue clara sobre dónde comienza el progreso. «Vivas donde vivas o hayas nacido donde hayas nacido, el derecho a vivir de forma saludable es un derecho humano», afirmó.
«Por eso me centro en la necesidad de la cobertura sanitaria universal (CSU) para todos», argumentó.
Pero a su juicio la CSU no puede lograrse sin involucrar a los ministerios de Hacienda en el debate: «Es necesaria la comprensión del ministro de Hacienda. Estamos animando a los ministerios de Hacienda a que se sumen al proceso», remarcó.
Sobre lo que realmente impulsa el cambio a nivel comunitario, fue igualmente clara: «Cuando las madres no saben leer, debe de ser difícil para sus comunidades vivir de forma saludable y segura. La educación de las mujeres y las niñas es esencial para proteger a la próxima generación».
También planteó una dimensión de la agenda que a menudo se pasa por alto: el papel de las herramientas digitales.
Basándose en su experiencia en gobernanza digital, argumentó que la tecnología no es una vía separada, sino parte integral de la prestación de servicios: «Con un solo telefóno inteligente, cualquier persona puede acceder a la información, consultar sus propios datos y tener la capacidad de controlarlos. Eso forma parte de la democracia».
Ante la ola de recortes en la ayuda que afecta a los programas de desarrollo a nivel mundial, no se anduvo con rodeos.
«Creo en la necesidad de los marcos organizativos multilaterales; de lo contrario, es muy difícil continuar con los programas necesarios en cada región», dijo Makishima.
La respuesta a largo plazo, dijo, no es esperar a que los donantes regresen. «En un plazo de cinco o diez años, cada gobierno debería asumir la responsabilidad de continuar con estos programas. Debemos tener una perspectiva a muy largo plazo», afirmó.
Jackson Kiswaga, diputado de Tanzania, ofreció el ejemplo más claro de cómo puede ser la apropiación nacional. Su país, con 71,5 millones de habitantes, 60 % menores de 24 años y un crecimiento de casi 3 % anual, ha avanzado rápidamente.
En 2023, Tanzania aprobó la Ley de Seguro Médico Universal, que integra los servicios de salud reproductiva en la cobertura obligatoria que abarca los sectores formal e informal.
Se creó un Ministerio de la Juventud específico dependiente de la Oficina del Presidente. Desde entonces, un programa nacional de becas ha apoyado a más de 400 niñas en la educación científica, con reducciones cuantificables en los matrimonios y embarazos precoces.
«Las innovaciones institucionales son modelos para otros países», afirmó Kiswaga. «Las alianzas sólidas en el sector sanitario son clave para garantizar la sostenibilidad», añadió.
Soukaina Lahmouch, diputada de Marruecos, lanzó una advertencia más contundente. Su país promulgó una legislación histórica contra la violencia de género en 2018, pero siete años después, su aplicación se ha estancado. La complejidad de los procedimientos, la débil aplicación de la ley y la resistencia cultural, especialmente en los casos de violencia doméstica, han atenuado el impacto de la ley.
«Las mujeres en Marruecos siguen sufriendo discriminación y exclusión», afirmó, «a pesar de los avances logrados». Instó a la Ticad a apoyar no solo la redacción de leyes, sino también su aplicación mediante la reforma judicial, la infraestructura sanitaria rural y el acceso de las mujeres a la financiación.
En El Cairo se recordó que los resultados del encuentro se presentarían en la Conferencia Mundial de Parlamentarios sobre Población y Desarrollo que se celebrará en Tokio en 2027. Imagen: APDA
Otros dos delegados plantearon presiones que rara vez reciben la misma atención.
El diputado tunecino Ezzeddine Tayeb advirtió de que el rápido envejecimiento de la población de su país está poniendo a prueba su sistema de pensiones y pidió una ley integral que garantice los derechos de los ciudadanos de edad avanzada, incluyendo normas exigibles para los cuidados de larga duración.
El diputado argelino Khaled Bourenane situó la agenda del foro en el contexto de la trayectoria continental de África: una población que se encamina hacia los 2500 millones de personas en 2050, con más de 20 millones de personas desplazadas cada año por fenómenos climáticos. Los retos demográficos a esta escala, argumentó, no pueden abordarse de forma aislada.
El representante de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica, en inglés), Yo Ebisawa, señaló a Egipto como un caso de prueba real.
En 2017, Egipto ocupaba el tercer lugar a nivel mundial en gasto sanitario como porcentaje del presupuesto familiar.
Desde la aprobación de su Ley de Seguro Médico Universal, el país ha ido extendiendo la cobertura a las 27 gobernaciones, con el objetivo de completarla para 2030. Hasta ahora, se han inscrito seis millones de personas en seis gobernaciones.
En Port Said, la ciudad portuaria del noreste del país, la proporción de hogares que se enfrentan a gastos sanitarios catastróficos ha disminuido en 40 %.
Japón ha respaldado la implantación de esa cobertura con un crédito de 400 millones de dólares y un proyecto conjunto de la Jica y la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 8 millones de dólares que proporciona equipamiento y formación, incluso para centros que atienden a refugiados sudaneses y evacuados médicos de la Franja de Gaza.
La vicepresidenta de la APDA, Kiyoko Ikegami, recordó que los resultados de El Cairo se presentarán en la Conferencia Mundial de Parlamentarios sobre Población y Desarrollo que se celebrará en Tokio en 2027. La cadena de rendición de cuentas, dijo, debe mantenerse.
Que los compromisos adquiridos en El Cairo se traduzcan en partidas presupuestarias, legislación y servicios: esa es la única medida que cuenta, insistió.
Ndr: La reunión fue organizada por la Asociación Asiática de Población y Desarrollo (APDA) y el Foro de Parlamentarios Árabes sobre Población y Desarrollo (FAPPD). Contó con el apoyo del Fondo Fiduciario de Japón (JTF), la Oficina Regional para los Estados Árabes (ASRO) del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), en colaboración con el Foro Parlamentario Africano sobre Población y Desarrollo (FPA).
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