MÉXICO – Tras 16 años de operaciones, comunidades cercanas a la mina de plata y oro San José del Progreso, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, pueden acreditar su impacto ambiental, como el acaparamiento de agua.
“Hace unos 30 años, todavía el agua estaba a nivel del suelo. Había pozos en los que se podía sacar con cubeta y los más profundos, a unos 10 metros. Con la llegada de la minera, hubo una disminución considerable. Luego se secaron los pozos, especialmente alrededor de San José del Progreso”, relató a IPS Néstor, miembro de la no gubernamental Articulación por la Vida, desde el municipio de San Juan Chilateca, a unos 500 kilómetros al sur de Ciudad de México.
La explotación subterránea, con una concesión de 64 000 hectáreas en el municipio de San José del Progreso y propiedad de la peruana JRC Ingeniería y Construcción, consume unos ocho millones de litros de agua diarios y ha extraído unas 800 toneladas de oro y plata.
Mientras la población toma el recurso de tres pozos en San Juan Chilateca, en el vecino San José del Progreso lo hacen de entre tres y cuatro depósitos, después que la minera construyó una represa para su dotación.
“Es un modelo que no puede sostenerse, porque es demasiado destructivo y muy invasivo para las comunidades. Rompe la cuestión ambiental y la propia vida comunitaria, el tejido social. Hay problemas de contaminación”, denunció Néstor, cuyo nombre completo IPS mantiene en reserva por razones de seguridad.
El pequeño productor agrícola y artesano recordó el derrame de 1,5 millones de litros de relaves mineros sobre un arroyo en 2018 y que contaminó los pozos con metales pesados.
La minera responsable tiene tres permisos de descarga de agua por 52,5 metros cúbicos diarios, otorgados por las autoridades del sector.
La pérdida hídrica ha repercutido en la actividad agrícola de la zona y que solía ser el principal motor. Hoy comparte el rubro con los servicios y el comercio.
“El modelo de minería a gran escala orientado a la exportación requiere de grandes cantidades de agua y energía, hay que considerar que a su vez son actividades que se suelen desarrollar donde escasea el agua. Genera un impacto para comunidades locales y afecta a la biodiversidad. Tiende a afectar el acceso a comunidades cercanas y en algunas situaciones ha afectado actividades como la agricultura”: Leandro Gómez
Los problemas con el agua de San José del Progreso son un ejemplo de una parte poco narrada de la transición energética hacia alternativas menos contaminantes, para abandonar de forma paulatina los combustibles fósiles y reducir emisiones, y que requiere de la electrificación masiva de todas las actividades.
Porque ese “electrificarlo todo” requiere de minerales, como el cobre, la plata, el grafito y las llamadas tierras raras, entre otros, presentes en baterías eléctricas, celdas solares, magnetos y otros dispositivos. Por ejemplo, sin litio no hay baterías eficientes y duraderas. Y esa actividad requiere de grandes volúmenes de agua, lo que ocasiona conflictividad con comunidades indígenas y locales.
Mineral crítico significa cualquier mineral, elemento, sustancia o material que se considera esencial para la seguridad económica y nacional de un país, cuya cadena de suministro es vulnerable y cumple una función clave en la fabricación de una mercancía.
Las materias primas —minerales y metales— que son necesarias para generar energía renovable, producir tecnologías no contaminantes y facilitar la transición hacia formas menos contaminantes
La humanidad está atrapada en esa paradoja y de la que difícilmente saldrá, a pesar de esquemas internacionales voluntarios sobre transición energética justa.
Para graficar la magnitud de la presión sobre América Latina, una región con especialmente altos recursos mineros, la revisión de informes recientes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) son reveladores: la demanda de litio se multiplicaría por 40 para 2040 y la de grafito y cobalto, por 20.
Riesgos
Las empresas pueden perder el recurso que le han quitado a las comunidades, por lo que éstas sufren la llave doble del despojo y la escasez por la sequía ocasionada por la crisis climática.
