Las presiones de la presidencia de la Comisión Europea no han logrado impulsar los transgénicos. Pese al poder del órgano ejecutivo del bloque, los países de la UE van gradualmente desistiendo de estos cultivos.
Esto se debe en gran medida a las dificultades para convencer a los agricultores europeos de este modelo impulsado por grandes trasnacionales de la industria agroalimentaria, pero también a las crecientes protestas de la sociedad civil, que reclaman a los gobiernos un papel activo, según una experta entrevistada por IPS.
Los organismos genéticamente modificados (OGM), comúnmente llamados transgénicos, son variedades obtenidas en laboratorio, mediante la introducción de genes de otras especies, animales o vegetales con el fin de mejorar propiedades u otorgar resistencia a factores externos. Para la alteración genética se utilizan vectores, como virus o bacterias.
En España y Portugal, dos bastiones de la producción de maíz transgénico con las mayores áreas plantadas en la UE (Unión Europea), se comienza a cuestionar las bondades de la siembra y cosecha de estas variedades del cultivo originario de América, donde fue alimento básico de varias culturas aborígenes.
En Europa, el maíz demoró en entrar, debido a su presencia en las zonas americanas dominadas por los españoles, quienes durante la era de la católica Santa Inquisición, consideraban que no se debía comer alimentos de los indígenas, porque éstos no eran "hijos de Dios".
Muy utilizado hoy como ración para animales de cría, el maíz ha sido objeto de una fuerte polémica incluso dentro de la Comisión de la UE.
Por una parte, el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, promueve elevar significativamente la producción de maíz transgénico en el espacio comunitario, a pesar de la oposición del comisario europeo de Ambiente, Stavros Dimas.
En octubre de 2007, Dimas propuso a los restantes miembros del Ejecutivo del bloque de 27 países, prohibir el cultivo de las variedades transgénicas Bt-11 y 1507, debido a evidencias científicas sobre su impacto ambiental negativo.
"Sin embargo, el sentir mayoritario en la Comisión es a favor de los OGM, y la decisión final ha sido postergada dos veces al no existir consenso", explicó a IPS la bióloga portuguesa Margarida Silva, coordinadora nacional de la Plataforma Transgénicos Fuera, integrada por 12 organizaciones no gubernamentales portuguesas del área del ambiente y la agricultura, asociada a sus congéneres del bloque.
Durão Barroso intentó convencer a Dimas de que levantara su objeción en abril de este año, al tiempo de pedir una evaluación a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, "con el propósito de retirar legitimidad a la propuesta del comisario", describió la bióloga y catedrática universitaria.
"No es mucho lo que los europeos podemos hacer, pero la fuerza de los números continúa jugando a nuestro favor, y con ellos podemos fortalecer a Stavros Dimas", aseveró.
Silva explicó que "en la sociedad civil de toda Europa está creciendo el movimiento contra los transgénicos, ya prohibidos en varios países".
Las políticas de la UE en la materia se basan en la Regulación 1829 sobre alimentos y raciones genéticamente modificadas, adoptada en 2003, y en la Directiva 18 de 2001, sobre la liberación deliberada de transgénicos al ambiente. De acuerdo con esa normativa, el cultivo y consumo de OGM sólo puede ser autorizado luego de una "rigurosa evaluación de sus riesgos".
El estudio de riesgos para la salud humana y animal es responsabilidad de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Pero la autorización de los OGM depende en última instancia de los países del bloque.
En el centro de la polémica está el maíz, uno de los cuatro alimentos básicos de la humanidad, junto al arroz, el trigo y la papa, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y que tiene una producción de 677 millones de toneladas por año, destinada en su mayoría a la alimentación animal.
Del total de la producción mundial, el continente americano responde por 58 por ciento, buena parte de Estados Unidos, cuna de los OGM.
Estados Unidos es el primer productor, con casi la mitad del volumen mundial. Sus siembras insumen grandes cantidades de fertilizantes y herbicidas e incorporan variedades híbridas y transgénicas.
Los críticos como Silva recuerdan que ya fue probado que la abundante cantidad de herbicidas usados en plantaciones transgénicas contaminan los suelos, y la diversidad de especies está también en riesgo.
Los detractores explican asimismo que los granos genéticamente modificados desarrollan inmunidad, exigiendo dosis más fuertes de agroquímicos, perjudicando el ambiente y conduciendo a una uniformización de las semillas, que tendrán cada vez más las mismas características.
También rebaten el argumento de que las siembras transgénicas, por su gran productividad, pueden colaborar a elevar la producción de alimentos y acabar con el hambre en el mundo.
"El interés no es ése, sino más bien basado en los grandes agronegocios de exportación, actualmente inclinados hacia la industria transgénica", dijo Silva.
Los defensores de la opción transgénica aseveran que no hay otra salida ante la duplicación de la población mundial en los próximos 40 años, que obligará a incrementar los alimentos en cerca de 250 por ciento.
En la Península Ibérica existe un vasto movimiento unificado para obtener una moratoria al cultivo de transgénicos, siguiendo la decisión adoptada en marzo por el gobierno de Francia apelando a la llamada "cláusula de salvaguardia", que permite a los miembros de la UE pasar por alto una directiva comunitaria.
Silva recordó que París basó su decisión "en un conjunto de 25 estudios científicos que apuntan a la existencia de riesgos para el ambiente, para la agricultura y para la salud humana cuando es usada la variedad de maíz genéticamente modificado".
En Portugal, Silva citó el ejemplo de la región meridional de Alentejo, que comprende un tercio de los 92.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional, donde "la mitad de las haciendas abandonaron el cultivo de transgénicos".
Los agricultores prefieren "tecnologías y prácticas más eficaces, que presenten menos riesgos para el ambiente, para la salud humana y para su propia economía", aseveró.
Si bien, "contrariando la ley, el Ministerio de Agricultura insiste en no divulgar datos, el cuadro portugués apunta hacia un ciclo de experimentación y posterior abandono de los cultivos transgénicos por una cantidad significativa de agricultores", sostuvo.
Esa tendencia "es consecuente con un estudio de la UE recientemente divulgado, en el que de tres regiones españolas estudiadas, el cultivo de maíz transgénico no propiciaba ninguna ventaja económica a los productores de dos de ellas", dijo Silva.
La bióloga recordó que la experimentación de los transgénicos en la Península Ibérica ha estado desde 2005 a cargo principalmente de Pioneer Hi-Bred International, la compañía de semillas del grupo estadounidense DuPont, y de la corporación suiza Syngenta, "empresas con un amplio historial de contaminación de la agricultura europea".
Además de Portugal, los experimentos de estas trasnacionales "ya afectaron a agricultores en Alemania, Austria, Croacia, Eslovenia, España e Italia", acotó.
Cuando Francia, Hungría y Polonia, principales productores europeos de cereales, prohíben el cultivo de maíz transgénico en sus territorios y Alemania está en camino de hacerlo, los países ibéricos deberían tomar el mismo rumbo, recomendó.
Silva fustigó la autorización por tres años otorgada por el gobierno portugués a las dos transnacionales, que se asociaron para experimentar en las comarcas de Monforte y Rio Maior, en el centro del país, y en Ponte da Barca, en el extremo norte.
La luz verde a Syngenta y Pioneer "no tiene sentido económico, es inmoral y pone en causa toda la imagen verde y natural de esos concejos municipales y sus respectivos potenciales turísticos, con una aprobación cuyo objetivo es aplicar más herbicidas en un país que ya sufre el exceso de consumo de agroquímicos", opinó Silva.
