A medida que avanzan los juicios contra represores de la dictadura argentina (1976-1983), salen a luz los delitos económicos perpetrados por el régimen contra más de 600 empresarios desposeídos de sus bienes.
"No teníamos militancia política ni relación con el gobierno, pero nos robaron todo, las siete empresas y el avión de la firma. No nos mataron de casualidad", contó Alejandro Iaccarino, que era un próspero empresario lechero en los años 70.
Se prevé que su demanda por reparación llegue a juicio este mismo año, en cuanto concluya el actual proceso contra los dos oficiales de policía acusados de secuestrarlo a él y a sus dos hermanos, "con el único objetivo de desapoderarnos de todo", aseguró Iaccarino en entrevista con IPS.
La previsible condena contra los dos reos, ya presos, por privación ilegitima de libertad y otros delitos conexos, es el requisito necesario para que pueda abrirse el proceso sobre la reparación por daños económicos y morales.
El de los Iaccarino es uno de los más emblemáticos delitos económicos del régimen y, según adelantó a IPS la abogada de la familia, Florencia Arietto, "será la primera vez que se pida al Estado una reparación patrimonial por el despojo de bienes".
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es consciente de que el de Iaccarino no es un hecho aislado y, por eso, creó una unidad especial de investigaciones sobre delitos de lesa humanidad, cometidos con motivación económica durante el régimen.
La unidad está realizando un registro con más de 600 casos de empresas liquidadas, vaciadas, intervenidas o apropiadas con fines de robo, o por no ajustarse al modelo económico aperturista de la dictadura.
Estos casos quedaron invisibilizados hasta ahora por los horrores de la represión que se saldó con unos 30.000 desaparecidos, según fuentes no gubernamentales. Entre ellos hay los de empresas avícolas, textiles y vitivinícolas, además de imprentas, siderurgias, papeleras y bancos.
Hubo también empresarios que colaboraron con el despojo, como cómplices contra sus competidores o como denunciantes de trabajadores, sindicalistas o abogados laboralistas vinculados a sus firmas.
En enero, un fiscal de la norteña provincia de Jujuy pidió que los tribunales citaran como imputado al empresario Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, situado en la localidad de Libertador General San Martin.
La solicitud es parte de una causa en la que se investiga una redada efectuada en 1976, cuando se llevaron a unas 400 personas, de las cuales 55 siguen desaparecidas. En ese operativo se utilizaron camionetas con el logo de esa empresa agroindustrial.
En cambio, uno de los casos de empresarios despojados fue el de la familia Paskvan, con establecimientos avícolas en las provincias de Buenos Aires, en el oriente, y Santa Fe, en el centro. El caso fue aceptado en 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el inapelable tribunal continental con sede en Costa Rica.
También está bajo proceso la causa de Federico Gutheim y su hijo Miguel, dueños de la empresa textil Sadeco, que fueron secuestrados por el régimen y, bajo cautiverio, obligados a renegociar un contrato de exportaciones con una firma de Hong Kong.
Se investiga asimismo lo sucedido con la firma Papel Prensa, proveedora de papel para diarios. Su dueño, David Graiver, murió en un accidente aéreo en 1976. Su familia fue secuestrada y obligada a traspasar acciones de la empresa bajo tortura.
Pero el caso Iaccarino tiene una característica única, según la abogada, que es la cantidad de pruebas documentales resguardadas por la familia que develan la trama del despojo.
Los dos hermanos del empresario y su padre fueron secuestrados en noviembre de 1976 en la norteña provincia de Santiago del Estero, donde la familia tenía 25.000 hectáreas de campos y cabezas de ganado. Casi simultáneamente, Alejandro Iaccarino y su madre fueron capturados en Buenos Aires.
"Entraron siete personas armadas al garaje del edificio donde vivíamos y nos llevaron", contó el empresario a IPS. Los padres fueron liberados en unos días, pero los tres hermanos estuvieron detenidos 22 meses en 14 centros de detención diferentes.
Al principio les informaron que estaban "a disposición del PEN" (Poder Ejecutivo Nacional), una figura que daba cierta legalidad a los prisioneros del régimen. Pero, para el traspaso de bienes los pasaron a la clandestinidad, explicó su abogada.
"Es un caso increíble, doblemente grave, porque a partir de enero de 1977, con el vil objetivo de quitarles los bienes, los trasladaron a un centro clandestino de detención, la Brigada de Lanús, en la provincia de Buenos Aires", relató.
En el trámite intervino un juez, su secretaria, y una escribana que fueron al centro de detención para realizar el poder que permitiera al padre ceder los bienes, a cambio, según le prometieron, de la libertad de sus hijos.
Los Iaccarino pidieron a la escribana que tomase nota de la dirección de la Brigada de Lanús y así se hizo. Gracias a ello, está documentado que ellos firmaron ese poder ante una escribana bajo secuestro.
"El daño físico, moral y patrimonial que nos infligieron es inestimable", recordó Alejandro Iaccarino.
"Teníamos siete empresas que funcionaban perfectamente, los balances lo acreditan. Habíamos logrado introducir tecnología y fortalecer toda la industria láctea de seis provincias del noroeste", destacó.
La persecución había comenzado sutilmente antes de los secuestros, cuando advirtieron que el estatal Banco Provincia, intervenido por la dictadura, comenzaba a cortarles el crédito para forzarlos a vender campos a precio vil.
"El gerente del banco, que nos conocía, nos decía que estábamos en una lista negra. Después supimos que teníamos siete personas dentro de nuestras empresas haciendo inteligencia para la dictadura", reveló.
También descubrieron que uno de los que intentó comprarles un terreno agrícola era sobrino del ministro del ministro del Trabajo (1979-1981) y ministro del Interior (1982-1983) durante dos gobiernos militares de la dictadura.
Pero la verdadera pesadilla se inició con los secuestros. "Yo estuve tres veces al borde de la muerte. Me encapuchaban y me llevaban desnudo a una camilla, me ataban de las muñecas y los tobillos y me torturaban con picana eléctrica", contó.
Una vez cedidos los bienes, los testaferros tomaron créditos millonarios con bancos amigos y no los cancelaron. Las empresas quebraron, los bancos también, y el Banco Central remató los bienes, que fueron adquiridos por otros empresarios de buena fe.
Ahora, solo quedan dos hermanos Iaccarino, Alejandro y Carlos. Los padres murieron y el mayor de los hermanos, Rodolfo, falleció en 2009, un mes después de recibir amenazas de muerte por parte de desconocidos.
La abogada sostiene que una vez que se tenga la condena contra Bruno Trevisán y Jorge Ferranti, los policías que los secuestraron y torturaron en la Brigada de Lanús, empezará la reclamación por la reparación económica, que será este mismo año.
"Los peritos judiciales estiman que el patrimonio que les quitaron a los Iaccarino equivale hoy a unos 40 millones de dólares, y lo vamos a exigir", anticipó la letrada. La intención de sus clientes, explicó, es mostrar en el juicio "todo el circuito creado con el fin de avanzar en una política económica de depredación".
