El gobierno boliviano del izquierdista Evo Morales enfrenta desde este lunes un paro de transporte público por tiempo indeterminado, en respuesta al mayor aumento de precios de los combustibles en los últimos 20 años. Esa decisión provocó un importante, aunque desarticulado, rechazo popular.
Con el argumento del contrabando de carburantes a países vecinos, el gobierno resolvió llevar el precio de la gasolina de 0,53 centavos de dólar por litro a 0,91, mientras que el combustible para motores diésel pasó de 0,52 a 0,96 centavos de dólar.
El anuncio formulado el domingo provocó la inmediata reacción de los conductores del transporte de pasajeros y de carga, quienes rechazaron la medida porque eleva sus costos de operación en 27 por ciento.
El sindicato del sector resolvió paralizar sus vehículos desde el comienzo de este lunes en un intento por dejar sin efecto el alza.
En las ciudades se observó la falta de medios de transporte de pasajeros que fueron reemplazados por camiones y autobuses militares, empleados por el gobierno de Morales en respuesta a la huelga.
La demanda de transporte también disparó las tarifas que algunos transportistas aplicaron en medio de la jornada de protesta. Los precios se duplicaron.
"Es la medida neoliberal más dura", dijo a IPS el economista Armando Méndez, ex presidente del Banco Central de Bolivia, en un intento por definir el ajuste de precios decidido por Morales, quien proclama su adhesión a un "socialismo comunitario".
El gobierno aplica medidas de intervención estatal en la producción de alimentos y fija precios, prohíbe las exportaciones de algunos productos y controla su venta, repasó Méndez.
Desde la occidental ciudad de Oruro, el secretario general de la Central Obrera Departamental (COD), Jaime Solares, también en respuesta al aumento de los combustibles, reclamó un incremento de salarios del 100 por ciento.
También acusó que la organización nacional de los trabajadores, la única Central Obrera Boliviana (COB), inscriba su actuación "en línea con el gobierno".
En un comunicado, el secretario ejecutivo de la COB, Pedro Montes, expresó su protesta por el llamado "gasolinazo", pero no anunció medidas de protesta como era habitual en esta organización de trabajadores, referente popular en tiempos en que gobernaba la derecha.
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García, explicó que la "nivelación de precios" de los carburantes, intenta ahorrar unos 380 millones de dólares que el gobierno asignó este año como subvención a los usuarios de diésel, gasolina y gas licuado de petróleo.
Bolivia importó estos derivados por 470 millones de dólares entre enero y octubre de 2010, explicó a IPS el economista Julio Alvarado.
Este país andino posee grandes reservas de gas natural, pero la producción de petróleo y derivados, como la gasolina y el combustible para diésel, es deficitaria, lo que obliga a importaciones desde Venezuela, el principal proveedor de carburantes.
Los 850 millones de dólares que el gobierno desembolsa por concepto de subvención —380 millones de dólares— e importación de derivados del petróleo —470 millones de dólares— aparecen excesivos si se los compara con los 2.000 millones de dólares que obtiene el Estado boliviano por impuestos a las exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina.
Hasta la semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas afirmaba que las finanzas públicas atravesaban el mejor momento porque registraron, por quinto año, un superávit cercano al 1,5 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Pero los observadores económicos comienzan a dudar de esta versión, que este año llegó de la mano de permanentes mensajes sobre la bonanza alimentada por las exportaciones de hidrocarburos y minerales.
Las exportaciones de materias primas y productos no tradicionales se aproximan a los 6.900 millones de dólares, según las estimaciones del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior, un dato que podría repetir el indicador de 2008 cuando las exportaciones bolivianas alcanzaron su momento cumbre.
Desde el sector empresarial, el presidente de la patronal Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, dijo que el gobierno perdió la esencia del modelo de economía socialista que pregonaba y comparó las medidas del domingo con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En materia salarial, el representante expresó el deseo de cumplir con el incremento de salarios que disponga el gobierno, aunque el porcentaje no fue anunciado oficialmente porque se espera una medición del impacto de precios después del alza en los derivados del petróleo.
Horas después del anuncio gubernamental, decenas de ciudadanos con capacidad adquisitiva se volcaron sobre los centros de comercio de alimentos, y en pocas horas agotaron las existencias de pan, azúcar, carnes y arroz, temerosos por los nuevos precios que comenzarán a regir en los siguientes días.
Ese estado de inquietud se asocia al periodo hiperinflacionario de la primera mitad de la década del 80, cuando los precios alcanzaron máximos niveles de incremento de hasta 25.000 por ciento al año.
