La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras promulgada este viernes por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, «representa un importante mensaje por la reconciliación del país», sostuvo el parlamentario Guillermo Rivera, uno de sus impulsores.
Además de otras personalidades, también estuvo presente Yolandé Mukagasana, la candidata al premio Nobel de la Paz que perdió a su familia en el genocidio de Ruanda, en 1994, y que hoy trabaja en apoyo a víctimas en distintas partes del mundo.
Con esta nueva norma la sociedad colombiana prestará "por fin atención a cinco millones de personas que viven en la ignominia", señaló en conversación con IPS el representante en la cámara baja por el Partido Liberal, quien mantuvo una férrea oposición a Uribe.
Rivera y su correligionario, el senador Juan Fernando Cristo, fueron los responsables de la primera versión del texto en 2007 de lo que ahora se constituyó en la Ley de Víctimas. Ambos provienen de regiones que son escenario de la guerra civil en la que intervienen fuerzas de seguridad del Estado, guerrillas izquierdistas y paramilitares de ultraderecha.
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IPS: ¿Qué es lo más relevante de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras?
GUILLERMO RIVERA: El mensaje. Creo que fundamentalmente es la expresión del mandato de la sociedad colombiana, y del Congreso legislativo que la representa, en pos de la existencia de una política de Estado y reconocimiento de las víctimas.
Las leyes tienen eficacia material y simbólica. En este caso, la eficacia material se dará cuando se restituya la tierra, se indemnice a las víctimas y las familias puedan hacer uso de las garantías judiciales que contiene la norma.
En tanto que el mensaje simbólico es de reconciliación. Que la sociedad colombiana preste por fin atención a cinco millones de personas que viven en la ignominia.
IPS: La promulgación de la ley se da en un contexto donde la violencia sigue. Organizaciones y líderes sociales denuncian que fueron asesinados 49 activistas desde 2002 y, en particular, 12 más desde agosto, tras la llegada de Santos al gobierno, como fue el caso de Ana Fabricia Córdoba, prima de la exsenadora Piedad Córdoba.
GR: Nos preocupa el asesinato de líderes sociales y consideramos urgente el diseño de políticas gubernamentales de protección. Pero es un error mezclar la ley con asesinatos cometidos por criminales, porque es avalar el discurso de la derecha.
IPS: ¿Podrá hacerse efectiva la ley en medio de esta violencia?
GR: Responder significa una reflexión de fondo y preguntarnos si hay que resignarse a reparar a las víctimas solo cuando finalice el conflicto armado nacido a comienzos de los años 60. Creo que no.
Un enfrentamiento de tantas décadas, intensificado en las dos últimas, impone que el Estado responda ya. Ante la violencia, es urgente encontrar respuestas eficaces, acordes con la obligación constitucional.
Ya existe una estrategia para combatir a las "bacrim" (bandas criminales surgidas tras la desmovilización de los paramilitares de ultraderecha), pero no se puede seguir fallando. Reconozco el empeño gubernamental para sacar adelante la ley, pero el vacío se debe superar cuanto antes.
Sí, enfatizo, que la violencia no se presenta por una ley que dicta medidas de asistencia, reparación y ayuda humanitaria.
IPS: ¿Influirá la ley en la búsqueda de paz?
GR: Tenemos muchos desafíos. En mi concepto será muy importante mirar con lupa a quienes integren las instituciones responsables de hacer efectiva la ley.
Pero un reto mayúsculo será la constitución de una federación de víctimas. Con voceros en organizaciones y entidades territoriales, con interlocución ante los medios de comunicación y la academia. Un músculo político que contribuya a combatir todas las mafias enquistadas en organizaciones armadas y en la misma política.
Absalón Machado (especialista en temas agrarios y económicos) recuerda que el presidente Carlos Lleras Restrepo (19661970) le dio fuerza a su reforma agraria contribuyendo con la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.
En este momento histórico tenemos que hacer un esfuerzo de características similares, y muy rápidamente. Ese sí es nuestro compromiso.
IPS: Otra gran preocupación es la coincidencia territorial entre las parcelas a restituir, las zonas donde operan bandas criminales y las áreas de extracción minera a cargo de firmas multinacionales.
GR: Preocupan todas las economías de enclave: narcotráfico, "bacrim" o paramilitares que se "desmovilizaron", entre comillas porque siguen operando. O quienes mantienen el afán por capturar las rentas de entidades territoriales, y otros fenómenos que necesitan de políticas urgentes para habilitar la aplicación de la ley.
Su diseño es razonable, como cierto es que hay imperfecciones que requieren de medidas que las combatan. Al lado de un gran proceso de información ciudadana que concluya en la elección de gobernantes y voceros políticos sin vinculación alguna con esos grupos.
IPS: La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de Colombia, presentó recomendaciones a la ley. ¿Está de acuerdo con ellas?
GR. Con la mayoría. Muchas de estas ideas fueron planteadas por mí, pero fui derrotado en su momento en el parlamento. Por ejemplo, creo que nunca se debió decir que un miembro de un grupo ilegal, que además de trasgresor haya sido víctima, deba ser reconocido como esto último. Y podría darle muchos otros ejemplos que han subrayado el Alto Comisionado y otros funcionarios.
Por eso es muy importante que la efervescencia mediática no termine este viernes con la sanción de la ley.
Espero que seamos creativos en las medidas de reparación simbólica y que, con los sindicatos proclives a la defensa de los derechos humanos, los jóvenes, la academia y muchos ciudadanos más, logremos establecer que vivimos en una sociedad con memoria, en una sociedad que se puede reconciliar.
Por eso, cuando me felicitan, respondo que esto apenas empieza, que hay mucho por hacer.
