«¡Ya es mucho el sufrimiento, no podemos con él!», se lamentó al borde del llanto Martha Rincón, madre de una adolescente mexicana que en 2009 engrosó la lista de mujeres muertas o desaparecidas en Ciudad Juárez.
Rincón y su esposo, José Castillo, buscan sin descanso a su hija, Esmeralda Castillo, desde que desapareció con 14 años, cuando iba a la escuela donde cursaba secundaria.
"No hay nada de investigación. Las autoridades no están haciendo nada. Cuando han entregado a alguien, son sus restos, en Juárez solo buscan muertas", denunció Rincón a IPS.
La familia vive de la venta de hamburguesas en un puesto callejero en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, a 1.840 kilómetros al norte de Ciudad de México. Como las otras muchas familias con hijas desaparecidas, estos padres cargan con una inocultable pena y se mueven detrás de cualquier indicio sobre su paradero.
Rincón y Castillo, miembros del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas, se encuentran en Ciudad de México, siguiendo una pista sobre su hija, después de que en octubre hubo una llamada anónima a un canal de televisión que alertaba de que ella y otras jóvenes iban a ser trasladadas a esta metrópoli para su explotación sexual.
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El Comité reúne a familiares de al menos 32 niñas y jóvenes que literalmente se evaporaron en las calles de Ciudad Juárez, una de las urbes más violentas del mundo, con 1,3 millones de habitantes, en un país con una población de 112 millones.
Esos casos integran la memoria de las llamadas "muertas de Juárez", las asesinadas en esa ciudad desde comienzos de los años 90 y por las cuales el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en 2009.
Más de 300 mujeres fueron ultimadas allí entre 1993 y 2003 y la mayoría de los casos permanecen impunes, según la organización humanitaria Amnistía Internacional.
En 2003, la estatal y autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos difundió un informe especial sobre esos asesinatos y expuso los casos de 263 asesinadas y 4.587 desaparecidas desde 1993. Acusó a autoridades del estado de Chihuahua, donde se ubica Ciudad Juárez, y municipales de graves omisiones en la investigación de esos crímenes.
Otro estudio, titulado "Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009" y elaborado por ONU Mujeres, el gobierno y el parlamento, aseguró que en el país se cometieron en ese periodo 34.176 homicidios de mujeres.
Ese informe da cuenta de que a partir de 2005, los feminicidios, como se denominan los asesinatos de mujeres por razón de su género, se han agudizado. Organismos oficiales cifran en 400 este tipo de muertes en 2010 y en 342 en 2011.
En Juárez, las organizaciones humanitarias coinciden en que los asesinatos de mujeres subieron en más de 500 por ciento el último trienio. Pero carecen de cifras exactas de cuántas de esas muertes son feminicidios o parte del desbordamiento de la violencia por la acción de las mafias del narcotráfico y la militarizada lucha contra ellas.
La CorteIDH, el más alto tribunal continental, condenó en noviembre de 2009 al Estado mexicano por el asesinato de las jóvenes Claudia González, Esmeralda Herrera y Laura Ramos, en lo que se conoce como el caso del Campo Algodonero, por el sitio cercano a Ciudad Juárez donde el 6 de noviembre de 2001 fueron encontrados los cadáveres.
La sentencia, de carácter inapelable, estipuló 16 disposiciones que el Estado debe acatar, de las cuales ha incumplido en investigar adecuadamente los asesinatos, crear un sitio electrónico con la información personal de las mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas desde 1993 en Juárez y aplicar un protocolo de búsqueda en casos de desaparición.
La muestra del incumplimiento "es que continúan desapareciendo mujeres y niñas y no hay mecanismos para su búsqueda. Desde 1993 hay un patrón sistemático de desaparición e incidencia de redes de trata, pero las autoridades siguen sin investigar", señaló Karla Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
"Cuando un Estado no cumple, condena a las mujeres a seguir siendo víctimas", resaltó a IPS la abogada, que junto a otras organizaciones no gubernamentales, representó legamente a las víctimas del Campo Algodonero.
A pesar de estos sucesos, la legislación del estado de Chihuahua no tipifica el feminicidio. La ciudad, tomada por cientos de soldados y policías, es escenario de cruentos enfrentamientos entre bandas del crimen organizado que se disputan el paso de drogas ilegales hacia el mercado de Estados Unidos.
El asesinato, la desaparición y la agresión sexual son las formas más graves de violencia contra las mujeres mexicanas.
"Ha habido un incremento y no tenemos respuesta de las autoridades. Vamos a tratar que se abra una investigación para buscarlas en todo el país", planteó Teresa Ulloa, coordinadora regional de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas inglesas).
"Lo que se propicia con la negligencia e indiferencia es el aumento del delito, pues siguen desapareciendo niñas y jóvenes", añadió a IPS.
Esa organización incluye en su lista roja a 29 niñas, jóvenes y mujeres desaparecidas en este país latinoamericano en años recientes.
Las activistas y familiares de víctimas dijeron a IPS que la mezcla de negligencia e impunidad convierte en México el Día Internacional de la Mujer, ese jueves 8, en una jornada empañada de tristeza.
"No es una fecha de celebración, sino de tragedia. Los asesinatos siguen y las autoridades no investigan", recalcó a IPS la fundadora de la no gubernamental Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade. Desde enero, ella ha sufrido dos atentados contra su vida, después de que en 2011 su hija Lilia García fue asesinada en Juárez.
"Tenemos que seguir en nuestra lucha, escarbando con las uñas. Tenemos fe que vamos a tener noticias de ella", dijo, esperanzado, el padre de la desaparecida Castillo.
Organizaciones pro derechos de la mujer han tratado en vano de que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, adscrito a la Secretaría de Gobernación (ministerio del interior) declare alertas de violencia de género, a lo cual este se ha negado.
La alerta de género está prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007.
Empero, el Observatorio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ganaron el 27 de febrero un amparo de un juez federal, con lo cual se abre la posibilidad de investigar penalmente los casos de feminicidio en el estado de México, vecino a la capital.
Entre enero de 2005 y agosto de 2010 la fiscalía general de ese estado registró 922 mujeres asesinadas, mientras que desde enero de 2011 se han reportado 60 desaparecidas.
El gobierno mexicano pretende que la CorteIDH declare cumplida la sentencia del Campo Algodonero, a lo cual las organizaciones de derechos humanos se oponen. A finales de año, el tribunal deberá emitir un informe sobre el estado de apego al fallo.
Mientras, en la morgue de Juárez permanecen partes de 50 cadáveres de mujeres no identificadas halladas entre 1993 y 2009.
El involucramiento de grupos narcotraficantes en los asesinatos de mujeres "no es un fenómeno nuevo, pues están relacionados con los feminicidios, con la trata para explotación sexual, para pornografía y para la mendicidad forzada", según Ulloa.
