Un fuerte rechazo al endurecimiento de la política inmigratoria de la Unión Europea (UE) expresaron este martes de forma unánime los presidentes del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de países asociados, reunidos en Argentina.
Convocados en la noroccidental ciudad argentina de San Miguel de Tucumán para su encuentro semestral, los negociadores avanzaron en sesiones previas en la agenda de integración, mientras la cumbre hizo hincapié en la crisis global de alimentos y en la nueva política restrictiva de la UE hacia los extranjeros indocumentados.
Entre otras medidas resueltas en esta instancia, se destaca la habilitación para viajar por América del Sur, excepto Guyana y Suriname, sin necesidad de pasaporte, presentando en las fronteras sólo el documento de identidad nacional. La medida avanza en la facilitación del movimiento de personas, en contraposición a la actitud restrictiva de la UE.
En la capital de la provincia de Tucumán estuvieron presentes los cuatro mandatarios de los países miembros plenos del bloque, la anfitriona Cristina Fernández, Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, Nicanor Duarte, de Paraguay, Tabaré Vázquez, de Uruguay, y Hugo Chávez, de Venezuela, estado en proceso de adhesión total.
En representación de los países asociados participaron la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, su homólogo de Bolivia, Evo Morales, y los cancilleres José García, de Perú, y María Isabel Salvador, de Ecuador. Por su parte México, aún en carácter de observador, envió a su ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa.
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La XXXV Cumbre del Mercosur emitió una declaración contra la llamada "Directiva de Retorno". El texto, que originariamente sólo señalaba la "profunda preocupación", fue cambiado a último momento para incorporar, a sugerencia de Morales, en el primer párrafo el término "rechazo".
En el documento se indica expresamente que los gobierno de la región "lamentan" que países europeos que en el pasado generadores de corrientes emigratorias "no reconozcan ahora, en base al principio de reciprocidad histórica, la responsabilidad compartida entre estados de origen, tránsito y destino" de esos flujos.
Los gobernantes remarcaron el "valioso aporte" de los emigrantes al desarrollo de los países en que residen y recomendaron "políticas inclusivas amplias" con su participación. También rechazaron "cualquier intento de criminalización" de los extranjeros que viven en la UE sin la documentación requerida.
La directiva aprobada el 18 de junio por el Parlamento Europeo, para la cual hay un plazo de dos años para su adecuación nacional, autoriza a los gobiernos del bloque a detener a inmigrantes indocumentados sólo con una orden administrativa y mantenerlos en esa situación hasta 18 meses, mientras se tramita su expulsión.
Finalmente, en Tucumán se subrayó la importancia de que países industrializados adopten políticas que eviten las asimetrías económicas que son causa de la emigración del Sur en desarrollo.
En ese marco, se condenaron los "multimillonarios subsidios (del Norte a su agricultura) que distorsionan la competitividad" y la falta de apertura de la UE a productos de países emergentes.
"El viento frío de la xenofobia sopla otra vez con falsas respuestas a los desafíos de la economía y la sociedad", dijo con énfasis Lula, al asumir la presidencia temporaria del bloque por los próximos seis meses de manos de Fernández, en alusión a la controvertida norma europea.
La mandataria argentina, por su parte, consideró "inadmisible" la directiva, y Bachelet entiende que "puede lesionar gravemente los derechos humanos de los inmigrantes" por el trato "denigratorio" que está previsto en esa disposición del Parlamento Europeo, en la que se indica que hasta los inmigrantes niños y adolescentes pueden ser deportados a terceros países.
Vázquez apuntó, a su turno, que "nadie emigra por placer, sino por necesidad", y recordó la época en que los europeos vinieron a América. "Yo soy nieto de gallegos (región española), de franceses e italianos" que fueron recibidos "con los brazos abiertos" en todos los países de la región.
Más severa fue la reacción de Morales, el primer presidente indígena que tiene Bolivia en su historia pese a que la mayoría de la población del país es de ese origen.
"Decían que los indios no teníamos alma", recordó aludiendo al debate que se generó en Europa tras el descubrimiento de América. "¿dónde está el alma de los europeos?", se preguntó, y exhortó a sus pares a "rechazar" la normativa.
El más "radical", como él mismo se definió, fue Chávez, quien propuso pasar de las palabras a la acción y hasta pensar en declarar el "retorno" de las inversiones europeas en la región.
Para Chávez, la directiva "legaliza la barbarie". "Hay que llamar a la reflexión a los europeos", dijo. "Ya tenemos un muro de la vergüenza en México", remarcó en alusión al que Estados Unidos levantó en la frontera común. "A los europeos les costaría mucho más porque tendrán que hacerlo en el océano Atlántico", ironizó.
Todos los presidentes coincidieron en la necesidad de impulsar "un diálogo" con los gobiernos europeos para que retrocedan en la decisión adoptada por el Parlamento de ese bloque.
La dura declaración de los países sudamericanos está a tono con la decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que también integran estos gobiernos, de enviar una misión especial de alto nivel a Europa para presionar por un cambio de actitud.
La delegación de la OEA, encabezada por su secretario general, el chileno José Miguel Insulza, tiene como mandato obtener información y "buscar soluciones prácticas a través del diálogo a las inquietudes expresadas" por sus representantes, según expresa la declaración del foro continental resuelta el 26 de junio en Washington.
