SAN SALVADOR – A casi tres meses de las elecciones en El Salvador, el anuncio del presidente del país, Nayib Bukele, de que se van a revisar los casos de presuntos colaboradores de pandillas, presos en cárceles del país, para una eventual liberación, tiene tintes electorales.
Así lo dijeron a IPS un abogado y una madre cuyo hijo no ha sido puesto en libertad, pese a que ya fue absuelto por el sistema judicial, uno de los muchos casos de irregularidades reportados en El Salvador que deja en evidencia el manoseo y la precariedad del Estado de derecho en este país centroamericano de seis millones de habitantes.
“El anuncio del presidente lo vemos ya como una campaña, es por los votos”, afirmó Marcela Alvarado, madre de José Mata Alvarado, capturado el 18 de abril de 2022.
Las elecciones se llevarán a cabo en febrero de 2027 y Bukele, en el poder desde 2019, se presenta nuevamente a la reelección después de una reinterpretación de la Constitución, que antes impedía la candidatura de un presidente en ejercicio.
El joven, ahora de 30 años, sufre prisión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel inaugurada por el Bukele en enero de 2023.
“No sé si mi hijo está vivo o muerto, nunca lo he podido ver”, comentó Alvarado a IPS el martes 21 de octubre.
“El anuncio del presidente lo vemos ya como una campaña, es por los votos”: Marcela Alvarado.
Ella vive en La Noria, un asentamiento rural localizado en la región costera conocida como Bajo Lempa, en el sur del departamento de Usulután.
La mano dura bukeleana
Desde marzo de 2022, Bukele, paulatinamente sumado al autoritarismo de derecha, inició una política de mano dura contra las temidas pandillas, que habían aterrorizado a la población desde inicios de los 90.
Su plan funcionó al establecer un régimen de excepción que suspendió varios derechos constitucionales, mientras la policía y el ejército llevaron a cabo redadas masivas.
El gobierno autorizó a policías y soldados a efectuar esas capturas, dirigidas en buena medida contra pandilleros previamente identificados y localizados. Sin embargo, también fueron detenidas personas por una simple denuncia anónima, realizada por teléfono, sin pruebas que sustentaran la acusación.
Por esa razón, cientos de familias han denunciado la captura de personas inocentes y las violaciones y abusos policiales contra los detenidos.
El régimen de excepción ha dejado más de 93 000 personas capturadas desde marzo de 2022, según cifras oficiales.
En una entrevista televisiva, el abogado Mauricio Maravilla explicó que una reforma legal, aprobada después del régimen de excepción, otorgó valor probatorio a las actas policiales, es decir, se volvieron evidencia, algo que antes constituía diligencias iniciales de investigación.
El abogado cuestionó que esos documentos se utilicen para sustentar las acusaciones, pues aseguró que pueden contener información inexacta. A su juicio, ese cambio redujo las exigencias de prueba para establecer la responsabilidad penal de los detenidos.
Tras casi cinco años de régimen de excepción, se mantienen suspendidos el derecho a conocer inmediatamente las razones de la detención, amplía de 72 horas a 15 días el plazo para presentar al detenido ante un juez y permite intervenir las comunicaciones sin orden judicial.
También, los juicios colectivos contra detenidos bajo el régimen de excepción han sido cuestionados local e internacionalmente por vulnerar el debido proceso y limitar el derecho a una defensa efectiva.
Amparados en reformas legales de julio de 2023, estos procesos agrupan a los acusados por su presunta pertenencia a una misma estructura pandilleril, lo que dificulta evaluar las pruebas y determinar la responsabilidad individual, según abogados y organizaciones de derechos humanos a nivel local e internacional.
A las puertas de las elecciones
El Tribunal Supremo Electoral convocó el 30 de septiembre a las elecciones generales que se celebrarán el 28 de febrero de 2027. La campaña presidencial comenzará el 27 de octubre, mientras que la legislativa arrancará el 27 de diciembre y la municipal, el 27 de enero.
En ese contexto, y presionado por una pregunta de una periodista, Bukele anunció el 13 de octubre que su gobierno evalúa una liberación anticipada y condicional para alrededor de la mitad de los presos acusados de colaborar con las pandillas.
“Estamos evaluando los casos para ofrecer una liberación anticipada condicional a una gran cantidad de reos”, afirmó Bukele. Sobre el alcance del plan, añadió: “Creo que beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con las pandillas, con una liberación anticipada”.
El mandatario argumentó que debía considerarse el grado de participación y las amenazas bajo las que vivían algunas de esas personas detenidas y etiquetadas como colaboradoras, aunque insistió en que seguirían siendo consideradas culpables y quedarían bajo monitoreo.
Por alguna razón, la prensa interpretó que él se estaba refiriendo al total de las personas detenidas bajo el régimen de excepción, las 93 000, y se comenzó a informar erróneamente sobre una posible liberación de 46 000 detenidos.
Tres días después, durante una conferencia de prensa en San Salvador junto a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, Bukele aclaró que la revisión se limitaría a 10 626 personas clasificadas como colaboradores ocasionales.
Excluyó a los integrantes de pandillas y colaboradores habituales, y estimó que aproximadamente la mitad del grupo evaluado podría incorporarse al programa de trabajo penitenciario Cero Ocio, sin anunciar liberaciones inmediatas.
“Ningún pandillero saldrá libre”, sentenció.
