SANTIAGO – La muerte de doce trabajadores en lo que va del 2026 en la industria salmonera en el sur de Chile encendió la alarma, al evidenciar la parte débil de este multimillonario y floreciente negocio de un espécimen que no es propio del país.
Son extremas las condiciones de riesgo en que trabajan los buzos quienes alimentan a los salmones en cultivo, tanto en el mar como en los lagos. Ellos mantienen y reparan las jaulas de la cría de salmones que van a los principales mesas familiares y restaurantes del mundo.
Los buzos se sumergen continuamente para vigilar que los peces no escapen y evitar que otros especímenes arrebaten su alimento. Anteriormente los buzos eran contratados directamente. Ahora lo hacen contratistas que reclutan a los más baratos.
“Muchos no descansan los tiempos necesarios y trabajan a mayor profundidad que la permitida. Y quienes fiscalizan no llegan a los centros de cultivos que están muy alejados”, relató a IPS Gustavo Cortéz, dirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón.
Cuenta que los inspectores de la estatal Dirección del Trabajo no tienen transporte marítimo propio para efectuar su tarea y dependen, precisamente, de embarcaciones de quienes deben fiscalizar.
“Hoy lo único que quiere la industria del salmón es crecer. Con este gobierno de Kast piden flexibilizar las normas y seguir trabajando libremente, sin fiscalización. Les importa crecer y muy poco el medioambiente, la contaminación y los trabajadores”: Gustavo Cortéz.
El abogado Felipe Guerra, coordinador jurídico de la oenegé Observatorio Ciudadano, dijo a IPS desde la sureña ciudad de Temuco, que esta fiscalización tendrá más dificultades porque el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, en la presidencia desde marzo, adelanta recortes en el sector laboral en 2027.
En la Dirección del Trabajo se reducirá 13 % el presupuesto de fiscalización y 32 % el de capacitación, además de otros programas relevantes para el control y monitoreo.
Desde el municipio de Quellón, en la sureña provincia de Chiloé, donde trabaja hace 22 años en una planta salmonera, Cortéz contó que los buzos tienen turnos de 15 días de trabajo y 15 de descanso, “pero generalmente trabajan para otra empresa en sus días libres”.
“Hoy lo único que quiere la industria del salmón es crecer. Con este gobierno de Kast piden flexibilizar las normas y seguir trabajando libremente, sin fiscalización. Les importa crecer y muy poco el medioambiente, la contaminación y los trabajadores’’, agregó.
La Dirección de Territorio Marítimo, dependiente de la Armada, contabilizó 288 buzos accidentados entre 2004 y septiembre 2026, de los que los buzos mariscadores básicos representan 65 %. Del total, 18 % son accidentes mortales.
Una ley para la actividad de los buzos, impulsada por el gobierno precedente del izquierdista Gabriel Boric y aprobada por el Congreso legislativo en diciembre de 2025, que reconoce y protege la actividad, entró formalmente en vigor en julio, pero está paralizada por falta de reglamento.
Empresas poderosas
La industria chilena de salmónidos es la segunda mayor productora mundial tras Noruega. Se convirtió en la segunda actividad económica del país, solo detrás del cobre. Genera 6956 millones de dólares anuales y 337 670 puestos de trabajo.
Su producción creció sostenidamente hasta 1 151 997 toneladas anuales de salmón Atlántico, Coho y trucha asalmonada con cultivos en las australes regiones Aysén, Los Lagos y Magallanes, todas en el sur de este alargado país con costas al océano Pacífico.
Exporta a un centenar de países. Los principales Estados Unidos, Japón y Brasil.
En la industria salmonera participan unas 20 empresas, pero 10 concentran 77 % de las exportaciones, lideradas por AquaChile, (capital chileno), Cermaq Chile (de la japonesa Mitsubishi) y Multi X (un consorcio chileno, estadounidense y japonés).
Según los empresariales Consejo del Salmón y SalmonChile, estas empresas aportarían al Estado unos 74 millones de dólares anuales en impuestos.
Pero el no gubernamental Centro Ecocéanos indicó a IPS que Chile no tiene régimen tributario diferenciado para que las empresas salmoneras tributen sobre ganancias y compensen el impacto medioambiental.
«Esta omisión no solo es injusta sino ineficiente, pues abarata artificialmente los costos de producción e incentiva un modelo de expansión y sobreproducción», señaló su director, el médico veterinario Juan Carlos Cárdenas.
El pago de patentes de la industria a los municipios donde instalan sus cultivos sí es muy relevante para ellos, pues representa entre 14 % y 29 % de sus ingresos, dependiendo de su tamaño.
“Las empresas trasnacionales mandantes y subcontratistas imponen condiciones abusivas o peligrosas de trabajo que están descritas en los 11 indicadores de trabajo forzado de la OIT”: Juan Carlos Cárdenas.
Según Ecocéanos, dijo, esto “abre la puerta a procesos de captura política de áreas estratégicas del país, lo cual transforma a esta industria en un poder fáctico, regional y nacional”.
“Tener ese flujo de ingresos, limita la capacidad del gobierno central y los gobiernos locales para lograr el cumplimiento de regulaciones ambientales, sanitarias y laborales”, aseveró Cárdenas.
