El caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, quien purga en México una condena de 60 años de prisión por secuestro, eriza las relaciones entre este país y Francia y amaga con convertirse en el más grave asunto bilateral.
Cassez, de 34 años, fue sentenciada en abril del año pasado a 96 años de reclusión, pena que fue reducida a 60 años tras una apelación.
Pero según un libro de dos periodistas franceses sobre ella y otras 14 personas sometidas al sistema judicial mexicano, que empezó a circular este jueves en Francia, sus procesos penales y posterior reclusión fueron un montaje legal y mediático.
"Nuestro trabajo es primero la reconstitución de toda la historia, con cada episodio del asunto desde el principio hasta hoy a través de los testimonios de las personas que cruzaron su historia durante los últimos años", dijo a IPS Alain Devalpo, autor junto con Anne Vigna de "Florence Cassez, Jacinta, Ignacio et les autres: Peines mexicaines" (Florence Cassez, Jacinta, Ignacio y los otros: Penas mexicanas).
"Explicamos cómo se volvió un asunto de estado en México y un problema diplomático entre los gobiernos francés y mexicano", añadió.
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Cassez llegó a México en 2003 proveniente de Béthune, un municipio del norte de Francia. Fue detenida por agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) el 8 de diciembre de 2005, acusada de colaborar en los secuestros extorsivos cometidos por su novio Israel Vallarta, miembro de la banda "Los Zodíaco".
Pero en busca de un golpe propagandístico, las autoridades decidieron recrear la detención al día siguiente, para lo cual convocaron a periodistas de la televisora Televisa. Así, el caso se volvió un espectáculo.
"Podemos coincidir con que fue un montaje legal y mediático. La recreación era para fortalecer un tema de imagen, pero los motivos oscuros para ese montaje habría que escudriñarlos en quienes lo hicieron", dijo a IPS el jurista Agustín Acosta, defensor de Cassez, quien permanece recluida en una prisión de la capital mexicana.
Para elaborar el libro, cuyo título en español sería "Penas mexicanas", Devalpo y Vigna, conocedores de la realidad mexicana y que han colaborado con medios como Radio Francia Internacional y la revista Le Monde Diplomatique, revisaron el expediente judicial y entrevistaron a más de 50 personas.
En su pesquisa, iniciada en abril de 2006 con una entrevista a Cassez, compararon los testimonios oficiales de Cristina Ríos, su hijo de 11 años y Ezequiel Elizalde, víctimas de secuestros de "Los Zodíaco", y las declaraciones que brindaron a la prensa mexicana, y descubrieron que no eran coincidentes.
"Podemos demostrar cómo la AFI utilizó el dolor de esas víctimas de secuestros para limpiar su imagen. Damos los nombres de personas denunciadas por Ríos, su hijo y Elizalde de las cuales nunca se habló públicamente. Esas personas nunca fueron interrogadas por los investigadores", argumentó el periodista.
La historia de Cassez, quien al momento de su captura trabajaba para una cadena hotelera mexicana, goza de poca popularidad en la sociedad de este país, inmerso en una ola de violencia delictiva sin precedentes.
Se estima que a diario se cometen unos 18 secuestros, de los cuales sólo dos se denuncian. Este año, fueron detenidos más de 9.000 secuestradores, 20 por ciento más que en 2008, según datos oficiales.
Pero el caso Cassez sí se hace notar en las relaciones entre México y Francia, al punto de que marcó la visita oficial del presidente Nicolas Sarkozy de marzo. El gobernante le pidió a su homólogo conservador Felipe Calderón que repatriara a su coterránea a Francia para que cumpliera allí su pena.
Esa petición se basa en el Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, firmado en 1983 en Estrasburgo, y del cual México es parte. Ese acuerdo estipula el intercambio de reos entre los Estados suscriptores para que cumplan su tiempo de prisión en sus lugares de origen.
Para escapar al embrollo diplomático, ambos mandatarios convinieron en crear una comisión binacional que analizara los aspectos legales del caso.
Pero en junio, Calderón manifestó en mensaje televisado a la nación que "el gobierno de la República ha llegado a la determinación de que no existen las condiciones que permitan otorgar su consentimiento para el traslado de la ciudadana Florence Cassez a Francia, su país de origen".
La preocupación manifestada por México es que Cassez vea disminuida su condena en Francia, en vista de las disposiciones legales de esa nación respecto de una sentencia por secuestro.
Pero antes del periplo mexicano de Sarkozy, Calderón se había comprometido virtualmente a trasladar a Cassez a su terruño, según una carta oficial divulgada por la revista electrónica mexicana Reporte Índigo.
En la misiva, fechada el 6 de febrero, Calderón dejó abierta la puerta para que Cassez retornara a su país una vez agotadas las instancias legales del caso, y "siempre y cuando la señora Cassez Crespin así lo solicite expresamente".
"Seguimos trabajando para encontrar, en el marco del derecho, una solución a la situación de Florence Cassez y seguimos pidiendo que pueda, como lo permite la convención de Estrasburgo, ser transferida a Francia para cumplir su pena", enfatizó esta semana el portavoz de la cancillería francesa, Bernard Valero, en una rueda de prensa.
En el cabildeo intervino, a petición del propio Sarkozy y según versiones periodísticas, la ex senadora colombiana Ingrid Betancourt, rehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entre febrero de 2002 y julio de 2008, cuando fue liberada por un comando del ejército de su país.
La negativa mexicana a apegarse al Convenio de Estrasburgo podría decidir a París a recurrir a la Corte Internacional de Justicia, el más alto tribunal para entender en infracciones al derecho internacional, con sede en la ciudad holandesa de La Haya.
"No sabemos qué hará Francia, tenemos que ver los alcances que tenga su demanda ante La Haya", sostuvo el abogado Acosta.
El libro de Devalpo y Vigna, editado por el sello francés First Editions, aborda también otros expedientes emblemáticos de los defectos del sistema judicial mexicano, como el de la indígena Jacinta Francisco Marcial, quien fue sentenciada en primera instancia a 21 años de reclusión por el secuestro de seis agentes de la AFI en marzo de 2006.
Luego de que la defensa de Francisco Marcial ganó una apelación, la Procuraduría (fiscalía) General resolvió no presentar pruebas contra de Francisco "por una duda razonable" sobre su participación en el secuestro, pero sin reconocer los vicios de procedimiento en el proceso.
Luego de cumplir tres años y un mes de encarcelamiento, Francisco Marcial recuperó la libertad en septiembre.
El proceso penal estuvo plagado de irregularidades, como la no presentación de pruebas, un fallo condenatorio basado exclusivamente en testimonios de los policías, la falta de acceso a un traductor y la negación del derecho a la presunción de inocencia, según varias organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En el libro, "explicamos cómo y por qué las autoridades mexicanas de esta ultima década, con los gobiernos del Partido Acción Nacional de Vicente Fox y Felipe Calderón, han utilizado cuerpos policíacos y la justicia para fines políticos. No hablamos de un error judicial, pero sí de una deriva generalizada del sistema actual", aseguró Devalpo.
Fox asumió la primera magistratura del país en diciembre de 2000 y le entregó el cargo a su correligionario Calderón en diciembre de 2006. El caso Cassez ocurrió en plena campaña para los comicios presidenciales de julio de ese mismo año.
"Este asunto no es sólo un tema grave entre México y Francia. Diría que se trata de la credibilidad de México frente a la comunidad internacional", resaltó el periodista.
A Cassez le queda todavía la posibilidad de presentar un recurso de amparo y su defensa estudia llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
