Después de 10 años de esperar la entrega definitiva de la parcela que ocupan y trabajan, 35 familias de Resende, en el sudoriental estado brasileño de Río de Janeiro, se unen a la gran movilización del MST que reclama en Brasilia una reforma agraria efectiva y recursos para producir.
"Llegaremos a viejos, pero resistiremos", comenta a IPS Laurindo, quien alguna vez dejó la favela (barrio pobre y hacinado de las ciudades) donde vivía por no tener empleo y consecuentemente no poder alimentarse ni acceder a servicios de salud y escapando de la violencia ciudadana.
Por lo menos ahora no le falta comida. Con su mujer y sus dos hijos -otros dos murieron— produce para la supervivencia familiar, desde miel a bananas. También tiene gallinas y algunas vacas lecheras.
Como otras familias del campamento, Laurindo vende el excedente de la producción en una ciudad vecina, a donde llegan diariamente, cruzando un río en botes construidos por otro vecino. Para complementar la alimentación familiar practican el trueque con otros acampados.
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"Depender de otros, nunca más. Ahora yo soy mi propio patrón", dice este campesino adoptivo que complementa su ingreso familiar con algunos trabajos como el de albañil. Pero, aclara, por "cuenta propia".
Laurindo, al igual que Osvaldo Cutis, maestro y portavoz de Terra Libre, comparten los objetivos del campamento del MST, que del 10 al 19 de este mes moviliza a unos 3.000 de sus activistas en Brasilia.
Con la movilización en el centro del poder político del país mediante marchas, debates, actos culturales y otras actividades, el MST busca presionar al gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva para que entregue tierras en seis meses a por lo menos 90.000 familias acampadas en el país desde 2003, muchas de ellas en condiciones precarias a la orilla de los caminos.
La organización campesina, que según resume Cutis a IPS ocupa tierras desde hace 25 años "para que se cumpla la ley", también busca mejorar las condiciones de otras 45.000 familias "asentadas sólo en el papel", "pasando necesidades", porque todavía esperan recursos para vivienda, infraestructura y producción, asegura.
En el campamento Tierra Libre lo sufren en carne propia. El estatal Instituto de reforma Agraria (Incra) no les otorgue legalmente la tierra donde viven de "forma temporaria" desde hace una década a causa de trabas burocráticas, interminables sucesiones hereditarias y por desacuerdos de valores de expropiación en la justicia.
Tierra Libre abarca unas 460 hectáreas de una antigua hacienda considerada improductiva por los parámetros oficiales, establecidos en la norma de reforma agraria, y con deudas laborales equivalentes a un millón de dólares de la época en que aún no había sido ocupada.
El problema es que hasta que no se les conceda legalmente la tierra no reciben ayuda del Incra en créditos y herramientas, un beneficio que según el MST tampoco tienen muchas de las familias ya asentadas por el gobierno de modo formal.
"Es difícil convencer a algunos compañeros a invertir esfuerzos y trabajo en una tierra de la que tal vez mañana tengan que salir", reflexiona Cutis.
La escuela del campamento, los computadores, la cocina, la huerta comunitaria y otros pequeños logros los consiguieron gracias a esfuerzos y gestiones personales frente a gobiernos locales o instituciones financieras públicas. Otras veces por la cooperación internacional y la buena voluntad de simpatizantes del movimiento.
Por eso otro de los objetivos de la movilización de Brasilia es la ampliación de créditos para la reforma agraria. Según el MST, hasta ahora apenas 40.000 casas fueron construidas con crédito público. Además, debido a la crisis financiera internacional, este año el gobierno cortó por la mitad su presupuesto para la reforma agraria.
Roberto Kiel, presidente en ejercicio del Incra, admite que, una vez otorgada la tierra, a veces la ayuda para trabajarla no llega de forma inmediata, un problema que atribuye a los complejos vericuetos del proceso de asentamiento que se realiza en "ciclos anuales".
En entrevista con IPS, Kiel recuerda que tan solo en 2008 el gobierno legalizó la situación de 70.000 familias ocupantes, la mayoría en el último semestre del año, lo cual "hace obvio que a veces pasen un año con nada más que la tierra", y que siempre haya quien "este esperando en la fila".
"En todo el proceso no podemos hacer un asentamiento de la noche para el día", justifica el funcionario al explicar las demoras de la "la implementación de infraestructura y crédito" para la producción agropecuaria de los campesinos ocupantes.
Sin embargo, destaca que cuando destinan tierras públicas para legalizar asentamientos, aún ocupadas por comunidades originales, ello viene acompañado de "todo el proceso de desarrollo", es decir asistencia técnica para la construcción de viviendas, para obras de saneamiento, y para otros servicios básicos como electrificación.
El Incra afirma que de 2003 a 2008, durante la gestión de Lula, se legalizó la tenencia de tierras para 519.000 familias, 59 por ciento del número total de asentados formalmente en toda la historia de Brasil, con la entrega de 43 millones de hectáreas.
Asegura, además, que de 2003 a 2009 destinó en créditos a esos campesinos casi 4.352 millones de reales (2.380 millones de dólares).
Kiel justificó también la demora en actualizar -desde 1975— los índices oficiales de improductividad, utilizados oficialmente como parámetro para expropiar un inmueble rural, que deberían, legalmente y por acuerdos firmados, ser actualizado cada cinco años.
Una demora que atribuyó a la "complejidad" de ese proceso, que es "muy difícil", porque aun siendo un tema con "base científica", a veces "se reviste de una ideología y dificulta la toma de decisiones", explicó.
"Sólo es una cuestión de tiempo", anticipó al asegurar que "Lula no dejará esa decisión para el próximo gobierno".
Kiel dice también que el gobierno ha invertido más recursos en agricultura familiar que empresarial. Y asegura que, en el marco de la política agrícola, el mercado interno es "una prioridad", porque "primero tenemos que comer en Brasil", y sólo en segundo lugar el gobierno estimula la exportación del "excedente".
El MST rebate esa afirmación. Según Marina dos Santos, de la dirección nacional del MST, el gobierno de Lula priorizó el gran negocio agropecuario, como la caña de azúcar, café, naranja, algodón o la ganadería extensiva, con mira a la exportación en detrimento de la reforma agraria.
Joao Pedro Stedile, economista y también miembro de la coordinación nacional del MST, observa que ese modelo fue implantado a partir de los años 90 de forma "totalmente dependiente" de los intereses del capital financiero y de las empresas transnacionales.
Conglomerados extranjeros que, según dice en un artículo publicado por el diario Folha de São Paulo, "pasan a controlar el mercado con la garantía de compra de las materias primas, imponiendo los precios".
"La mayor parte de la producción se destina al mercado externo y, por tener que repartir el lucro, los hacendados buscan aumentar la escala, concentrando todavía más la tierra y la producción", y elevando la utilización de prácticas no sustentables como el uso de agrotóxicos, advierte.
El MST considera asimismo que el gobierno se concentró en el proceso de regularización de las propiedades agropecuarias que, aunque considera importante, "no puede ser llamada reforma agraria porque no democratiza, no cambia la estructura de tenencia" de tierras.
Cutis destaca que una reforma agraria verdadera resolvería además otros problemas graves de Brasil como el desempleo urbano. Muchos como él en el movimiento, son ex campesinos que en el pasado emigraron a la gran ciudad en busca de trabajo.
Después de perder el empleo y sin perspectivas, Curtis se unió al MST para volver al campo que ahora no quiere abandonar nunca más en un proceso que califica como de "rescate de dignidad de las personas". Pero admite que para tener la tierra "hay que seguir luchando siempre".
