La merma de la inversión extranjera directa y las medidas para revertir procesos privatizadores alientan el debate en Bolivia sobre la política económica del gobierno de Evo Morales, que promueve la creación de empresas estatales.
El presidente izquierdista creó la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA), fortaleció el servicio de transporte de pasajeros y carga de la Fuerza Aérea Boliviana, fundó la Empresa Boliviana de Almendra y Derivados, instaló fábricas de papel y cartón, apoya financiera y comercialmente a pequeños productores y proyecta industrias de leche y azúcar.
Este modelo, inaugurado con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, en febrero de 2009, implica la recuperación del protagonismo estatal en sectores anteriormente privatizados, entre ellos la producción de hidrocarburos, la electricidad, la telefonía y el transporte aéreo.
Además de generar empleo, el gobierno trata de crear condiciones económicas y financieras para impulsar el desarrollo de agricultores de pequeña escala asociados en cooperativas y sindicatos, con la finalidad de aumentar la producción de alimentos y equilibrar el poder de la agroindustria exportadora localizada en el oriental departamento de Santa Cruz.
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La presencia estatal en la producción de alimentos y prestación de servicios apenas comienza y, en esta fase inicial, se han generado apenas 1.028 empleos nuevos, según datos proporcionados a IPS por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Un informe de la privada Fundación Milenio señala que la inversión estatal está desplazando a la privada extranjera, con una drástica caída en los últimos dos años.
Según los cálculos de esa entidad, en 2008 la inversión extranjera directa (IED) en Bolivia alcanzó 402 millones de dólares, bajando a 245 millones de dólares en 2009. Durante los primeros tres meses de este año, se registraron 156 millones de dólares, una cifra muy pequeña frente a un producto interno bruto (PIB) anual de 17.000 millones de dólares, indica.
En su último informe anual sobre la IED, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que en 2008 Bolivia recibió 507,6 millones de dólares por este concepto, mientras que en 2009 absorbió 418,4 millones de dólares, una merma menor que la sufrida por otros países de la región a raíz de la crisis económica internacional.
Por su parte, el gobierno informó que la inversión pública en proceso de ejecución ronda los 2.200 millones de dólares, el mayor nivel para un aparato estatal que hasta el año 2005 invertía a razón de 500 millones de dólares, recordó el propio presidente Morales.
Esta inversión pública cubre los costos que demanda la construcción de carreteras, de infraestructura social, como escuelas y centros de salud, la dotación de servicios básicos de agua potable y alcantarillado, y el apoyo técnico a pequeños productores agrícolas.
Aunque el discurso oficial invita a los extranjeros a invertir en Bolivia, la Fundación Milenio observa que la falta de decisión política sobre el desarrollo de sectores económicos como los hidrocarburos, la minería, la electricidad, las telecomunicaciones y el transporte se contrapone a ese deseo.
El grupo de análisis observa un distanciamiento entre el Estado y los inversionistas, citando el caso de la reciente nacionalización de 33,34 por ciento de las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), en poder de la Sociedad Boliviana del Cemento (Soboce), uno de cuyos dueños es el Grupo Cementos de Chihuahua de México.
En mayo de 2006, durante el primer mandato de Morales, comenzó la carrera estatista con una renegociación de los contratos con empresas petroleras extranjeras, a las cuales el gobierno aplicó mayores impuestos con lo que aumentó los ingresos fiscales.
"No debe sorprender un desplazamiento de la inversión privada por acción del Estado", expresó a IPS el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Católica Boliviana, Alejandro Mercado.
El académico recordó que, en el referéndum revocatorio del mandato del presidente de 2008, más de 60 por ciento del electorado respaldó el proyecto ideológico de Morales, que considera eficiente al Estado en la producción de bienes y servicios, y como redistribuidor de la riqueza.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Enrique García, lamentó que el gobierno incumpla sus anuncios de buscar alianzas estratégicas con el sector privado y, en lugar de seguir este camino, elija la expropiación de acciones en Fancesa.
"Es legítimo que el gobierno aplique su visión ideológica, tras lograr un respaldo popular en las urnas", enfatizó Mercado.
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) multó en septiembre, con el pago de 56.000 dólares aproximadamente, a Soboce y a la aerolínea privada Aerosur, con un monto similar, por hallar errores de procedimiento en la conformación de sociedades regidas por el Código de Comercio.
El director ejecutivo de AEMP, Óscar Cámara, declaró a IPS que, desde una visión técnica y no política, está empeñado en acabar con los monopolios productivos para beneficiar, por esta senda, a los consumidores con la aplicación de precios y tarifas reducidas.
Aunque considera que en el mundo no existe una empresa estatal eficiente en comparación a las firmas privadas, Mercado cuestiona a estas últimas presentes en Bolivia, porque, a su juicio, buscaron protección estatal o lograron preferencias para evadir obligaciones como el pago de impuestos con la finalidad de obtener mayores utilidades.
Según datos de la Cepal, el PIB de Bolivia creció 6,1 por ciento en 2008 y 3,8 por ciento en 2009, en medio de la crisis económica mundial. Este año se prevé una expansión de 4,5 por ciento y el próximo de cuatro por ciento.
