Aunque América Latina mantiene la imagen de región joven, su tradicional pirámide de población muestra una acelerada reducción en la base por menos nacimientos y el engrosamiento en el vértice por la cantidad de adultos mayores, un fenómeno que plantea inmensos retos demográficos.
La población mayor de 60 años de la regón llegaba en 2000 a 43 millones, en 2025 rondará los 100,5 millones y para 2050 los 183,7 millones, según datos del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía.
Este incremento no responde al aumento general de la población sino a un proceso de envejecimiento demográfico. Si en 1975 los mayores eran 6,5 por ciento de la población, hoy llegan a nueve por ciento, para 2025 serán 14,8 por ciento y para 2050 el promedio de los países arroja 24,3 por ciento, indica la progresión realizada por esta entidad de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Un ejemplo de país envejecido es Cuba, donde se proyecta que para 2050 los mayores de 60 años representarán 37,5 por ciento de la población. La pirámide latinoamericana va transformándose así en una columna rectangular con un capitel superior que se ensancha incluso por el incremento de personas mayores de 80 años.
Concientes de esta evolución, representantes de América Latina, con apoyo del Grupo de los 77 más China, la mayor coalición en desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, logró en noviembre que la Asamblea General del foro mundial apruebe crear un grupo de trabajo sobre derechos de las personas de mayor edad.
El grupo, propuesto por Argentina y Brasil, va a liderar la elaboración de un tratado internacional de protección de los derechos de las personas mayores, que cada vez son más en América latina y en el mundo.
¿Qué desafíos plantea este proceso a una región que, si bien tuvo un marcado progreso económico y social en la última década, todavía tiene numerosas asignaturas pendientes en materia de atención a su población?
"América Latina está envejeciendo a un paso más acelerado que Europa. En solo 30 años se redujo abruptamente la fecundidad y crece el número de adultos mayores, lo cual plantea la necesidad de cambios de paradigma tanto a nivel de salud como de alcance de la cobertura previsional".
El que lo explica así es el argentino Enrique Peláez, director de la maestría en demografía del Centro de Estudios Avanzados de la estatal Universidad Nacional de Córdoba y secretario general de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Población.
Peláez recordó que históricamente en la región el mayor reto era reducir la mortalidad materno-infantil y remarcó que, si bien todavía hay tarea por hacer en esa materia, hay nuevas demandas desatendidas. "Tenemos muchos pediatras, pero son contados los gerontólogos", advirtió.
Para este experto, el envejecimiento poblacional, que es más marcado en Costa Rica, Cuba y Uruguay, pone sobre el tapete la necesidad de pensar en la prevención, la atención y los cuidados de los más ancianos que pierden autonomía en familias que tienen un número cada vez menor de integrantes.
Argentina es el país que más apela a geriátricos y hogares en la región, pero se trata de un recurso de una minoría. Apenas por debajo de dos por ciento de los adultos mayores en este país están institucionalizados. El resto de América Latina tiene una tasa menor a 0,5 por ciento, aseguró Peláez.
También se requiere de un cambio de esquemas en materia previsional. Actualmente hay gran disparidad entre países, con algunos que aseguran ingresos a más de 80 por ciento de adultos mayores, como Argentina, Brasil y Uruguay, mientras que muchos otros están por debajo o alrededor de solo 15 por ciento.
En muchos países no existe un sistema de contribuciones en la edad activa que garantice un ingreso en la etapa de retiro. Es el caso de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Republica Dominicana, por ejemplo, donde los mayores están prácticamente condenados a no dejar de trabajar hasta su muerte.
En un informe titulado "La cobertura de la seguridad social en América Latina", del argentino Rafael Rofman, experto del Banco Mundial, se señala que "la mayoría de los países de la región tiene serios problemas para satisfacer los objetivos básicos de sus sistemas de seguridad social".
Rofman muestra en su trabajo los límites que tiene el sistema de contribuciones para asegurar ingresos a todos los adultos mayores. La alta informalidad e inestabilidad laboral lleva a que en los países donde rige este esquema no se pueda garantizar la cobertura de todos los mayores.
Para paliar esas limitaciones, por ejemplo, el gobierno de Brasil fijó una pensión no contributiva a adultos mayores provenientes del ámbito rural.
En Argentina, tras la llegada al gobierno en 2003 del centroizquierdista Néstor Kirchner, se ofreció una alternativa a los mayores que no habían hecho contribuciones a la jubilación por haber trabajado en el mercado informal o en los casos de mujeres trabajadoras del hogar. Los interesados accedían a un ingreso con los descuentos por aportes no realizados en su etapa activa.
Así, el número de adultos mayores argentinos con ingresos creció de 3,2 millones a 5,6 millones de personas, elevándose a 86,7 por ciento el porcentaje de retirados que reciben remuneración.
En Bolivia, el gobierno del izquierdista Evo Morales otorgó un subsidio universal a los más ancianos, sin requerir aportes previos. Pero el estudio de Rofman señala que, si el sistema fuera realmente universal, la cobertura debería aumentar mucho más que lo que indican las estadísticas.
En definitiva, algunos gobiernos están encontrando que las rentas generales, no sólo los aportes de los trabajadores formales, deben ser destinadas en parte a garantizar un ingreso a los mayores y esta tendencia cobrará relevancia con el aumento del número de ancianos en las próximas décadas.
Desde la sociedad civil, muchas organizaciones trabajan para garantizar la mayor integración de las personas retiradas y reivindican sus derechos. Para los expertos, las mejores iniciativas son las que procuran acercar a las diversas generaciones y las que incentivan el constante aprendizaje y actualización en distintos saberes.
Es el caso del trabajo que realiza desde hace 20 años en Uruguay el Centro Institucional de Colaboración con el Adulto Mayor (Cicam), que brinda cursos y talleres de idiomas, informática, literatura, actividades físicas y otros conocimientos.
"Nosotros trabajamos mucho el tema de los derechos de los mayores", dijo a IPS la vicepresidenta de Cicam y una de sus fundadoras, Silvia Tron, de 84 años. "Ahora el énfasis lo pusimos en el tema del maltrato y la violencia y abrimos un consultorio de asesoramiento jurídico y psicológico para mayores", añadió.
Tron remarcó que "el consultorio está teniendo mucho éxito", aunque por una situación muy lamentable, pues son muchos los mayores que se acercan para denunciar el maltrato de familiares y la pérdida del derecho sobre sus bienes o ingresos.
Para esta dirigente social, el desafío a mediano plazo es la educación sobre envejecimiento a todos los sectores sociales. En este sentido, realizaron en Cicam una experiencia con maestros y profesores de escuelas primarias y secundarias, la cual quieren ampliar a médicos, funcionarios, empleados de transporte público, periodistas y policías.
"En Uruguay somos casi medio millón de personas retiradas. Yo les digo siempre a los dirigentes políticos que podemos decidir una elección, y vamos en aumento. Por eso, tenemos que participar y hacer que se oigan nuestras voces", alertó la mujer.
