La Organización de las Naciones Unidas (ONU) está rezagada incluso respecto de algunos de sus propios estados miembros en el reconocimiento de los derechos de los homosexuales.
Entre los 192 países que integran la ONU, Holanda es considerada una pionera en el campo. En ese país europeo, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal desde 2001.
En ese sentido, Holanda fue seguida por Bélgica (2003), España y Canadá (2005), Sudáfrica (2006), Noruega y Suecia (2009), Portugal, Islandia, Argentina y varios estados de México (2010), según la organización Human Rights Watch (HRW).
En Estados Unidos, un creciente número de estados reconocen los matrimonios entre personas del mismo sexo, así como los derechos generales de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT), a pesar de la gran oposición de grupos conservadores y religiosos.
Actualmente, los matrimonios entre personas del mismo sexo son legales en los nororientales estados de Connecticut, New Hampshire, Massachusetts, Iowa y Vermont, junto al Distrito de Columbia.
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La legislación de los matrimonios homosexuales es también discutida en varios otros estados, como Maine, Maryland (noreste) y Oregon (noroeste).
En el occidental estado de California, sin embargo, la comunidad LGBT sufrió un duro revés cuando los votantes apoyaron en noviembre de 2008 la Propuesta 8, que reconoce sólo los matrimonios entre hombres y mujeres.
Mientras, la ONU aplica a su personal las leyes que rigen en los países de origen de los funcionarios en cuestión, explicó un portavoz de ONU-Globe, grupo que defiende los derechos de la comunidad LGBT dentro del foro mundial.
Y "cuando un integrante del personal tiene más de una nacionalidad, la organización reconoce la nacionalidad del estado con la que esté más vinculado", según las Normas y Reglas del Personal de la ONU.
Si un funcionario pertenece a un país que reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo y los derechos de la comunidad LGTB, gozará de los mismos privilegios como empleado de la ONU.
Pero como la abrumadora mayoría de los 192 estados no reconocen los matrimonios homosexuales, los empleados de esos países tampoco gozan en la ONU los beneficios legales que tienen sus pares heterosexuales.
Boris O. Dittrich, director interino del Programa de Derechos de LGBT en la HRW, dijo a IPS que sería lógico que la ONU expandiera los derechos para evitar las desigualdades dentro del foro mundial.
"Por supuesto, primero y antes que nada, depende de los propios gobiernos permitir los mismos derechos, más allá de la orientación sexual", dijo.
Dittrich opinó que, inevitablemente, cada vez más países terminarían con la discriminación por orientación sexual o identidad de género. "La tendencia a legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo no puede detenerse", sostuvo.
Sin embargo, a nivel político, en el foro mundial existen desigualdades. El Comité de la ONU sobre Organizaciones no Gubernamentales rechazó el mes pasado darle "estatus consultivo" a la Asociación de Gays y Lesbianas de Bélgica.
La organización fue rechazada luego de 10 años de constantes aplazamientos por parte del Comité.
Ese órgano también aplazó la solicitud de la Asociación Médica Lésbica Australiana, principalmente arguyendo "cuestiones de procedimientos".
El jefe de la Sección de Temas Globales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Charles Radcliffe, reconoció que el actual sistema del foro mundial "creaba obvias discrepancias y desigualdades".
"El foco de nuestro trabajo hasta ahora han sido las leyes, políticas y prácticas discriminatorias a nivel nacional, y no los procedimientos internos de la ONU", dijo a IPS.
No obstante, destacó que la oficina ha realizado varios llamados a los estados miembros para poner fin a la criminalización de la homosexualidad y combatan la homofobia, la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