A su juicio, “esta influencia erosiona la autonomía de las autoridades comunales y debilita los principios de transparencia y gobernanza democrática, especialmente en territorios alejados e institucionalmente más frágiles”.
Buzos, un talón de Aquiles
La pesquería aporta 0,65 % del producto interno bruto (PIB) chileno y la acuicultura, incluida la maricultura, representa 72 % del valor total que exporta este país en ese rubro.
Las Naciones Unidas prevé que para el 2035 casi dos tercios de los productos del mar consumidos en el mundo provendrán de la acuicultura.
Chile es uno de los países con mayor número de inmersiones diarias de buceo. El buceo vinculado a la salmonicultura es catalogado por las mutualidades de seguridad como una actividad de mayor riesgo y peligrosidad en la industria.
En el país hay 60 000 buzos de los cuales 7000 trabajan en acuicultura. Unos 11000 son mariscadores dedicados directamente a extracción, explotación y comercialización.
Un 90 % de los buzos de los centros de cultivo son mariscadores con licencia básica “que deben laborar largas jornadas que exceden las regulaciones y a profundidades de 30 metros cuando a buzos mariscadores sus licencias les permiten bajar solo hasta 20 metros”, relató Cárdenas.
Añadió que por razones de menor costo la megaindustria salmonera contrata buzos de bajo estándar social y educativo provenientes de un sector en crisis socioeconómica.
“Las empresas trasnacionales mandantes y subcontratistas imponen condiciones abusivas o peligrosas de trabajo que están descritas en los 11 indicadores de trabajo forzado de la OIT”, la Organización Internacional del Trabajo, afirmó.
Cárdenas contó que estos buzos “viven en centros de cultivo alejados, en situaciones de hacinamiento, descansando o durmiendo sobre motores o botes y expuestos a bajas temperaturas”.
“Para el Centro Ecocéanos, la mega industria exportadora de salmón constituye un enclave productivo exportador de características semicoloniales que opera desde hace cuatro décadas en las regiones del sur austral chileno”, sostuvo.
Añadió que las empresas salmoneras “constituyen un poder fáctico pues utilizan su poder económico para controlar el poder político”.
Según el abogado Guerra, esta industria opera en condiciones de riesgo conocidas, pero “no lo ha internalizado para tomar medidas, mitigarlo y eventualmente reparar a las víctimas”.
La salmonicultura privada, expandida también sobre territorios marítimos declarados patrimonio y reservas protegidas, “sigue enfrentando sus muertes laborales como si fueran hechos aislados”, aseveró.
“Desde el gobierno anterior había una mesa de trabajo para abordar el tema de las muertes de buzos. Siempre ha habido una oposición de la industria por avanzar en regulaciones más sustantivas”, agregó.
Una ley truncada
En diciembre 2025 se aprobó la ley 21 789 que por vez primera reconoce el trabajo de buceo, regula la seguridad y salud en la actividad, responsabiliza al dueño, faena o empresa de las labores que se realizan en balsas, plataformas y bodegas flotantes y abre un registro y reglamento de buzos y de su trabajo.
La ley está en vigor desde el 1 de julio, pero se mantiene paralizada por falta de su reglamento.
“Sin explicación alguna este reglamento fue retirado de manera no informada el 28 de agosto del 2026 dejando inaplicable a la única ley que combate el abuso, la explotación laboral, el trabajo forzado y las altas tasas de accidentabilidad y muerte en el sector acuícola chileno”, sostuvo Cárdenas.
Centro Ecoceanos denunció a nivel nacional e internacional que en el actual gobierno “no existe la voluntad política para que la ley de buceo sea aplicada”.
Guerra cuestiona las mesas de trabajo impulsadas por la autoridad pues proponen protocolos voluntarios y buenas prácticas, “y no implementar regulaciones que den seguridad a los trabajadores”.
“Ya no es un tema accidental, es un tema que se puede prever y adoptar medidas para gestionar ese riesgo. Y eso tiene vínculos directos con las obligaciones internacionales del Estado de regular, prevenir y adoptar medidas”, subrayó.
“La subcontratación no puede operar como un mecanismo de impunidad. Si un buzo muere realizando labores esenciales para un centro de cultivo, en beneficio de una empresa mandante y dentro de una cadena productiva controlada, la responsabilidad no puede quedar encapsulada en la contratista”, concluyó.
Inocuidad, una ventaja
Javiera Cornejo, de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la pública Universidad de Chile, explicó a IPS que el éxito en la exportación de salmones se explica porque el país “ha combinado condiciones naturales favorables para su cultivo con capacidades profesionales, científicas e institucionales desarrolladas a lo largo de décadas”.
“Contamos con una institucionalidad que ha permitido respaldar sanitariamente una actividad exportadora a gran escala”, aseveró.
Según la académica, el trabajo del Estado, las empresas y el apoyo científico y técnico ha sido fundamental para demostrar el cumplimiento de los requisitos de los mercados de destino.
Detalló que “cuando hablamos del posicionamiento del salmón chileno, debemos reconocer tanto la calidad del producto como la capacidad del país para verificarla y ofrecer garantías sanitarias”, sostuvo.
“La competitividad futura de la salmonicultura chilena dependerá de mantener esa confianza, demostrando que puede producir alimentos de calidad e inocuos, con animales más sanos, con menor necesidad de antimicrobianos y con una gestión responsable del entorno”, concluyó.
ED: EG
