El presidente electo de Perú, Ollanta Humala, impulsará la investigación para que la justicia penalice a los responsables del plan de esterilización compulsiva de mujeres del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), aseguró la portavoz de la agrupación política triunfante, Aída García Naranjo.
"No puede haber democracia en un país donde se promueva el olvido y la ausencia de justicia", sentenció la dirigente de Gana Perú.
El Acuerdo Amistoso del país con la Comisión, que es parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos, data de 2003 y establece que se enjuiciará a los autores del programa de planificación familiar para reducir la pobreza con operaciones quirúrgicas masivas de ligaduras de trompas y vasectomías, en particular en poblaciones andinas, campesinas y de bajos recursos.
El 2010, sin embargo, la representante del gobierno peruano anunció a la entidad con sede en Washington que el Ministerio Público (fiscalía) había archivado el caso y que con eso daba por concluido el tema.
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Así, Lima sólo cumplió, en el caso testigo de este Acuerdo, con la indemnización y atención a la familia de María Mestanza, una de las víctimas de esterilización forzada que falleció en 1998, pero canceló toda posibilidad de justicia.
Cifras del Ministerio de Salud indican que entre 1993 y 2000 se practicaron 346.219 esterilizaciones femeninas y 24.535 masculinas, 55,2 por ciento de las cuales fueron realizadas en solo 1996 y 1997, periodo en el cual fueron autorizadas a participar en estas operaciones las Fuerzas Armadas y la policía.
En esos dos años se efectuaron, entonces, 262 ligaduras de trompas por día en promedio en el marco del llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, diseñado por el gobierno de Fujimori, actualmente encarcelado por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Esta cuenta pendiente en Perú estuvo entre los principales asuntos manejados en el debate por televisión, previo a la segunda vuelta presidencial del domingo, que sostuvieron Humala y su competidora, la derechista Keiko Fujimori, hija del ex mandatario.
El líder nacionalista, ganador el domingo con un programa de gobierno de izquierda, emplazó a Keiko Fujimori a que se pronunciara sobre las esterilizaciones.
Destacó, en esa presentación, que su contrincante contaba en su equipo técnico con Alejandro Aguinaga, quien, como ministro de Salud del gobierno fujimorista de 1999 a 2000, fue uno de los que ejecutó el cuestionado programa de planificación familiar.
Pero Humala olvidó mencionar a otro ex ministro de Salud involucrado en el caso, Marino Costa (1996-1999), que también formó parte del equipo técnico de Keiko Fujimori.
El tercer ex responsable de esta cartera acusado de encabezar el plan de esterilizaciones es Eduardo Yong Motta (1994-1996).
La hoy candidata frustrada a la presidencia se defendió indicando que el caso estaba cerrado, que Aguinaga había sido investigado y que no se le encontró ninguna responsabilidad. Empero, aún no se abrió juicio alguno por este plan en Perú.
"El anuncio de Humala representa una esperanza de justicia para todas aquellas mujeres que, como yo, fuimos engañadas por el gobierno de Fujimori cuando nos dijo que al esterilizarnos mejoraría nuestra calidad de vida, y resultó todo lo contrario", declaró a IPS Ligia Ríos Lizárraga, de 44 años y madre de tres hijos.
"Por esterilizarme me mataron a mi último hijo", afirmó esta campesina, quien afirma que "desde que en 1997 con engañamos me ligaron trompas, sin decirme que en ese momento estaba embarazada, mi vida es un completo infierno".
"Cada cierto tiempo tengo hemorragias, y ahora acabo de salir del hospital para que me atendieran de emergencia", precisó.
Ríos Lizárraga narró que recurrió a los tribunales para que sancionaran a los autores de la operación quirúrgica, pero el caso nunca prosperó.
"Por eso, luego de 14 años de sufrimiento, escuchar que mi caso y el de otras mujeres será revisado me da cierto alivio. Espero estar viva cuando castiguen a los culpables", apuntó.
Las mujeres de la sureña región del Cuzco se encuentran entre las más afectadas por las esterilizaciones. En el periodo más intenso de esta práctica, entre 1996 y 1997, el número de ligaduras de trompas saltó espectacularmente de 1.808 a 4.535, que significaban casi cinco operaciones diarias.
Sabina Huilca Cóndor, de 41 años, de la comunidad de Izcuchaca, en la provincia de Anta, fue una de estas víctimas y hoy tiene que seguir concurriendo a Lima para recibir tratamiento especializado. Sufre una neoplasia que los médicos no descartan que sea una derivación de la mala práctica quirúrgica para ligarle las trompas.
"Me voy a poner a disposición de las autoridades para demostrar las causas de la esterilización que me hicieron sin mi consentimiento", dijo Cóndor a IPS.
"Yo puedo mostrar mis heridas, mis males, mis dolores, todo lo que sea necesario para que sepan los jueces que me hicieron daño de por vida por una operación que yo nunca pedí", añadió.
Al final de la campaña electoral y ya con el caso de las esterilizaciones golpeando fuertemente la credibilidad de su candidatura, Keiko Fujimori ensayó unas disculpas a las víctimas.
Pero Cóndor dijo no aceptarlas, pues "son solo por interés". "No le creo porque antes nunca dijo nada", agregó.
La directora de la organización no gubernamental Demus, Jeannette Llaja, manifestó su expectativa por el anuncio de Humala y destacó que no sólo se espera una investigación y sanción a los responsables sino también la reparación a las víctimas individuales y comunales.
"Especialmente en las zonas andinas, las esterilizaciones afectaron a comunidades campesinas completas, de allí que nosotras planteamos que el delito cometido es de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible", aclaró Llaja a IPS.
"Hay investigaciones del Congreso legislativo y de otras instancias que han concluido que el programa de planificación familiar se diseñó especialmente para afectar a las mujeres más pobres del país, habitantes de las zonas andinas y quechuahablantes", sostuvo.
Indicó, además, que "la responsabilidad no se reduce solo a los médicos sino también a los autores de las políticas públicas, lo cual equivale señalar al propio expresidente Fujimori".
"La declaración de Humala es una expresión de que el Estado peruano finalmente asumirá el compromiso adquirido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por eso esperamos y velaremos porque se cumpla la palabra", puntualizó Llaja.