Un nuevo análisis del Consejo Internacional sobre Minería y Metales (ICCM), con sede en Londres y que agrupa a las mayores mineras del mundo, muestra cómo la falta de líquido y la sequía acechan a proyectos mineros en todo el mundo y que proveen de elementos críticos, como plata, cobre y litio.
Un análisis de IPS de los datos de ICCM halló que, de 692 instalaciones minero-metalúrgicas en la región, 453 presentan riesgo medio o alto (65%), 149, medio; y 304, alto. Chile, México y Cuba tienen las proporciones más altas, mientras Brasil concentra el mayor número absoluto (112).
Las minas albergan materiales como cobre, hierro, litio, oro, plata y zinc, fundamentales para la fabricación de dispositivos para la transición energética, como baterías, sensores, rotores y cátodos.
Leandro Gómez, coordinador del Programa Inversiones y Derechos de la no gubernamental Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina (Farn), señaló a IPS que existe demanda y competencia por un recurso escaso.
“El modelo de minería a gran escala orientado a la exportación requiere de grandes cantidades de agua y energía, hay que considerar que a su vez son actividades que se suelen desarrollar donde escasea el agua. Genera un impacto para comunidades locales y afecta a la biodiversidad. Tiende a afectar el acceso a comunidades cercanas y en algunas situaciones ha afectado actividades como la agricultura”, explicó desde Buenos Aires.
Por ejemplo, en Argentina uno de los proyectos en riesgo es el complejo Muerto Norte, que guarece 1,58 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente, situado cerca del Salar del Hombre Muerto, en la noroccidental provincia de Salta, y propiedad de la fabricante surcoreana de acero Posco.
Comunidades y organizaciones ambientalistas han cuestionado ese emprendimiento por el perjuicio al salar, un ecosistema muy sensible, y la demanda de agua, en una zona donde de por sí escasea el recurso.
Argentina produce unas 50 toneladas de oro anuales y en los primeros cinco meses de 2026 obtuvo 55 682 toneladas de carbonato de litio y otros minerales de litio.
En abril último, el gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei promulgó una reforma a la Ley de Glaciares de 2010, que los protegía como reservas estratégicas de agua, para permitir la minería de cobre y litio en esos ecosistemas.
En Brasil, la mina de niobio Catalao, ubicada en el central estado de Goiás y parte del privado CMOC Group Limited de China, registra amenaza hídrica.
En 2025, la mayor economía latinoamericana desenterró 293,18 millones de toneladas de hierro, 73,63 millones de oro, 56,86 millones de aluminio, 7,06 millones de niobio, 3,56 millones de plata, 2,96 millones de manganeso y 2,31 millones de grafito.
En Chile pasa lo mismo con el complejo cuprífero Chuquicamata, la mayor mina a tajo abierto de cobre del mundo, localizado en el norte andino y donde el agua también falta.
En los primeros cinco meses de 2026, Chile, el mayor productor mundial del mineral, desgajó 2,04 millones de toneladas de cobre.
En México, la mina de cobre El Boleo, situada en el noroccidental estado de Baja California Sur y propiedad de un consorcio de cinco empresas surcoreanas, enfrenta un panorama similar.
Ese activo posee una concesión hídrica por 489 830 metros cúbicos anuales y un permiso de descarga de residuos líquidos de 812 metros cúbicos (m3) al día.
En los primeros cinco meses del año, México extrajó de la tierra 43 943 toneladas de cobre, 362 de plata y cinco de oro.
En el mismo lapso, Perú explotó 1417 toneladas de plata y 54 de oro, mientras Colombia aportó 56 toneladas de oro en 2024.
A toda velocidad
América Latina quiere acelerar el ritmo de las excavadoras para desarrollar los minerales críticos e integrarse a la cadena de valor de tecnologías menos contaminantes.
Bolivia, Argentina y Chile destacan como los países más relevantes en reservas de litio (primero, segundo y cuarto lugar mundiales, respectivamente, según algunas estimaciones). En cobre, Chile y Perú ocupan el primero y tercero sitio. Brasil se sitúa en tercero en depósitos de níquel y de tierras raras, y México, el segundo escalón en fluorita, detrás de China.
