En un sorprendente giro, el gobierno de Gran Bretaña reconoció haber participado en la «entrega extraordinaria» de dos prisioneros capturados en Iraq a una base militar estadounidense en Afganistán.
El secretario (ministro) de Defensa John Hutton informó a la Cámara de los Comunes (cámara baja del parlamento) sobre la captura de los dos hombres por fuerzas británicas, que los trasladaron a un centro de detención de Estados Unidos en Iraq y luego a otro en Afganistán.
Su admisión contradice afirmaciones anteriores del gobierno, según las cuales sólo estuvo involucrado en dos casos de "entrega extraordinaria" ("extraordinary rendition"), mecanismo por el cual Estados Unidos trasladaba a personas que no podían ser legalmente arrestadas en ese país hacia otros dispuestos a usar tratamientos inhumanos contra ellos
Los casos antes admitidos se referían al territorio británico de Diego García, isla del océano Índico usada en dos ocasiones por Estados Unidos como escala en un vuelo de traslado de prisioneros por la "guerra contra el terrorismo".
Hutton pidió disculpas a los legisladores por el error. "Lamento que mi departamento haya aportado información inexacta sobre este asunto a la Cámara, como queda claro ahora", dijo. "Debo destacar que los datos se basaban sobre información disponible entonces."
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Las autoridades de Estados Unidos negaron haber usado la isla de Diego García, pero luego reconocieron haber engañado a sus contrapartes británicas.
El secretario de Relaciones Exteriores (canciller) británico David Miliband informó después que Washington estudió una lista de 391 vuelos, elaborados por organizaciones de derechos humanos y legisladores, y que no detectó en ella ningún otro caso de "entrega extraordinaria".
Hutton informó a los legisladores que los dos prisioneros aún están en Afganistán, y que representantes estadounidenses les aseguraron que se encuentran "en un ambiente humano y seguro".
Pero no se sabe si ese lugar es la cárcel militar en la base aérea de Bagram, cerca de Kabul, donde están recluidos 600 prisioneros y que, según activistas de derechos humanos, es la Guantánamo de Afganistán.
Según ellos, allí languidecen, sometidos a tortura y otros abusos, muchos sospechosos de "terrorismo" sin ser judicialmente acusados y sin acceso a asesoramiento legal.
La revelación de Hutton se registró mientras transcurre un escándalo por las demandas de Binyam Mohamed, arrestado en Pakistán en 2002, contra una empresa subsidiaria de la compañía de aviación Boeing Corporation, presentadas en Estados Unidos y en Gran Bretaña.
Mohamed, ciudadano británico que hasta el lunes estuvo prisionero en Guantánamo, acusa a la firma Jeppesen Dataplan por brindarle a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) apoyo logístico para los aviones que usó en su traslado.
Según su testimonio, fue detenido en Pakistán, trasladado a Marruecos, luego a Bagram y por último a Guantánamo, donde llegó a realizar huelga de hambre. Regresó desde allí a Gran Bretaña desde Guantánamo sin que se presentaran cargos contra él.
El caso tuvo gran repercusión en Londres, dada la ciudadanía británica de la víctima, y ocasionó un conflicto entre el Departamento de Estado (cancillería) estadounidense y el Departamento de Relaciones Exteriores británico.
La Corte Suprema británica dejó en reserva siete párrafos de una sentencia en un caso presentado por defensores de Mohamed y que daban crédito a las torturas que el demandante asegura haber sufrido.
El tribunal explicó que el Departamento de Estado de Estados Unidos había amenazado, en una carta enviada a la Departamento de Relaciones Exteriores británico, con reconsiderar la cooperación bilateral en inteligencia.
Pero los magistrados expresaron su malestar porque Washington procurara eliminar evidencia "relevante sobre acusaciones de tortura y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, por más políticamente embarazosa que fuera".
Políticos de la oposición en Gran Bretaña alegaron que Estados Unidos había amenazado con dejar de compartir información de inteligencia si se hacían públicos los documentos. Milliband negó que hubiera ninguna amenaza.
El abogado de Mohamed en el caso estadounidense, Steven Watt, de la Unión para las Libertades Civiles (ACLU), dijo a IPS: "Es hora de que Londres admita todo. Las novedades sobre la complicidad de Gran Bretaña con la CIA se han filtrado lentamente durante años. Sabemos más que suficiente como para concluir que los británicos jugaron su papel."
"Ambos países tratan aún de mantener esta información en secreto, para evitar el daño político o para encubrir violaciones de derechos humanos", agregó.
El flamante director de la CIA, Leon Panetta, dijo el miércoles que el presidente Barack Obama podría limitar la lista de países a los que Estados Unidos envía a supuestos "terroristas" a aquellos con buenos antecedentes en materia de derechos humanos.
Además, aseguró, las entregas deberían ser a países con un interés legal legítimo en los prisioneros, como aquellos de los que son ciudadanos o donde tienen demandas pendientes.
La Casa Blanca se encuentra revisando la política de "entregas extraordinarias". Panetta dijo no creer que fueran a transferirse más prisioneros a la base de Guantánamo este año.
En su primera semana al frente de la presidencia, Obama ordenó el cierre de ese centro de reclusión en un plazo de un año, pero aún no se sabe el destino que correrán los 250 prisioneros allí confinados.
Apenas un puñado de ellos han sido acusados de algún delito, y los juicios al respecto se han suspendido mientras el gobierno revisa sus opciones al respecto.
