Un juicio emblemático por trata de mujeres está colocando en blanco sobre negro la forma en que operan las redes de tráfico sexual en Argentina, con víctimas forzadas a la larga, además, a convertirse en victimarias.
La justicia sentó en el banquillo a 13 imputados -siete hombres y seis mujeres- acusados de haber tenido contacto con Verón en diversos prostíbulos, según testimoniaron otras mujeres rescatadas de estas redes de explotación sexual.
El tribunal los acusa de privación ilegítima de libertad y promoción de la prostitución, y la gran incógnita es si en las audiencias surgirán nuevas pistas que permitan conocer el destino final de la secuestrada.
La querellante es la madre de Verón, Susana Trimarco. En su infructuosa búsqueda, logró desentrañar la acción de estas redes, protegidas presuntamente por policías y otros funcionarios, y liberar a 129 jóvenes explotadas.
Por su labor, Trimarco obtuvo en 2007 el premio "Mujer de Coraje", otorgado por el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos. Poco después creó la Fundación María de los Ángeles Verón por la Lucha contra la Trata de Personas.
La entidad se dedica a hacer prevención en escuelas y otros centros comunitarios, para evitar la captación de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. También brinda protección y asistencia integral a víctimas de la trata.
El reclamo de Trimarco que se ventila en el juicio empujó la sanción de una ley de prevención y sanción de la trata en 2008, y la creación de un programa nacional para prevenir y erradicar este delito y asistir a las víctimas.
"Lo único que quiero es que Marita aparezca. Cuando se fue, empezó mi calvario", relató el miércoles 15 ante los jueces. Trimarco, siempre acompañada de su nieta, que ya tiene 13 años, supo que su hija fue vendida a un prostíbulo de la provincia noroccidental de La Rioja y fue a buscarla allí en 2003.
Se hizo pasar por una exprostituta que buscaba jóvenes para un prostíbulo y recorrió locales donde se ejerce la prostitución en La Rioja y otras provincias del noroeste, pese a que en el país es una actividad restringida legalmente, el proxenetismo está penalizado y en Buenos Aires está prohibida la oferta y demanda del comercio sexual.
Con su marido Daniel Verón, ya fallecido, Trimarco contribuyó a rescatar a numerosas jóvenes, argentinas y extranjeras, que permanecían cautivas contra su voluntad en esos locales, indocumentadas y lejos de su familia.
Pero nunca logró dar con su hija. Algunas jóvenes liberadas revelaron haberla visto drogada, con la fisonomía alterada y con un hijo que habría tenido con un proxeneta. También dijeron haber oído luego versiones de que estaba en España.
Liliana Azaraf, activista de la campaña "Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución", un colectivo feminista que exige la abolición de la prostitución, habló con IPS sobre cómo impacta el juicio en la visibilidad de la trata.
"Los casos como el de Marita Verón impactan y dan visibilidad al problema de la trata porque son casos extremos de mujeres de clase media que no estaban en una red de prostitución. Pero todos los casos de explotación son condenables", aclaró.
Azaraf destacó que gracias a casos como éste y a la labor de su madre se sancionó la ley sobre trata de personas. Pero la norma es muy cuestionada por organizaciones de mujeres por fundamentarse en presupuestos erróneos, dijo.
"Siempre estuvimos en desacuerdo con ella porque establece que, para que haya delito, las mujeres mayores de 18 años que están en las redes deben demostrar que fueron captadas bajo engaño y sin su consentimiento", remarcó.
Para Azaraf, este supuesto se basa en la idea de que hay "una prostitución elegida libremente como opción de trabajo, y otra en la que las mujeres son raptadas y forzadas a prostituirse". La campaña abolicionista rechaza esa distinción.
"La prostitución siempre es violenta y está basada en la desigualdad de sexos. Está lleno de jovencitas empujadas a prostituirse para subsistir, que no fueron captadas por la fuerza sino con ofertas de trabajo", subrayó.
Un nuevo proyecto, aprobado por las organizaciones, ya fue sancionado por el Senado y se debatirá este año en la Cámara de Diputados. El texto elimina la distinción entre mayores y menores de edad.
Según la Red No a la Trata, que agrupa a diversas entidades de mujeres que denuncian estas prácticas, habría unas 500 desaparecidas por causa de estas organizaciones delictivas en Argentina. Pero Azaraf consideró difícil avalar esa cifra.
Explicó que hay mujeres que no están desaparecidas pero sí en redes de trata. No viven en cautiverio, se les permite ir a su casa y criar a sus hijos. Pero luego deben volver a ser explotadas sexualmente, reveló.
Ante una mayor presión por investigar estos casos, el Ministerio de Justicia creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata que, según datos oficiales, desde 2008 logró liberar a 3.000 personas.
También el Ministerio Público creó una unidad fiscal para asistir la investigación de estos delitos. En un reciente informe, el organismo reveló que en las provincias norteñas, las más pobres del país, se producen la mayoría de los reclutamientos.
Según el estudio, de 93 expedientes judiciales por trata de personas en seis de esas provincias, 77 por ciento de las víctimas eran mujeres, 64 por ciento eran casos de explotación sexual y 70 por ciento eran captadas bajo promesas de trabajo.
"Estas cifras revelan a las claras la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres de las provincias del norte", remarca el informe fiscal. También destaca la complicidad policial en algunos casos.
Dos años después del secuestro de Verón, otra joven, Andrea López, de la provincia occidental de Buenos Aires, desapareció sin dejar rastros con 26 años y un hijo de tres. Pero su caso no alcanzó la misma trascendencia.
Su esposo, Víctor Purreta, pasó cinco años preso por obligarla a ejercer la prostitución, pero el proxeneta asegura desconocer su paradero.
La madre de López, Julia Ferreyra, contó a IPS que su hija era golpeada por su marido y sospecha que él tuvo que ver con su desaparición.
Actualmente, Purreta está libre, pero enfrenta otro proceso por violencia contra su nueva pareja, a quien también golpeaba y obligaba a ejercer la prostitución.
Este caso, que involucra a mujeres más vulnerables y con menos recursos, no logró conmover como el de Verón, por el supuesto erróneo de que se trata de mujeres que "aceptaron o eligieron" prostituirse, interpretan las integrantes de la Campaña.
Azaraf también señaló el caso de mujeres explotadas que, tras años de ejercer la prostitución pasan a ser "regentes", las encargadas de las jóvenes del prostíbulo. Entonces, son perseguidas como victimarias.
En el juicio por el caso Verón, se puso en evidencia este devenir.
Una imputada, Daniela Milhein, señalada como una de las personas que participó en la privación de libertad de Verón, negó haberla conocido y contó que ella misma había sido obligada a ejercer la prostitución desde los 16 años.
"Seis años fui obligada a trabajar para él sin recibir ni un centavo porque se quedaba con toda la plata", denunció refiriéndose a Ruben Ale, el proxeneta con quien tuvo luego una hija y que no está acusado.
Por ahora, los testimonios no contribuyen a esclarecer el paradero de la víctima secuestrada en 2002, pero revelan el modo en que operan las redes pese a la prohibición de la promoción de la prostitución en Argentina y las restricciones a su ejercicio.
