La aprobación de un proyecto de cinco centrales hidroeléctricas en la Patagonia de Chile catalizó el descontento latente en amplios sectores y movilizó manifestaciones masivas que dieron paso a un «movimiento ciudadano» cuyas demandas ya sobrepasan los embalses y se proyectan a la democratización del país.
La movilización supera todas las cifras de protesta desde que la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) dio paso a una democracia pactada con los sectores no comunistas de la oposición al régimen militar.
"Queremos participación para decidir el tipo de desarrollo que sirve a los chilenos", dijo ante unas 5.000 personas en Santiago el secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena, Patricio Rodrigo, una coalición de organizaciones no gubernamentales que conduce la campaña Patagonia Chilena Sin Represas.
Las corporaciones mineras que están lanzando nuevas operaciones en el norte del país son las principales destinatarias de la energía que se proyecta transportar por más de 2.000 kilómetros, sostuvo.
[related_articles]
Sara Larraín, activista ambiental y ex candidata presidencial, dijo a IPS que las empresas mineras consumen hoy 40 por ciento de la energía producida en el país, y estimó que podrían ahorrar entre 25 y 30 por ciento de su consumo con medidas de eficiencia energética, por ejemplo en la iluminación y los motores.
"No me estoy refiriendo a motores que no existen, sino a motores 'premium' que hoy día existen a precios competitivos en el mercado internacional", dijo.
Los ambientalistas alegan que existen trabas para importar tecnologías no convencionales que, estiman, podrían aportar hasta 30 por ciento de la demanda energética a costos competitivos, especialmente en las áreas geotérmica y eólica.
Estas trabas tendrían su origen en el duopolio que constituyen las empresas Endesa (española adquirida por la italiana Enel) y Colbún, parte del grupo chileno Matte, que controlan 70 por ciento del mercado eléctrico de Chile.
Endesa y Colbún son socias en HidroAysén, que proyecta construir cinco represas en los ríos patagónicos Pascua y Baker, considerados entre los más puros del planeta.
Endesa posee además los derechos de agua de ambos ríos, lo que agregó a los debates la necesidad de nacionalizar el agua, privatizada durante la dictadura, en un régimen posteriormente reforzado por los sucesivos gobiernos democráticos.
El río Baker es el más caudaloso de Chile, y en la sureña región de Aysén se ubican el segundo lago más grande de América Latina y la segunda reserva mundial de agua dulce.
El proyecto fue presentado en 2008, y desde entonces generó una polémica restringida a los grupos locales y organizaciones defensoras de la Patagonia.
Las autoridades regionales de entonces objetaron numerosos aspectos del proyecto, y la estatal Corporación Nacional Forestal lo rechazó en su totalidad, por intervenir áreas de protección boscosa y parques nacionales.
Pero todas las objeciones relevantes desaparecieron desde la llegada al poder en marzo de 2010 de Piñera, un inversionista de amplia trayectoria y ex propietario de LAN, la línea aérea que había sido privatizada a fines de la dictadura.
Más aun, el proyecto fue revisado sin considerar una sola de miles de observaciones ciudadanas efectuadas en el proceso reglamentario de consulta. Las autoridades que le dieron luz verde son todas de confianza de Piñera, quien confirmó el sábado su aprobación en el Consejo de Ministros, en el último paso, que será desafiado en tribunales y organismos internacionales.
Para transportar la energía desde Aysén se requeriría instalar centenares de torres de alta tensión de 70 metros de altura en una trocha de 100 metros de ancho que pasaría por seis parques nacionales, 11 reservas nacionales, 26 sitios prioritarios de conservación y 32 áreas protegidas privadas, deforestando unos 2.000 kilómetros cuadrados. Además, sería necesario reubicar asentamientos humanos.
El proyecto de las antenas es separado del de las represas, lo que dio pie a suspicacias, pues se rige por la ley de permisos mineros.
La inversión total de ambos planes supera los 7.000 millones de dólares, y se calcula que la tasa de lucro líquido superaría los 1.000 millones de dólares anuales.
Los críticos ven en esta ganancia el empeño político y financiero desplegado para su aprobación, que incluyó una donación de Endesa de un millón de euros (1,4 millones de dólares) a la fundación que dirige la esposa de Piñera, Cecilia Morel, así como aportes a la reconstrucción y regalos a los moradores de la zona, que comprende 15 por ciento del territorio chileno, pero donde vive sólo dos por ciento de la población.
Nancy Domínguez, en la remota Caleta Tortel, es una de las beneficiarias de esos regalos: la empresa le financió un kiosco de venta de caramelos y artesanías para los turistas que visitan la zona en el estuario del río Baker, y que se teme sufra de inundaciones periódicas con las represas.
"Claro que (las represas) producen un daño ambiental, pero para nosotros, que somos adultos mayores con bajos ingresos, esto nos permite mejorar nuestra vida", dijo Domínguez a IPS.
Para Michel Mouré, gerente de operaciones de HidroAysén, sugerir que los ciudadanos de Aysén se dejan comprar por la empresa es "un insulto".
Mouré explicó en entrevista con IPS que los aportes de becas, camisetas deportivas, pelotas de fútbol, apoyo a microempresarios y juntas de vecinos son parte de la política de "responsabilidad social empresarial" de HidroAysén. El proyecto representa una oportunidad de superar los altos índices de desempleo y pobreza en una de las zonas más abandonadas del país, sostuvo.
Pero el obispo católico de Aysén, Luis Infanti, dijo a IPS que se trata de una cruda "compra de conciencias" con la que se pretende dividir a la comunidad entre "defensores" y "vendidos".
Si ése era el propósito, aparentemente falló, pues tras la aprobación inicial del proyecto el 9 de mayo, una encuesta regional mostró que más de 60 por ciento de los entrevistados rechazan las represas y exigen más atención del estado a una zona estratégica de Chile.
En el ámbito nacional, 61 por ciento de los encuestados en abril por la empresa internacional Ipsos se manifestaron en contra de los megaproyectos, proporción que subió a 74 por ciento después de su aprobación, según un sondeo encargado por el diario oficialista La Tercera. Larraín sostiene que el rechazo alcanza a 85 por ciento de la población.
En los últimos meses, HidroAysén condujo una intensa campaña publicitaria que mostraba quirófanos que se apagaban súbitamente, familias ateridas de frío, alimentos que se descomponían y otras situaciones dramáticas que ocurrirían si este proyecto fuera rechazado.
Piñera sostuvo que, sin las represas, Chile sufriría un "apagón" en menos de 10 años.
La respuesta del gobierno a las manifestaciones fue una intensa represión, justificada en la necesidad de contener a pequeños grupos de "vándalos", atacando a decenas de miles de personas con carros lanzagua y gases lacrimógenos.
Una jueza de Santiago declaró ilegales los cientos de detenciones efectuadas el 9 de mayo por policías que ocultaban sus placas, y que incluyeron a un diputado de izquierda.
Es aun prematuro calcular el costo político que esta crisis tendrá para un gobierno que sólo tiene un año en el poder. Pero el ambiente de protesta se va a ampliando a otras áreas de descontento, como educación, salud, transporte o tasas de interés bancarias.
De hecho, ya radicalizó a gran parte de la coalición centroizquierdista opositora, que gobernó entre 1990 y 2010 y que no parece dispuesta a perder un tren que ya partió.
