El presidente de Perú, Alan García, confirmó este miércoles que se le revocará a la empresa estadounidense Doe Run el permiso para operar el centro metalúrgico de La Oroya, una de las ciudades más contaminadas del mundo, debido a que no reanudó sus actividades en la víspera, como estipula la ley.
En un mensaje dirigido al país desde el Congreso legislativo, García dijo que, "vencido el plazo, se aplicará estrictamente la ley y se le cancelará (a Doe Run) la licencia de funcionamiento".
"Se debe impedir que una empresa abuse del país o lo chantajee, como es el caso de Doe Run en Junín", agregó.
La firma trasnacional "queda sujeta a la legislación nacional vigente, específicamente a la Ley del Cierre de Minas y su reglamento ( ) así como a las demás normas que resulten aplicables y estará sujeta a la responsabilidad administrativa, civil y penal que corresponda", señala un comunicado del Ministerio de Energía y Minas (MEM) difundido el martes.
Ese día finalizaba el plazo de 10 meses otorgado por el Estado para reanudar sus actividades tras declararse en quiebra.
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Antes del pronunciamiento del mandatario, fuentes de los organismos fiscalizadores del sector minero habían confirmado a IPS que en este caso las normas contemplan como sanción el cierre de las operaciones de la empresa.
Tras conocerse la noticia, el vicepresidente corporativo de Asuntos Ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, manifestó que se evaluará la decisión tomada por el gobierno.
Además, aseguró que horas antes de vencerse el plazo, la empresa planteó una nueva propuesta a las proveedoras de concentrados a quienes les adeuda dinero, la cual habría sido aceptada por una de ellas.
Mientras, en La Oroya, ubicada en la región centroandina de Junín y considerada una de las más contaminadas del mundo, los trabajadores continuaban exigiendo su derecho al trabajo y otro sector de la población defendiendo su derecho a la salud que se vio afectada en los últimos años por los gases tóxicos emanados por el complejo metalúrgico.
Unos 35.000 habitantes soportan las emanaciones de dióxido de azufre, plomo y cadmio de las chimeneas de Doe Run. Mediante la ley 29.410, promulgada el 26 de septiembre de 2009, el parlamento legislativo amplió en 10 meses el plazo para que la empresa consiguiera el financiamiento del proyecto de una planta de ácido sulfúrico de la línea de cobre y reiniciara sus operaciones, y le concedió 20 meses adicionales para que concluyera la construcción de la obra.
Según los expertos, la mencionada planta era la más importante para reducir la contaminación y formaba parte del Programa de Ampliación y Manejo Ambiental (PAMA) que Doe Run ha incumplido de manera sistemática y por el que había pedido hasta cuatro prórrogas desde que en 1997 se hizo cargo de la fundición.
Para ello, la empresa debía invertir entre 140 y 150 millones de dólares, sin contar la deuda de aproximadamente 120 millones de dólares que mantiene con proveedores.
En su comunicado, el MEM señala que comprobó junto con representantes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente, que la empresa no reinició sus operaciones en la fecha exigida por la ley.
El MEM emitirá una Resolución Directoral el jueves para formalizar la declaración del incumplimiento.
Osinergmin, que el 22 de este mes transfirió las competencias de fiscalización ambiental del sector minero a la OEFA, informó a IPS que la empresa no cumplió ocho de las nueve obligaciones que le exigía la ley durante los 10 primeros meses. Sólo logró entregar el plan de obras y construcción del proyecto.
Los otros incumplimientos corresponden a la presentación de un plan de reinicio de operaciones a los 30 días de publicarse la norma, el esquema completo de garantías en el mismo plazo y un programa de refinanciamiento en 60 días.
A esto se suma la renovación de dos cartas fianzas, una por de cuatro millones de dólares aproximadamente y otra por 14 millones de dólares en promedio, además de la suscripción de la escritura pública de la modificación de un contrato de fideicomiso dentro de los seis meses de entrada en vigencia la ley, así como constituir garantías.
Pero adelantándose a cualquier pronunciamiento del gobierno, Doe Run emitió un comunicado de prensa la noche del lunes informando que debido "a los avances significativos alcanzados, la empresa seguirá trabajando para reiniciar las operaciones".
La compañía aseguró que el 14 de este mes presentó a sus acreedores un plan de negocios, el cual fue recibido "positivamente".
Sin embargo, tal acuerdo se frustró porque una de las empresas a las que debe Doe Run, Cormin, solicitó el inicio de un proceso concursal ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que podría decidir sobre la reestructuración o liquidación de la empresa.
Doe Run propone al gobierno continuar pagando a sus trabajadores 70 por ciento de sus remuneraciones.
"Lo que debe garantizarse ante todo es la fuente de trabajo. El gobierno debe comprender. Queremos que se reinicien las operaciones cuanto antes, no podemos esperar más", aseguró a IPS el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Doe Run, Royberto Guzmán, quien enfatizó que ya son 13 meses de paralización del complejo.
La ministra de Trabajo, Manuela García, indicó que el gobierno tiene un plan que otorga una alternativa laboral a los trabajadores, pero el dirigente Guzmán rechaza tal iniciativa porque asegura que "es una reacción de última hora".
Según García, la empresa cuenta con más de 3.000 trabajadores, pero 2.500 son del complejo metalúrgico y el resto de su unidad minera Cobriza.
"El gobierno tiene que pensar en la viabilidad económica de La Oroya en su conjunto, no sólo de los trabajadores sino de los pobladores que dependen de las otras actividades que genera el complejo", manifestó a IPS el economista José De Echave, de la no gubernamental CooperAcción.
De Echave advirtió que es posible que la empresa incluso acuda al Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI) para demandar al Estado si se concreta el cierre de sus actividades porque el Tratado de Libre Comercio que Perú suscribió con Estados Unidos le da esa posibilidad.
Por su parte, la ex directora general de Minería, Marita Chappuis, indicó a IPS que de volver a reiniciarse las operaciones con otra empresa, "lo ideal sería que antes se termine la construcción de la planta de ácido sulfúrico" para garantizar la salud de la población.