A la caza de votos
“Entonces yo lo único que veo en esto, lamentablemente, son fines electorales y no de justicia”, dijo a IPS el abogado y activista de derechos humanos, Henri Fino.
El abogado cuestionó que la iniciativa surgiera cerca de los comicios, después de años de peticiones de familiares de detenidos que reclaman la liberación de sus parientes y denuncian su inocencia.
Según Fino, la expectativa de una eventual excarcelación permitiría al mandatario acercarse a familias afectadas por el régimen de excepción y administrar su descontento con el gobierno.
Fino advirtió que la falta de nombres y criterios claros sobre quiénes podrían resultar beneficiados amplía el efecto político del anuncio: muchas familias pueden mantener la esperanza de que sus parientes estén incluidos, aunque finalmente no lo estén.
“Supongamos: yo, como familiar, no sé si mi pariente va a ser beneficiado o no, pero por las dudas, entonces mejor voto por él, por Bukele”, expresó.
Fino reconoció que Bukele conserva una amplia aceptación popular. Sin embargo, planteó que ese respaldo personal podría no trasladarse con la misma fuerza a los candidatos a diputados y alcaldes de Nuevas Ideas, el partido gobernante.
Las encuestas muestran una distancia entre el respaldo presidencial y el legislativo.
En el sondeo de la Universidad Centroamericana (UCA), divulgado en junio, el gobernante partido Nuevas Ideas obtuvo 63,3 % de intención de voto para presidente y 51,5 % para diputados. Además, 52,4 % se sentía poco o nada beneficiado por las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo.
LPG Datos registró una brecha similar: 55 % votaría por Nuevas Ideas para la presidencia y 44,5 % para diputados. El oficialismo conserva una amplia ventaja electoral respecto al resto de partidos de oposición, maltrechos y en la ruina política, por las políticas de Bukele y décadas de desfalcos y políticas desacertadas.
Desde esa perspectiva, añadió el abogado, el anuncio buscaría “arrastrar” votos aprovechando el apoyo popular hacia Bukele, y de ese modo beneficiar a los candidatos a diputados y alcaldes de su partido. También se buscaría contener un eventual crecimiento de la oposición, algo que, hoy por hoy, parece poco probable.
Además del cálculo electoral, Fino identifica otro factor: la presión internacional por las denuncias de violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción.
“Esa presión creo que es la que le está orillando a él, en verdad, a hacer esa evaluación de casos”, señaló.
La esperanza no muere
Mientras tanto, en La Noria, el Bajo Lempa, Marcela Alvarado aún mantiene la esperanza de volver a ver a su hijo, libre.
“Yo, como madre, las esperanzas nunca las he perdido, porque como madre sé que mi hijo es inocente”, recalcó.
Alvarado cuestionó que Bukele no mencionó a los presos que sus familias consideran inocentes, en el anuncio sobre una posible revisión de los casos de supuestos colaboradores de pandillas.
Su hijo permanece encarcelado pese a contar con dos resoluciones judiciales que ordenan su libertad.
El presidente debió iniciar afirmando, sostuvo, que van a liberar primero a los que tienen carta de libertad, porque ya un juez así lo ha determinado.
Su hijo fue detenido cuando regresaba en motocicleta de trabajar como tractorista en la cooperativa El Borbonomo, en Tecoluca, en el central departamento de San Vicente. Se dirigía a su vivienda en el cantón La Noria.
Según relató Alvarado a IPS en septiembre de 2024, los policías encontraron en su mochila los recipientes vacíos de la comida que había llevado al trabajo y lo acusaron de llevar comida a pandilleros. Fue detenido por agrupación ilícita.
“Bukele no se refirió a ninguno inocente”, reprochó ahora esta madre de 55 años.
El 21 de septiembre de 2022, un juzgado especializado de San Miguel, en el este del país, autorizó que Duval continuara su proceso en libertad condicional y ordenó su excarcelación. IPS tuvo acceso a una copia del oficio dirigido al penal de Izalco, donde estaba recluido.
Una segunda resolución, del 12 de junio de 2023, dispuso su libertad sin restricciones. La emitió el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana, en el oeste, al declararse incompetente porque ya existía otro proceso por el mismo delito.
“Los inocentes, por los que nosotros andamos dando, luchando, a esos no los va a dejar salir”, sostuvo la madre.
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Mientras espera, Alvarado trabaja limpiando casas y lavando ropa ajena para sostenerse y reunir los 125 dólares que cuesta el paquete mensual que prepara para su hijo, con alimentos, artículos de higiene y ropa.
Esos paquetes se entregan a las autoridades carcelarias, en la entrada de las prisiones, sin que los familiares puedan ver a sus parientes.
Durante los últimos dos meses no pudo reunir el dinero necesario porque estuvo enferma.
“Este 22 de octubre voy a ir a dejarle el paquete, ya me faltan unas dos cositas para tenerlo completo”, afirmó, entre alegre y acongojada.
El paquete incluía: tres libras de leche en polvo, tres bolsas de incaparina (un cereal), tres bolsas de avena, doce rollos de papel higiénico, dos paquetes de galletas, dos paquetes de pan para sándwiches, dos bolsas de pasta y varias de crema láctea, dos cepillos dentales, dos pares de calcetines, un par de sandalias, un bóxer, un pantalón corto y una camiseta.
ED: EG
