A pesar de su papel protagónico en el cuidado de recursos naturales ante los efectos del cambio climático, las mujeres de México no se benefician de las retribuciones por los servicios ambientales, denuncian activistas y expertas.
"Las mujeres ayudan en reforestación y en el cuidado del agua, pero no hay enfoque de género en el manejo de los recursos", señaló a IPS Victoria Santos, ejidataria en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el sudoriental estado de Quintana Roo y a unos 1.600 kilómetros de la ciudad de México.
Santos es también secretaria técnica de la no gubernamental Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya, que agrupa a 3.000 familias que comparten unas 287.000 hectáreas, entre bosques y selvas, pertenecientes a 19 ejidos.
En México, los ejidos son propiedades rurales de uso colectivo, cuya titulación corresponde mayoritariamente a los municipios o el Estado central y con un peso importante aunque decreciente en la producción agrícola, la conservación del ambiente rural y el sostenimiento de comunidades campesinas.
Esos ejidos han padecido los estragos crecientes por las alteraciones climáticas, incluidos las tormentas tropicales y los huracanes. Un ejemplo es lo que sucedió en agosto de 2007 cuando la zona fue azotada por el huracán Dean y como consecuencia 10 de las comunidades pertenecientes a la organización debieron paralizar sus actividades forestales.
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"Algunas de ellas han tenido que realizar otras actividades, como la agricultura o la producción de artesanías, mientras culminan el proceso de revalidar sus permisos", relató Santos, madre de tres hijos.
Las comunidades dedicadas al aprovechamiento forestal y a otras actividades económicas en Áreas Naturales Protegidas (ANP) están expuestas a las consecuencias del cambio climático, como sequías, lluvias torrenciales, inundaciones, derrumbes y aumento de la temperatura, que incide sobre especies animales y vegetales y el agua.
Las mujeres suelen realizan la mayor parte de la recolección de productos forestales, como leña, forraje u hongos silvestres.
Además, ellas se ocupan en solitario de las actividades económicas vinculadas al traspatio (huerto familiar), como la siembra de frutas, hortalizas o plantas medicinales, además de la crianza de aves y cerdos.
En los ejidos las mujeres fabrican artesanías y siembran maíz, frijol, calabaza y yuca (mandioca) para el autoconsumo familiar.
"Los desastres tienen un peso muy fuerte, pues hay pérdida de patrimonio y cambios drásticos en la vida cotidiana. Las mujeres son las que van a ver cómo está el patrimonio familiar y genético de la parcela", explicó a IPS la investigadora Verónica Vázquez, del público Colegio de Postgraduados.
"Guardan semillas y las manejan, almacenan agua para afrontar tiempos de escasez", indicó la académica, quien en 2002 publicó, en colaboración con su colega Aurelia Flores, el libro "¿Quién cosecha lo sembrado? Relaciones de género en un área natural protegida".
Ese texto analiza esos nexos de género en la Sierra de Santa Marta, en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, en el sudoriental estado de Veracruz.
En México existen 174 Áreas Naturales Protegidas (ANP), que suman 25 millones de hectáreas. Desde 2003 se aplica el pago por servicios ambientales en esas zonas, donde se ejecutan más de 1.000 proyectos, con una inversión superior a los 60 millones de dólares, según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Las áreas bajo manejo ambiental capturan dióxido de carbono, son hábitat de miles de especies animales y vegetales y proveen de agua a regiones enteras, por lo cual su manejo y beneficios se refieren también a la búsqueda de justicia climática para las mujeres.
Pero no están al resguardo del cambio climático. La Conanp estima que 35 por ciento de las ANP están amenazadas por el fenómeno y por ello comenzó a diseñar en 2011 la Estrategia de Cambio Climático para Áreas Protegidas.
"Es difícil revisar en general si se ha cumplido el objetivo de incluir la perspectiva de género. No hay un avance homogéneo, depende de la voluntad política de la dirección de la reserva", indicó a IPS la especialista Itzá Castañeda, asesora de género en la oficina en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Castañeda resaltó que lo que sí está demostrado es que el cambio climático es un fenómeno que acentúa la discriminación contra las mujeres.
Las ANP se asientan en 60 por ciento sobre ejidos y comunidades colectivas, 20 por ciento en tierras de propiedad pública y el resto en terreno con dueños privados.
Además de la tenencia privada de la tierra y la figura de los ejidos, establecida en la gran reforma agraria de la década de los 30 del siglo XX, en México existen los llamados terrenos comunales, pertenecientes a comunidades tradicionales o rurales, sin estar parcelados ni legalmente titulados.
En este país latinoamericano con 112 millones de personas, hay unos 27.000 ejidos, en los cuales viven unas 3,5 millones de familias, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Sólo 20 por ciento de los ejidatarios son mujeres.
"Los programas no reconocen el papel de la mujer en el cuidado ambiental. No hay proyectos especiales para mujeres", sentenció Santos.
En total, hay unos 9.000 ejidos y comunidades establecidos en superficies cubiertas por bosques y selvas y, de ellos, casi 3.000 viven de actividades forestales.
Bajo el esquema de pago por servicios ambientales se encuentran 2,2 millones de hectáreas de bosque, con una tasa de unos 26 dólares por hectárea, según la gubernamental Comisión Nacional Forestal.
"Se tiene que valorar que estas regiones dan servicios a ciudades, en conservación, acceso a agua, paisaje. Luego está la distribución de los beneficios dentro de las comunidades y eso, desde perspectiva de género, es clave. Las mujeres tienen rol en la conservación, pero no un beneficio derivado. Por eso, es también un tema de justicia", destacó Vázquez.
La académica está por publicar un diagnóstico sobre género y recursos naturales en el central estado de Hidalgo, próximo a la megalópolis capitalina, y a solicitud del gubernamental Instituto Hidalguense de Mujeres.
En esa investigación, la autora encontró que las mujeres carecían de datos como la fecha de corte de los árboles y los ingresos por la explotación maderera. De hecho, de 76 ejidatarios identificados, sólo seis son mujeres en el área estudiada.
"Lo que no hemos logrado es que el enfoque de género sea parte de los instrumentos ambientales. Debiera ser una parte inherente. Y la justicia climática es parte de ese enfoque. Además, no se sabe el impacto de los proyectos para mujeres", expresó Castañeda.