Argentina tiene desde 2020 el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero.
Por su lado, Brasil ha definido un marco legal para la minería, desde la estrategia nacional 2011-2030 hasta una iniciativa legal de política de minerales estratégicos y críticos, presentada en 2024.
En 2021, el gobierno de Brasilia estableció la Política Estratégica Pro-Mineral, que abarca 27 materias primas, como aluminio, cobre, litio, níquel y tungsteno.
El gobierno de Colombia presentó en octubre de 2025 el proyecto de “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, que refuerza el control estatal, garantiza respeto a los ecosistemas y protagonismo de comunidades indígenas y mineros artesanales. Desde 2023, el gobierno diseñó una lista de 17 minerales críticos, como cobre, litio, cobalto, níquel y oro.
En enero pasado, Chile publicó la Estrategia Nacional de Minerales Críticos, que enlista el cobre, el litio, el molibdeno, el oro y la plata.
Finalmente, México prepara su estrategia nacional.
Mientras, en febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos organizó una reunión ministerial sobre minerales críticos y a la que asistieron representantes de ocho países latinoamericanos. Así, la región se coloca en el eje energético de Estados Unidos, que quiere cerrar la brecha de dominio mineral y tecnológico con China.
El gobierno estadounidense firmó acuerdos bilaterales con Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, y acordó con México la elaboración de un Plan de Acción de Minerales Críticos.
En otro carril, han surgido iniciativas multilaterales para establecer un marco de gobernanza de los minerales críticos que incluya el respeto ambiental y de los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales.
En 2024, el Grupo sobre Minerales Críticos de la Transición Energética del Secretario General de la ONU emitió siete principios voluntarios, entre ellos los derechos humanos en el centro de todas las cadenas de valor minerales y la protección para la integridad del planeta, su ambiente y biodiversidad.
Además, el Programa de Trabajo de Emiratos Árabes Unidos sobre Transición Justa, surgido en la cumbre climática de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) en 2023 y adoptado en la cumbre de noviembre de 2025 en la ciudad brasileña de Belém do Pará, estipula “la importancia de vías de transición justas” que cumplan la observancia de derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales y afrodescendientes.
Pero la retórica internacional choca con las realidades en los territorios en torno a la central pregunta de con cuál agua va a avanzar la urgente transición.
En México, la minería consumió 2430 millones de metros cúbicos (m3) anuales en 2023, en Brasil, 33 m3/s diarios en ese mismo año; en Colombia, 660 millones de m3 anuales en 2022 y en Perú, unos 270 millones de m3 anuales en 2024. En Chile, la obtención de cobre requirió unos 18 m3/s en 2024.
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En sitios como el mexicano de San Juan Chilateca, la visión no pasa precisamente por autos y autobuses eléctricos, aunque de esas comunidades salen los minerales que alimentan los sueños verdes de las urbes.
“Tenemos un sistema que nos ha alimentado durante miles de años que es sostenible, tenemos formas de vida sostenibles. Lo que está en el debate planetario es buscar la forma de sostener un modelo que no es sostenible, somos víctimas del modelo. Se debe trabajar como comunidades afectadas, que se respete la autonomía y la libre autodeterminación de los pueblos. Con eso sería suficiente para nosotros, que decidamos si es necesario”, pidió Néstor.
Para el argentino Gómez, es necesaria una decisión política global para aplicar los principios, ante una carrera geopolítica que presionara más a los tomadores de decisiones y a las comunidades y que se traduce en violación de derechos.
“La prioridad está puesta en la carrera, sin prestar atención en los derechos y los límites planetarios. Se siguen autorizando los proyectos con una mirada sin considerar los distintos impactos. La mayoría de los países se encuentran en una situación similar, con sus variantes políticas. Hay una tendencia a la flexibilización normativa frente a estándares ambientales”, señaló.
ED: EG
